"El panorama político se ha orientado hacia un bipartidismo"

EL PAIS: ¿Cómo contempla usted el proceso de desamortización del antiguo régimen durante el pasado año?Felipe González: El año pasado y el que comienza se insertan en un proceso cuyas fronteras no son delimitables cronológicamente. El proceso de transición comienza antes del 77 y, presumiblemente, la consolidación ha de prolongarse más allá del 78.

En 1977 se produjo el hecho fundamental para la transición: las elecciones generales del 15 de junio. El pueblo expresó su voluntad soberana, voluntad inequívoca de cambio democrático, concentrando sus opciones en dos alternativas básicas, completadas por algunas más de carácter secundario. La interpretación del voto del 15 de junio se hizo desde muchos ángulos y según los intereses de los propios intérpretes. Pero, en primer lugar, destacó el deseo de este pueblo por superar las viejas estructuras dictatoriales y darse una estructura democrática de tipo europeo occidental, según el proyecto ofrecido por los dos partidos que obtuvieron la inmensa mayoría del apoyo popular.

Es un mandato legitimador para el desmontaje del autoritarismo que recayó como obligación ineludible sobre los grupos de representación parlamentaria que hicieron esta oferta electoral. Fue también evidente que el pueblo no deseaba mantener la multiplicidad de siglas que poblaban el panorama político en la primavera del 77, y, por el contrario, se orientó hacia lo que podíamos considerar un bipartidismo imperfecto, clarificador y eficaz. Los últimos sondeos de opinión confirman esta corriente. Y hasta los señores Tierno Galván y Fernández de la Mora han llegado a hacer un indirecto canto al bipartidismo en su reciente debate televisado.

EL PAIS: El PSOE continúa, por tanto, descartando un Gobierno de concentración o de coalición.

F. G.: Nosotros tenemos una estrategia que seguimos en varios frentes: el parlamentario, el sindical y el municipal. Planeando sobre los tres estudiamos la lucha contra la crisis económica como elemento condicionante del afianzamiento de la democracia. Pero dos meses después de las elecciones y de la constitución del Gobierno de UCD, se nos plantearon nuevos problemas que nos han obligado a complementar ese diseño. Sobre todo la fragilidad de la coalición gubernamental, que crea una permanente situación de crisis de Gobierno, obligándonos a pensar en un posible vacío de poder en plazo inferior al previsto.

Pero antes de entrar en el análisis de nuestra estrategia convendría aclarar la posición de otros partidos. El Partido Comunista, por ejemplo, ha propugnado un Gobierno de concentración y, si esto no fuera posible, uno de coalición entre UCD y PSOE. Para el Partido Comunista el análisis tendría que ser necesariamente distinto, dado su escaso resultado electoral. El Gobierno de concentración era el sustitutivo del Gobierno provisional «previsto» para la transición, y el único instrumento de acceso al poder del Partido Comunista. Si se consideraba un Gobierno monocolor y se perfilaba una alternativa socialista a ese Gobierno, el Partido Comunista vería alejarse por tiempo indefinido su acceso al poder ejecutivo, con todo lo que ello puede implicar. Caso de no cubrir este objetivo, yo diría que prioritario, la propuesta de una coalición PSOE-UCD permitía al PCE la ocupación de un espacio político más amplio y más claro desde la oposición al Gobierno, cosa que difícilmente puede realizar si el PSOE, como lo está haciendo, permanece como partido de oposición a UCD. Como posición del PCE lo comprendo, pero no lo comparto por razones obvias.

Pienso que un Gobierno de concentración es, en sí mismo, la negación del juego parlamentario democrático, por ser esencialmente un Gobierno de plenos poderes. En definitiva: a mi juicio, si se pretende consolidar la democracia, un Gobierno de concentración sólo se entiende como el último recurso para defenderla de un peligro inminente y grave. La coalición PSOE-UCD, propuesta alternativa del PCE y de otros, lleva aparejada también una cierta desnaturalización de las dos alternativas más claras que se ofrecen ante los ciudadanos, y sólo es explicable en una emergencia. Para nosotros, la normalización del juego poder-oposición es la mejor garantía de estabilidad democrática.

El PSOE aspira a la mayoría absoluta y en función de esto ha diseñado su estrategia. Tal vez en España se produzca una quiebra del modelo del sur de Europa, posibilitando el acceso del Partido Socialista al poder con mayoría absoluta de representación parlamentaría, y en función de esto estamos realizando nuestro trabajo partidario.

