El reglamento vigente legalizó el fraude

Dos líneas del artículo 83 se debatieron, hasta el absurdo, en la sesión de ayer para la reforma del reglamento taurino. Como para agotar la paciencia de cualquiera, como para romper los nervios de los más pacientes -y hubo quien los perdió- Julián de Mata, representante de los novilleros, la emprendió a puñetazos con Paco Corpas, representante de los matadores. El resto de los reunidos -funcionarios del Cuerpo General de Policía incluidos- separaron a los contendientes y obligaron al agresor a abandonar la sala.Los nervios fueron los culpables. Tres horas discutiendo si la utilidad de los caballos de picar es responsabilidad de la empresa de la plaza o del contratista a quien se los arrienda es un verdadero disloque y puede conducir al disparate. Los propios términos de la discusión eran un disparate. A toda costa, empresarios y contratistas querían defender sus intereses privados, con olvido de que es el reglamento de la fiesta lo que está a debate y no puede desnaturalizarse por ningún interés individual o de grupo.

Hay peligro de que este nuevo reglamento siga la suerte del que se aprobó en 1962, en el que tuvieron excesiva acogida las discutibles proposiciones de los grupos empresarial y profesional, con las consecuencias funestas para la fiesta que son de todos conocidas. « Fue un grave paso atrás», nos dice el veterinario Barga, que participó en la redacción de aquel texto. Esta es la opinión de Barga, que conviene divulgar:

«Regularon entonces la edad de las reses de tal manera que los veterinarios nos veíamos obligados -obligados, sí- a certificar como toro lo que era novillo, pues el reglamento admitía como tal a la res que tuviera seis dientes permanentes. Y éramos conscientes de que engañábamos al público, pues tal dentición -eso lo saben todos- se da en la mayor parte de los ejemplares de tres a cuatro años. Por supuesto, y siguiendo la misma regla, en las novilladas se lidiaban erales, con la consecuencia añadida, lógica, de que estos festejos perdieron todo interés. Pero, además, el mismo reglamento modificó el de 1930 en lo que concierne a la edad de los novillos, y donde decía más de tres años y menos de seis, pasó a decir de tres a cuatro años, con lo cual, sobre la ya aludida pérdida de emoción del espectáculo, se cercenó la posibilidad de que los ganaderos dieran adecuada salida a reses que no reúnen todos los requisitos exigidos para corrida de toros. En definitiva, el reglamento del 62 fue la «legalización del fraude» y conviene advertir que esto puede producirse de nuevo. Finalmente, Barga plantea la necesidad de recuperar la suerte de varas, sobre estas bases: limitación del peso máximo de los caballos y determinación de más racionales modelos de petos y puyas; además de la exigencia de que la suerte de varas se realice correctamente. De esto se hablará ahora en la reforma del reglamento, y podemos adelantar que hay gran tensión entre las representaciones.

La prensa no está representada

La incorporación formal de un supuesto representante de la prensa a los estudios del reglamento adolece de grave defecto de forma. El viernes último, el crítico de El Imparcial nos telefoneó para invitarnos a una reunión en la que se elegiría al representante de la crítica taurina en dichos estudios. Nuestra respuesta fue que, aparte la imposibilidad física de asistir a la reunión, no nos parecía procedente la convocatoria, entre otras razones porque los críticos taurinos deben informar o analizar los debates, pero no ser juez y parte, pues se colocarían en una posición de ventaja, no ética, respecto a las restantes representaciones. La reunión parece que no llegó a celebrarse en el día y hora señalados.

Sin embargo, en la mañana de ayer, siete informadores taurinos de distintos medios se reunieron en un hotel madrileño, sin convocatoria formal -que sepamos- y con sorprendente olvido de los numerosos y cualificados críticos taurinos de los medios informativos de las provincias, y designaron como representante en la reforma del reglamento al crítico de una emisora madrileña.

Uno, que no pone en cuestión la competencia de este crítico, ha de manifestarse, sin embargo, contrario al procedimiento de su designación, porque no se ajusta a las más elementales reglas democráticas, opinión que es coincidente con la de diversos informadores y críticos taurinos de Madrid y provincias, los cuales -debe saberlo el Ministerio del Interior- se consideran injustamente olvidados y no representados.