Expertos en Derecho critican el anteproyecto

Expertos en Derecho Constitucional, Administrativo e Internacional realizaron ayer, en el Congreso de Diputados, un estudio del anteproyecto constitucional, antes de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas al mismo. La reunión fue convocada por el grupo parlamentario socialista, a fin de asesorarse con los criterios de los citados profesores, y constituye la primera ocasión en que un grupo amplio de técnicos ha opinado públicamente sobre el anteproyecto.

Aunque la sesión se prolongó cerca de ocho horas, el anteproyecto no pudo ser examinado con detalle en muchos aspectos importantes. Entre los temas prácticamente obviados figuran el relativo a la forma de Estado. Unicamente hubo una referencia por parte del profesor Ollero, quien defendió la Monarquía parlamentaria a propósito del artículo 1.º, 3, donde se establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Cabe recordar que el PSOE propugna la supresión de este precepto, en línea con sus votos particulares favorables a la forma republicana.Apenas se produjeron, en general, valoraciones globales del proyecto constitucional. Cabe exceptuar las opiniones emitidas por algunos de los asistentes; por ejemplo el señor Ruiz-Giménez afirmó que, contra lo publicado recientemente por el senador Julián Marías, «el texto me parece fundamentalmente bueno, y cuanto antes tengamos los españoles una Constitución, al menos, parecida a ésta, mejor». Por su parte, el señor Sánchez Agesta indicó que convendría someter a la Constitución a una dieta, ya que resulta demasiado extensa y prolija, excesivamente alimentada; por su parte, el profesor José Luis Carro -administrativista de la Autónoma de Madrid- calificó esta Constitución como decimonónica.

Nacionalidades

En torno al término nacionalidades se produjo un debate, especialmente en relación con la posibilidad de que la inclusión de esa palabra pueda suponer el derecho a la autodeterminación, «y, por tanto, un peligro para la unidad de España». El profesor Modesto Seara terció, a este respecto, y afirmó que la autodeterminación es válida para territorios coloniales, pero no para las minorías nacionales, de acuerdo con el Derecho Internacional.El dirigente socialista Alfonso Guerra aclaró, a su vez, que el PSOE apoya el término nacionalidades, pero no está en ningún caso por el secesionismo.

En relación con el tema de las autonomías apenas se dijo nada más. Unicamente hubo algunas críticas a la denominación «territorios autónomos», que para el profesor Carro supone un peligroso precedente. El señor Ruiz-Giménez aportó la solución de que fueran llamados «comunidades autónomas», aunque tal denominación no obtuvo demasiado éxito.

Tratados internacionales

Hubo muchas críticas al precepto en que se establece que los tratados no podrán ser derogados por leyes internas, cuando así lo requieran los intereses nacionales. Para el profesor García de Enterría, esto supone un «idealismo de tipo internacionalista inocente», mientras el profesor Garrido Falla considera que ello altera la competencia del poder legislativo español y que el problema debería contemplarse desde el punto de vista del respeto a la soberanía nacional. Según los objetantes, de prosperar el precepto no podría ser modificado el tratado con Estados Unidos, por ejemplo, aunque intereses nacionales lo aconsejaran.

Obediencia a la Constitución

Las previsiones del artículo 9, según el cual «todos los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución», fue objetado en el sentido de que no es necesario declarar la fidelidad del ciudadano a la Constitución, porque -en tesis del profesor Carro- ello abre la puerta a que sufran determinados problemas aquellos ciudadanos que no estén completamente de acuerdo con el texto constitucional. Jorge de Esteban se pronunció también por la supresión del citado artículo. Por el contrario, los señores García de Enterría, Ruiz-Giménez y Peces-Barba se manifestaron a favor de mantenerlo, dado el carácter ejemplificador, e incluso educativo, de que todos se consideren sujetos a la Constitución.