EL PAIS: ¿Por qué el voto particular del PSOE sobre la forma de gobierno, prevista en la Constitución como Monarquía parlamentaria?

F. G.: En la Constitución existen problemas de mayor envergadura que la forma de gobierno: el problerna de las autonomías, el problema de la educación, problemas de carácter económico, de libertades, etcétera, que afectan más a nuestras posiciones de partido; pero, sin embargo, es más llamativo desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas el tema de la forma de gobierno. Nuestro partido es republicano, eso es sabido ampliamente, pero, como hemos dicho, aceptará la voluntad mayoritaria del pueblo. Creemos que no es posible una democracia sin aceptar hechos de esta naturaleza, y pensamos que en el momento histórico actual no es oportuno plantear un trauma, añadido a la transición, como puede ser el problema de la alternativa de la forma de gobierno.

Yo creo que en el país no existe una conciencia peculiar, definida, sobre una forma de gobierno concreta. Existe, en realidad, un proceso de transición, que ha sido encabezado, en el sentido etimológico del término, por la institución monárquica. Yo diría que existen pocos monárquicos vocacionales convencidos. También diría que no existe un republicanismo asumido por el pueblo. Sin embargo, existen unos partidos políticos que tienen que definirse en cuanto a la forma de gobierno y definirse por una u otra alternativa. El Partido Socialista, por su tradición, por su historia y por su racionalidad interna, es un partido republicano, pero, al tiempo, es un partido que tiene que vivir próximo a la realidad política. Por consiguiente, al PSOE lo que le interesa es dejar claro y manifiesto que sigue siendo un partido republicano y que va a seguir siéndolo, pero, al mismo tiempo, va a respetar lo que diga la voluntad popular. Si ésta, que hoy día indubitablemente está depositada en las Cortes, se expresa por la forma monárquica de gobierno, el partido va a respetarlo. Al mismo tiempo no va a hacer reivindicación permanente de la alternativa de forma de gobierno, y si la voluntad popular es la de convertir al Partido Socialista en partido mayoritario, estamos dispuestos a gobernar en esa situación sin plantear problemas que no nos parece oportuno plantear ahora. Ahora bien, no se nos puede pedir que cambiemos de forma de pensar, como hacen algunas formaciones políticas simplemente porque conviene por razones de oportunidad.

EL PAIS: Personalmente estima usted que el Rey ha sido un condicionante del cambio democrático.

F. G.: Sí. Eso lo he dicho públicamente en más de una ocasión. Yo creo que el Rey ha sido un referente triangulizador para el proceso de democratización, que ha realizado una serie de tareas que probablemente sólo podía haberlas realizado él, que, en definitiva ha coadyuvado seriamente al proceso de transformación democrática del país.

Nuestra posición, por eso, no es beligerante, es simplemente definitoria. Si nosotros no somos monárquicos no tenemos por qué decir que somos monárquicos.

EL PAIS: ¿El PSOE irá definitivamente solo a las municipales?

F. G.: Siendo coherente con el diseño estratégico del partido, iremos a las municipales solos, y por muchas razones: entre otras porque en las próximas legislativas el partido espera lograr el suficiente número de votos como para constituirse en alternativa política de poder. La etapa municipalista forma parte de ese conjunto estratégico; nosotros pensamos que el partido puede afianzar su poder, puede introducir su poder en el tejido social, a través de las municipales. En este momento cualquier tipo de coalición en que el partido entre resta votos, no suma votos.

EL PAIS: ¿No le interesa al PSOE ir a las municipales solo y cuanto antes para aprovechar la polémica en que está sumido el Partido Comunista?

F. G.: Nuestro análisis de las municipales no tiene como referente al Partido Comunista. Acaso sí en las elecciones sindicales, pero no en las municipales. Las sindicales van a delimitar las relaciones de poder en el seno de la izquierda, en tanto que las municipales van a delimitar las relaciones de poder entre izquierda y derecha. Las prioridades de referencias de análisis en el caso de las municipales se realizan con la UCD y con la derecha en general;, las municipales son para nosotros el afianzamiento del PSOE ante la UCD, el combate con la derecha, pero no guardan relación con el Partido Comunista más que en segundo plano.

EL PAIS: ¿Tiene algo que opinar sobre la polémica levantada por Jorge Semprún con su autobiografía de Federico Sánchez?

