Empresarios y democracia

Diputado del PSOE por MadridEn una reciente intervención en el Club Siglo XXI el presidente de la CEOE, don Carlos Ferrer Salat, ha reiterado una afirmación importante: para salir de la actual crisis, hay que «asentar, clarificar y respetar el sistema democrático, y en forma tal que cada partido político realice la función que ejercen sus homólogos europeos». No hace falta ser un iniciado en el lenguaje político para comprender que la segunda parte de la afirmación va dirigida básicamente a la UCD, y tratándose de un catalán, a Convergencia Democrática de Cataluña. Pero lo que interesa ahora es centrarse en la primera afirmación.

Los empresarios están en plena campaña, haciendo organización y tratando de hacer imagen pública. Ello es lógico dentro del proceso político y social del país. Tiene el inconveniente de desfase: los partidos están en período postelectoral -es decir, en el momento de asumir responsabilidades, de medir lo prometido con la realidad mientras que se está viviendo en todo el sistema productivo una situación electoral. En los sindicatos obreros, las elecciones; en el campo empresarial, el momento corresponde a lo que en la jerga política se puede llamar- «¡mplantación» o «captación». Para ello, lo que hay es una campaña sistemática y bien planificada de reclutamiento de miembros y simpatizantes, al tiempo que se hace una, política de «movilización de masas».

Por paradójico que parezca, el medio escogido es el asambleísmo, algo que está en las antípodas de la concepción que han tenido hasta ahora del orden interno en su propia casa. La operación se inició con el mitin del Palau Blau Grana, en Barcelona, y time su culmen anunciado en la «Convocatoria Nacional de Afirmación Empresarial» anunciada para el 5 de febrero en el Palacio de Deportes de Madrid.

No voy a caer en la fácil crítica del procedimiento utilizado. Es clásico el comentario: «la gente del mismo negocio raras veces se reúne aún para alegría y diversión, pero la conversación termina siempre en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para elevar los precios». La cita no es de Carlos Marx, proviene de un filósofo moral inglés, Adam Smith, reconocido como padre del liberalismo económico, de su obra «Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones». El temor no va por el hecho de la reunión en sí, después del esfuerzo que hemos realizado los socialistas para conquistar este derecho, sino porque es de esperar que los que han asumido presentarse como portavoces del empresariado deben de explicarnos claramente cómo se están organizando, para qué y qué programa plantean. Por eso tiene sumo interés que culmine esta campaña de lanzamiento del producto, y que comience la segunda, para poder negociar y resolver cuestiones económicas y sociales trascendentales.

Porque hasta ahora es enormemente complicado saber cómo se está configurando la CEOE y a quién representa. En España, más del 90% del censo está formado por pequeñas y medianas empresas, y en estos momentos, no se sabe quién es más representativo de la pequeña y mediana empresa, si CEPYME -promocionada desde la CEOE- o COPYME. La transparencia en este punto es importante, porque los intereses son fácilmente delimitables. Otro aspecto que se debe clarificar es el de cuál es la línea que prevalece, en la CEOE, porque por las tensiones que se aprecian en su seno cabe la pregunta de Pareto, de si estamos en un «capitalismo de empresarios» o «de rentistas».

Una doble táctica

En estos últimos meses, tanto en las negociaciones de la Moncloa, como en los contactos directos, los ,socialistas hemos insistido en el papel de los empresarios. Porque la función social de asunción y creación del riesgo, de combinación de factores productivos, cumple un papel esencial en la sociedad actual, y de otro modo, también en la' que proyectamos. Porque «rehabilitar, extender y socializar la función de empresario es, en el fondo, socializar los valores que el liberalismo había concebido como individuales», como ha dicho, con acierto, Pierre Rosanvallon. Pero el problema hoy no está aquí en este punto, como tampoco está el problema de la economía de mercado en la Constitución, sobre todo cuando se examina lo que es teóricamente un sistema de este tipo, en relación con el sistema de seguros de vida existente en España en casi todos los terrenos, al menos para la gran empresa. El comportamiento de la banca privada y del Banco de España en el «affaire» del Banco de Navarra es suficientemente elocuente al respecto.

Pero la preocupación de esta línea no está sólo en la utilización del método asambleario; el problema de fondo está en si acepta realmente el sistema democrático. Porque los mismos que hacen estas afirmaciones están utilizando medios de presión que suponen un claro desafío a la soberanía del Parlamento. Estas presiones, que ya fueron denunciadas en su día por. el Grupo Socialista en el Congreso -sesiones de la comisión de Presupuestos de 6 de diciembre de 1977 y de 22 de diciembre- han pretendido modificar aspectos sustanciales de la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, tras que ésta fuera aprobada por las dos Cámaras. No entra esto dentro de la facultad reglamentaria concedida al Ministerio de Hacienda por el órgano legislativo.

El mismo diario EL PAIS, al presentar el 13 de enero las normas reglamentarias qu .desarrollan la ley, señalaba precisamente cómo el Ministerio de Hacienda ha tenido en cuenta las observaciones de los grupos políticos y las fuerzas sociales, especialmente de las organizaciones patronales, que en un primer momento mostraron gran inquietud por el contenido de la ley, calificado como de muy avanzado para la conciencia tradicional del contribuyente.

Los contribuyentes son los ciudadanos, y manifiestan su conciencia en el voto. Si por conciencia tradicional se entiende la práctica del deporte de lujo que ha sido la defraudación fiscal en España, evidentemente este proyecto es avanzado, porque trata de acabar con un grave problema de inmoralidad pública. Lo que es claro es que ni el método para combatir la ley es el adecuado ni las organizaciones patronales son los portavoces de los contribuyentes. Evidentemente, estas presiones continúan, sobre todo, por algunos sectores. Pero lo más preocupante en estos momentos son las afirmaciones, que tienen un claro carácter desestabilizador. Así, el senador real, empresario y destacado representante de la CEOE, don Luis Olarra, al hacer declaraciones sobre el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, concluía sus declaraciones diciendo: «¿Quién pagará el Seguro de Desempleo? El Gobierno tendrá que pensar en una política diferente a la del pacto de la Moncloa». Decir si estas declaraciones contienen una apología del delito sería cuestión propia del Ministerio Fiscal; lo menos que se puede afirmar es que no parecen desear la consolidación democrática tal como se ha emprendido.

En un momento de profunda crisis económica y de delicada consolidación democrática, es de esperar que la campaña empresarial culmine con posiciones claras de los hombres que se afirman representativos del empresariado, con un programa claro y serio de su posición ante la crisis, y sobre el sistema de relaciones industriales. No es un procedimiento claro y democrático la crítica frontal al tiempo que se trata, por los viejos métodos, de dejar sin efecto el trabajo del Parlamento. Y, sobre todo, es necesario que el país sepa si la denuncia frontal de los acuerdos de la Moncloa es una postura personal o forma parte de una operación política de fondo, no sólo contra el Gobierno, sino contra lo acordado por las fuerzas políticas parlamentarias, hasta ahora, para ir avanzando, paso a paso, en la construcción de una España democrática.