Grecia, primero; Portugal, después

En la próxima cumbre (abril) de la CEE (Copenhague) se decidirá, probablemente, la fecha de entrada de Grecia en la Comunidad. Grecia pide que sea enero de 1980; posiblemente la Comunidad la fijará para el principio de 1981, porque es cuando se renueva su Comisión Ejecutiva y, de esta forma, no habrá de cambiarla dos veces. Dentro de este calendario, Grecia firmará normalmente su tratado de adhesión en el verano u otoño de 1979 y los otros parlamentos tendría casi año y medio para ratificarlo antes de la entrada formal acordada de 1981.No es probable que Portugal se integre al mismo tiempo, porque Grecia tiene un convenio de asociaciones desde 1962 y solicitó la adhesión en 1975 (dos años antes que Portugal), y la Comunidad, que desea retrasar la entrada de los tres solicitantes sureños (Grecia, Portugal y España), recurrirá al procedimiento de negociar una a una las solicitudes y en el orden de presentación.

Tampoco es probable que España entre antes, ni al mismo tiempo, que Portugal, en la Comunidad, salvo que cambiemos totalmente de política económica y de política exterior, porque cabalgan en contra nuestra no sólo argumentos formales, como ha explicado en su reciente visita Lorenzo Natali, sino de fondo.

En nuestra postura actual, lo más probable es que hayamos de aceptar la recomendación que Edgar Faure hizo en la Comisión de Exteriores del Congreso: constituir parte del Parlamento Europeo inmediatamente y esperar (fase interina, de «preadhesión») mientras negociamos nuestro tratado de Adhesión (a iniciar después de que se redacte el Dictamen), para ingresar formalmente (firma y ratificación del tratado) en la Comunidad, alrededor de 1983 ó 1985. Posteriormente, habremos de consumir un año más, al menos, en la fase de «consulta previa» y, de cinco a diez, en la de «transición», para aplicar íntegramente el tratado.

En otras palabras, si queremos quemar etapas para entrar en la Comunidad, y es imprescindible hacerlo si deseamos estabilizar el país, la democracia y la Corona, hay que arrinconar el voluntarismo y adaptarse pragmáticamente a las políticas que, con el realismo que pervaden las relaciones económicas y políticas internacionales, debe formular Europa para hacer frente a su propia problemática.

Europa está sometida hoy a una doble amenaza, económica y estratégica, al menos tan profunda, aunque no tan crítica, como las más graves que ha sufrido en su historia reciente.

El desequilibrio creciente y preocupante de la NATO frente al Pacto de Varsovia, sólo se compensará a mediados de la próxima década, cuando se establezca operacionalmente la bomba de neutrones. El desorden económico, social y político acelerado que produce el paro generalizado y creciente, sólo se cancelará cuando, a partir de 1985, Europa comience a liberarse de los efectos del chantage energético.

En estas condiciones, es totalmente coherente que Europa trate de minimizar el efecto desestabilizante adicional que supone la adhesión de miembros todavía más inestables.

Es lógico que intente retrasar la entrada de países emigratorios con paro creciente hasta que pueda absorber el propio, en la primera parte de la próxima década. Es racional que dé entrada primero a los que menos emigrantes puedan originar. Y es consecuente, adicionalmente, que dentro de ellos de prioridad a los que ya pertenecen a la NATO.

Finalmente, como estas preferencias reales, coinciden con las formales (de: negociación previa y detallada de las condiciones de entrada, reformulación causada de la constitución de su órgano ejecutivo y de unas normas de decisión y procedimiento de admisión individual y por orden de solicitud), es diplomático que utilicen los argumentos procesales en lugar de los reales.

Por nuestra parte, ante esta situación, si queremos acortar los plazos de entrada en Europa, tenemos que revisar totalmente nuestra política exterior, nuestra política económica y acomodarlas a las europeas.

Tenemos que frenar el crecimiento acelerado del paro (que puede llegar al millón quinientos mil parados, según prevén los europeos), que genera la demagógica y suicida política de rentas actual. Para ello, tenemos que sustituirla por otra que fomente el ahorro y la inversión y siga una política sectorial de utilización de los recursos de inversión en actividades de bajo contenido de capital y alto de empleo, bajo contenido de energía, alto contenido de exportaciones y bajo contenido de importaciones, cuyos principios he recomendado insistentemente desde 1974 y que, en su aspecto industrial, ha formulado el Ministro de Industria ante el Congreso.

Tenemos que completar la excelente política exterior de relaciones públicas del Rey y del presidente, que se torna estéril porque no va acompañada de una gestión económica, militar y cultural idóneas con una de actuación efectiva en todas estas áreas. Tenemos que liberar nuestros recursos diplomáticos entrampados pesada y consuntivamente en una defensa pasiva ante chantages de países de tercer nivel, pasando a una estrategia activa y ágil, y dedicarlos al estudio de nuestra integración acelerada y efectiva, en la Nato, en las organizaciones económicas, financieras y culturales internacionales, públicas y privadas.