El Gobierno considera la nacionalización de las empresas siderúrgicas

La posibilidad de proceder a una nacionalización de las empresas siderúrgicas, planteada como alternativa técnico-política en el plan de reestructuración del sector que ha elaborado el Ministerio de Industria y Energía, está siendo ampliamente considerada y debatida en el seno de la Administración. Dirigentes de los departamentos implicados en el tema se inclinan de modo progresivo por la nacionalización, habida cuenta de la aportación del sector público que se hace necesaria ante la magnitud de la crisis y los déficit acumulados por las empresas.Aunque el tema ya fue planteado el lunes en el seno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, todo parece indicar que en su próxima reunión, mañana jueves, los miembros del equipo económico iniciarán, un estudio a fondo del plan. Expertos y dirigentes del Ministerio de Industria y Energía centran en estos momentos sus trabajos en los matices finales del documento.

El planteamiento de la reestructuración se fundamenta en una estrategia de aceptación de la problemática presente, a partir de la cual establecer soluciones viables que permitan consolidar el sector en un plazo de unos diez años. Se pretende tener en cuenta tanto la incidencia de la crisis general de la economía en el sector como las circunstancias específicas de las empresas. Así se plantean soluciones a largo plazo con proyecciones de oferta, demanda y déficit financieros de las empresas en el período indicado. Fuentes del Ministerio de Industria han insistido, no obstante, en el carácter eminentemente técnico y neutral de los planteamientos formulados, dejando al Consejo de Ministros la decisión final, en orden a los factores políticos a considerar, ya que la magnitud de la resolución trasciende el ámbito departamental para erigirse en una decisión de Gobierno.

Con el propósito de que los logros previstos en el plan se alcancen con el menor costo social que sea posible, se plantea la tesis de generalizar los sacrificios imprescindibles, de modo que afecten al capital de las empresas -ampliaciones y emisión de obligaciones-, a los consumidores por la vía de precios y a los acreedores privados y públicos y al ahorro.

Sea cual fuere la alternativa adoptada a nivel de Gobierno, el plan considera imprescindible una serie de contrapartidas por parte de las empresas públicas o privadas: cumplir las disposiciones de ajuste previstas en el plan; someterse a un seguimiento periódico y frecuente de los acuerdos del concierto, a cuyo cumplimiento se condiciona la colaboración del sector público, y finalmente, que la política de inversiones del sector sea estrechamente supervisada por el Gobierno, con objeto de evitar futuros desajustes entre oferta y demanda.

Posición del sector

La posible nacionalización de las empresas ha provocado notable inquietud en medios privados, que, aun sin hacer referencia explícita a tal posibilidad, han manifestado su oposición a los planteamiento de Industria y Energía, especialmente en lo que se refiere al planteamiento y precedentes de la crisis.En la tarde del lunes, la Asociación de Empresarios Siderúrgicos (Unesid) remitió una nota en la que califica de ligereza la información publicada por EL PAIS el pasado domingo, en la que se aludía a una falta de planificación por parte de las empresas como origen de la crisis. Asimismo, Unesid negaba tajantemente que hubiera acudido con retraso al Gobierno en demanda de ayuda, señalando que «con machacona insistencia» habían dirigido peticiones al Gobierno para que atendiera sus demandas durante los años 1976 y 1977. Al tiempo, se adjuntaba un informe remitido al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el 4 de julio del pasado año, antes de acceder al poder el actual equipo ministerial, en el que se recogía la gravedad de la crisis y se pedían medidas urgentes para paliar la situación del sector. Este informe, se siete folios, señalaba la existencia de 250 empresas, con una plantilla global de 90.000 personas y una capacidad productiva de 14 millones de toneladas anuales de acero. Posteriormente, y tras referirse a las dificultades de la coyuntura, los empresarios lamentaban, con especial énfasis, el incumplimiento por parte de la Administración de los conciertos establecidos.

A la hora de demandar soluciones, los empresarios agrupados en Unesid estimaban necesario apoyo estatal a la exportación, a través de medidas combativas del proteccionismo y aumento del crédito; defensa contra importaciones innecesarias; apoyo a las inversiones, dand6 fluidez a los compromisos crediticios ya contraídos -ayuda oficial por circuitos privilegiados de crédito-, y finalmente, estableciendo una nueva regulación de las relaciones en la empresa, con devolución de la autoridad al empresario.

En virtud de haber remitido este documento, los empresarios estiman paradójico que ahora se afirme,que sólo han demandado un plan de reestructuración real cuando la situación era ya desesperada.