Proyecto de ley para controlar a los espías norteamericanos

El Comité de Inteligencia del Senado norteamericano presentó ayer un proyecto de ley destinado a controlar las actividades de los servicios secretos. En esta especie de código de conducta de los espías se prohiben los asesinatos políticos, se reducen las operaciones clandestinas en el extranjero y se protegen los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos frente a sus propios servicios de espionaje.El proyecto de ley ocupa doscientos folios y deberá ser aprobado por el Congreso, aunque se espera que las discusiones sobre el mismo duren cerca de un año. El presidente del Comité de Inteligencia, senador Birch Bayh, declaró a los periodistas que, en su opinión, el proyecto de carta del espionaje permite a los servicios secretos recoger datos sobre potencias extranjeras y sobre el terrorismo internacional, pero sin violar los derechos constitucionales.

Quizá el artículo más destacable del proyecto de ley es el que prohíbe a los servicios de espionaje que actúen en el extranjero «cometer acciones como asesinato, terrorismo, tortura, destrucción masiva de propiedades, creación de cortes en el suministro de agua o alimentos, creación de epidemias, derrocamiento de Gobiernos democráticos o apoyo a acciones que violen los derechos humanos, efectuadas por los servicios de seguridad o de espionaje de países extranjeros».

Ni periodistas, ni sacerdotes

Según explicó un portavoz del Comité de Inteligencia, el proyecto de ley no prohíbe a los servicios secretos norteamericanos intervenir en el derrocamiento de regímenes considerados como no democráticos. En cuanto a la contratación de periodistas y sacerdotes por el espionaje norteamericano, la futura ley prohíbe que se pague a aquéllos, pero no el que puedan colaborar voluntariamente con los grupos de inteligencia.

El paquete de medidas legales será aplicable a todos estos grupos, desde la CIA hasta la Agencia Nacional de Seguridad, pasando por la sección de espionaje del FBI y los servicios secretos del Pentágono. El proyecto de ley prevé la creación de un director de la «comunidad de espionaje», que tendrá plenos poderes sobre el presupuesto dedicado a estas actividades, cuyo volumen se mantiene en secreto.

A nivel interior, el proyecto de ley dispone que para someter a un ciudadano norteamericano a vigilancia electrónica será necesaria la autorización previa de un juez federal. La misma restricción se aplica a la violación de correspondencia y al allanamiento de morada, aunque, en casos que afecten a la seguridad nacional de forma importante, será el ministro de Justicia quien pueda dar la autorización, sin intervención de un tribunal.

Este proyecto de ley, que es el resultado de varios años de estudios por el Senado, después que se descubrieran abusos y delitos cometidos por el espionaje norteamericano, prevé también la imposición de sanciones, que oscilan desde multa de mil dólares y un año de cárcel hasta multa de 50.000 dólares y cinco años de prisión, según la gravedad del delito cometido.