Irretroactividad

Algunos principios, relativos a la irretroactividad de las normas, fueron criticados; por ejemplo, el profesor Díez Picazo afirmó que establecer la irretroactividad de las normas fiscales (artículo 9,3) bloquea cualquier posterior medida reformista en esta materia.

Derechos y deberes fundamentales

El profesor Gimbernat, para quien «los aspectos penales de esta Constitución son penosos» efectuó fuertes críticas al título segundo, que trata de los derechos y deberes fundamentales. En su criterio, la declaración de que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física» (artículo 15,1) puede provocar la imposibilidad de discutir siquiera un problema como el del aborto; en este sentido existe ya un precedente, el de la República Federal de Alemania, cuyo Tribunal de Garantías Constitucionales interpretó que un precepto idéntico al español excluía el derecho al aborto. El mismo profesor Gimbernat echó de menos, en el texto constitucional, que no se haya incluido el precepto de que «las leyes no tendrán efectos retroactivos, salvo que sea en beneficio del reo».El reconocimiento de que los poderes públicos garantizarán el acceso de los grupos sociales y políticos a sus medios de comunicación social fue considerado «insuficiente» por el profesor Modesto Seara, para quien los medios privados también deberían entrar en consideración, ya que, a través de ellos, ciertos grupos podrían «cargarse» todo un programa de gobierno.

Nada que ofrecer a los trabajadores

El profesor Jorge de Esteban consideró un eufemismo la pretensión de que la Constitución consagre «el derecho a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción personal a través del trabajo» (artículo 30), en un país con un millón de parados.Precisamente la parte relacionada con los derechos económicos y sociales fue objeto de numerosas observaciones. Para el catedrático de Derecho del Trabajo Enrique de la Villa, la Constitución no ofrece ni un solo punto que no esté superado por las leyes ya vigentes, y es grave que se hable, por ejemplo, del derecho a la remuneración digna, «parangonable a la vida moral y digna de que hablaba el Fuero del trabajo».

«A los trabajadores -alegó- lo único que se les ofrece en esta Constitución es un futuro estatuto; mientras al empresario se le ofrece el máximo de lo que se le puede dar, como es la libre iniciativa económica, la fijación de condiciones de acuerdo con la productividad, e incluso la adopción de medidas de conflicto colectivo.»

También en relación con temas económicos, cabe advertir que el profesor Modesto Seara descubrió que la Constitución ha olvidado, entre los bienes que deben considerarse de derecho público, el espacio aéreo y los recursos naturales de las aguas jurisdiccionales. .

Defensor del pueblo

Aunque hubo alguna intervención relativa a la figura del «defensor del pueblo», lo más interesante fue la aclaración realizada por el señor Peces-Barba, en el sentido de que la configuración del defensor del pueblo en España no parece equiparable a la de Suecia -donde tienen capacidad de intervención directa en favor de los problemas de los ciudadanos- sino en la británica, donde el defensor del pueblo ha de limitarse a encauzar su tarea a través del Parlamento.

Poder judicial

Se registraron distintas intervenciones en relación con el capítulo del poder judicial. Eduardo Jauralde propuso que la justicia no sólo se administre en nombre del pueblo, sino que la Constitución debe hacer hincapié en la necesidad de un control democrático del poder judicial. Asimismo indicó que las carreras fiscal y del secretariado deben estar representadas, junto a la judicial, en el Consejo del Poder Judicial. A su vez, el señor Gómez Urbaneja expresó su preocupación por la declaración de gratuidad de la justicia que hace el anteproyecto constitucional en su artículo 109, y se preguntó si no ocurrirá aquí como en la enseñanza, en que la gratuidad no puede llevarse a efecto por falta de medios.El representante socialista en la ponencia constitucional, señor Peces-Barba, que presidió la sesión, agradeció a todos su asistencia e informó que serían bien acogidas cuantas sugerencias escritas lleguen a su grupo parlamentario sobre el borrador de la Constitución.