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Elecciones sindicales

Ventaja de CCOO sobre UGT en Sevilla

Comisiones Obreras ha conseguido seis veces más delegados que la Unión General de Trabajadores en las elecciones realizadas hasta el viernes en veintisiete empresas de la provincia de Sevilla.Según los datos computados por EL PAÍS sobre la base de las informaciones facilitadas por las centrales, CCOO lleva hasta el momento 148 representantes; UGT, veinticuatro; dieciséis son independientes; uno de USO, y uno del CSUT.

Hay que subrayar, asimismo, que sólo en una de estas veintisiete empresas carece CCOO de delegados, mientras que UGT se encuentra ausente de la representación de quince de ellas.

No obstante, los resultados definitivos registrados en la Compañía Sevillana de Electricidad, con centros de trabajo en toda la región andaluza, Badajoz y Puertollano, y una plantilla próxima a los 6.000 empleados, podría suponer un vuelco total o, al menos, una aproximación bastante seria entre los dos sindicatos mayoritarios. Por ahora, estos datos son distintos según las fuentes consultadas.

Así, UGT contabilizaba a última hora de la mañana de ayer 158 delegados, considerándose ampliamente mayoritaria en todas las provincias, excepto Granada y Badajoz, y en todos los centros de trabajo de mayor plantilla de la compañía. La CSUT tendría, según las fuentes ugetistas que han informado a EL PAÍS, 87 delegados, y CCOO, 45. Por su parte, Francisco Casero (CSUT) ha señalado que su central ha triunfado en Sevilla y que no darán cifras a los medios informativos hasta verificarlas adecuadamente por medio de las actas.

Finalmente, el sindicato de Comisiones de la Administración (CCOO) y la Federación Española de Trabajadores de la Administración Pública (UGT) han denunciado la orden del Gobierno Civil de la provincia por la que se anulan las elecciones convocadas para el personal laboral de la Diputación y la Jefatura. Provincial de Carreteras, pese a haber sido convocadas de acuerdo con el decreto y autorizadas por el Ministerio de Trabajo.

Ambas centrales rechazan enérgicamente, en un comunicado conjunto, «la intromisión intolerable de una autoridad no competente en la materia, como es el gobernador civil, con graves repercusiones en el ejercicio de los derechos laborales, entorpeciendo además el proceso democrático en que se encuentra embarcado nuestro país».

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