Las retribuciones de los funcionarios

Presidente de la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Técnico de Administración Civil

El editorial de EL PAÍS del 30 último, que analizaba los acuerdos del Congreso en materia de retribuciones de funcionarios, concluía, entre otras cosas, lo siguiente: «Con independencia de los nuevos sueldos base (la escala de cinco sueldos en función del título académico), el régimen aprobado por el Congreso de Diputados supone otorgar un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda, por cuanto en él se delega el desarrollo del nuevo sistema. La gran masa del funcionariado teme, y no le faltan precedentes históricos que citar, que esta delegación de competencias no produzca los resultados más justos.»

Pues bien, al parecer, ya hay acuerdo de la Junta de Retribuciones del Ministerio de Hacienda, y consiste, precisamente como temíamos los funcionarios, en extender el cheque en favor de los cuerpos privilegiados.

Los antecedentes: la enmienda Soriano Benítez de Lugo

El proyecto de ley de Presupuestos se había limitado, además de fijar los nuevos sueldos-base, a establecer unos incrementos medios de la masa salarial en función de los niveles de titulación académica de los cuerpos, con arreglo a la siguiente escala: titulados superiores (nivel diez), catorce; titulados de grado medio (nivel ocho), 17,8; bachiller superior (nivel seis), 19,5; graduado escolar (nivel cuatro), 21,5, sin graduación (nivel tres), veinticinco.

Con estas pautas de subida global media, quedaba abierta la puerta a la arbitrariedad. El peligro era evidente: dentro de cada nivel existen cuerpos con el doble y aun el triple de retribución que otros de su mismo nivel (un catedrático de Universidad gana la mitad que un técnico de Aduanas; un técnico de Administración o un médico gana tres veces menos que cualquier inspector de Hacienda; un profesor de Básica gana la mitad que un perito, y así sucesivamente ... )

¿Cómo se repartiría la masa salarial? Alfonso Soriano Benítez de Lugo, diputado de UCD, presentó, con la conformidad del grupo parlamentario de UCD, una modesta enmienda que decía: «Dentro de cada índice de proporcionalidad (igual titulación) se tendrán en cuenta los cuerpos, escalas o plazas de más bajo nivel de retribución.» La propia UCD, le había tachado la última parte de la enmienda, que decía así: «... de tal forma que a igual puesto de trabajo le corresponda igual retribución.» Quedaba, pues, la enmienda tan sólo como una tendencia a corregir desigualdades.

Ante la posibilidad de que la enmienda prosperase, se movilizó toda la oligarquía burocrática. Según parece, hizo intervenir a Fernández Ordóñez, Garrigues Walker y hasta al vicepresidente, Abril Martorell: Soriano no podía defender tan tremenda enmienda. Se esperó con expectación el día y la hora de la intervención de Soriano en el Congreso, y Soriano no compareció. Quizá fue un acierto convencer a Soriano para que no dimitiera de UCD. Opino que tendrá mil ocasiones similares para hacerlo. Se dice que Garrigues no ha entendido todavía la razón de tanta presión. ¿Qué había detrás de tantas llamadas y tantas entrevistas? Precisamente la intención de premiar, no a los cuerpos «de más bajo nivel de retribución», sino a los cuerpos de retribución más alta.

Este ha sido, en definitiva, el acuerdo de la Junta. Pero, antes que nada, veamos quién acuerda y cómo acuerda.

- Quién acuerda. La Junta Central de Retribuciones está compuesta por una mayoría absoluta de funcionarios de los cuerpos privilegiados de Hacienda. La minoría la compone el secretario general técnico de Presidencia (por casualidad, también funcionario de Hacienda), el director general de la Función Pública y un vocal permanente de la Comisión Superior de Personal («Superior», ¿en qué?). No existe ninguna representación, no ya de los otros funcionarios, ni tan siquiera de los otros ministerios. Sólo Hacienda y una pequeña representación de Presidencia («Presidencia», ¿de qué?).

- Cómo acuerda. No hay ni consulta a los ministerios, ni negociación con los sindicatos de funcionarios, ni la más mínima información previa. El absoluto desprecio, típico del más absoluto absolutismo. El señor Barea, a quien Franco confió una y otra vez la dirección de su política presupuestaria, es quien preside esta Junta y dirige esta operación.

¿Cuál era la mejor solución para que, dentro de cada nivel de titulación, se premiase a los funcionarios con retribuciones más altas? Ante todo, repartir las masas salariales de cada nivel en proporción directa a lo que gana realmente cada cual. Pese a estar en la misma categoría, si tú ganas cien, catorce; si ganas mil, 140. Esto es, lisa y llanamente, lo que ha acordado la Junta. Los pactos de la Moncloa, los pactos de la hermandad, solidaridad y salvación nacional, dicen: «La distribución de la masa salarial se debe efectuar de modo que la mitad, al menos, del referido incremento (incremento del 22 % global que no se da para los funcionarios, dicho sea de paso, y como puede observarse a simple vista) se distribuya linealmente.»

Pero es que hay más; es que las nuevas retribuciones básicas, los nuevos sueldos justos del electoralista decreto-ley de 30 de marzo, se imputan esta operación, de tal forma que al tener muchos más descuentos que las retribuciones complementarias, el porcentaje real de subida es mayor para los más ricos, que reciben la masa más importante de sus ingresos en concepto de complementos de sueldo. Vuelta, pues, a la discriminación de coeficientes. Es lo que se pretendía.

El decreto-ley de 30 de marzo había dicho, y dice (todavía está vigente: «Los incrementos de las dotaciones presupuestas para gastos de personal se destinarán, preferentemente, al aumento de las retribuciones básicas.» De lo cual se deduce que el acuerdo, además de ser injusto, es ilegal.

Pero ¿se quiere más motivo de asombro? La Junta lo proporciona. Los directores generales ganaban hasta ahora dos millones de pesetas anuales. El Gobierno decreta: congelación de sus sueldos. Bello ejemplo, sin duda. Pero he aquí el detalle: los sueldos de los funcionarios de los cuerpos privilegiados exceden en buena mayoría de lo que ganan los directores generales. Es frecuente el sueldo de más de dos millones de pesetas. A ellos, el 14% de incremento. Queden los directores generales para ejemplo de la austeridad gubernamental, a no ser que sean funcionarios de cuerpos privilegiados, porque entonces el director general puede optar («la libertad personal es uno de los valores incorporados a nuestra ideología») entre percibir el sueldo de director general o el de su cuerpo. Y claro, opta por el de su cuerpo, y lo recibe a pesar de estar en «excedencia especial».

A la expectativa

El acuerdo de la Junta está pendiente de que lo apruebe Fernández Ordóñez y lo someta al Consejo. Ahora veremos qué entiende por justicia distributiva la «social-democracia» y un Gobierno de «centro-izquierda». Es más, ahora tiene el Gobierno la posibilidad de demostrar que está más a la derecha que el propio Osorio, que fue el autor del decreto-ley de 30 de marzo. Ahora veremos también, en qué medida hay una respuesta sindical de los funcionarios. ¿Aceptarán los sindicatos de funcionarios el acuerdo en estas condiciones?