F. G.: Tengo una voluntad decidida de no intervenir en esa polémica. No jerarquizamos las decisiones hasta el extremo de impedir que los militantes hablen sobre cualquier tema, pero es decisión de la dirección del PSOE, seria y pensada, el no intervenir absolutamente para nada en esta polémica. Es un problema del Partido Comunista que debe resolver el Partido Comunista.

EL PAIS: ¿Pero acaso no era partidario antes el PSOE de resolver provisionalmente el tema de los ayuntamientos mediante la creación de comisiones gestoras?

F. G.: En junio del año pasado, desde cuando las elecciones generales, dijimos dos cosas absolutamente claras. Primero, que no queríamos comisiones gestoras, y así se lo dije al presidente del Gobierno: que no íbamos a propiciar la crisis de los municipios para crear comisiones, y en segundo lugar que, como consecuencia de ello, para completar el proceso democrático del país se debería mantener la promesa gubernamental de que las municipales se celebrarían o bien a finales de 1977 o a principios de 1978. Y hemos mantenido esa tesis hasta que en el último comité federal estuvimos estudiando la posibilidad de un retraso pretendido por el Gobierno en las municipales, y decidimos presionar al máximo para su celebración. Si el Gobierno se empeña en retrasar, en demorar sine die las municipales, si las trata de colocar en octubre, nosotros podríamos ir a la alternativa de las comisiones gestoras, que no queremos, porque no creemos en su eficacia. Las comisiones gestoras por representación proporcional, según el resultado del 15 de junio, supondrían la parálisis de los municipios, con un coste social añadido al de la crisis económica. Por otra parte, se produciría una quiebra del modelo de cambio político general. Ha habido un problema con el Partido Comunista, que en el Pleno del jueves pedía municipales cuanto antes, y me parece que no hace más de un mes Carrillo pedía comisiones gestoras en unas declaraciones a la prensa y el aplazamiento de las municipales mientras durase el debate constitucional; curiosamente, la posición del Gobierno es coincidente con ésta.

EL PAIS: ¿Han pensado que un triunfo de las izquierdas en las municipales puede ser el 14 de abril de UCD, desplazándola del Gobierno?

F. G.: No, a menos que el Gobierno lo quiera interpretar así. Lo que la opinión pública va a pensar, y el Gobierno también, en un análisis correcto, es que ha habido un desequilibrio de fuerzas en favor de la izquierda y a nivel de poder local, cosa que me parece correcta y que podría suceder en beneficio del Partido Socialista. Nuestra actitud no es asimilar un triunfo municipal a una crisis del Gobierno. Si conseguimos situamos en primera fila en las municipales vamos a respetar el proceso político hasta las nuevas elecciones generales.

EL PAIS: Qué perspectivas de triunfo ve el secretario del PSOE para la UGT en las elecciones sindicales que se están celebrando.

F. G.: Las elecciones sindicales son otro campo de desarrollo de nuestra táctica política, y tienen en España un interés peculiar. No hay más que observar a los países que nos rodean. En Portugal tenemos a Soares, con una capacidad de representación política importante y, sin embargo, con grandes problemas en el terreno sindical, porque no ha tenido un referente sindical de carácter socialista y democrático. En Italia, el Partido Socialista ha dispersado su militancia sindical en tres centrales distintas sin que haya un referente sindical claramente socialista. Y en Francia ocurre exactamente lo mismo con la evolución de la SFIO, y se plantea ahora una crisis de relación entre el Partido Socialista y el Comunista, y el principal problema para la alternativa socialista de poder en Francia no es Marchais, sino Segui.

También en España lo sindical está ligado a lo que pase en política. Se quiera o no se quiera. Lo demás son falsificaciones de la realidad, Entonces tenemos que hay una central comunista, que es CCOO (aunque en ella militen algunos no comunistas), hay una central sindical socialista, que es UGT, (aunque haya quienes no sean socialistas), y hay otra todavía en desarrollo, que ya veremos cuál es su techo, al margen de los partidos, que es la CNT. Puede haber otras, pero en éstas está, creo yo, la realidad de la clase obrera.

El tiempo histórico ha superado algunos modelos sindicales, por ejemplo del tipo de los que podrían tener una obediencia a UCD. Históricamente, además, el movimiento obrero en España nunca se alineó con el centro o centro derecha; por consiguiente, la batalla sindical, como dije antes, va a definir la influencia en el seno de la izquierda de los distintos campos ideológicos y a condicionar la alternativa de poder. Creo que la relación de fuerzas en el movimiento obrero va a tardar en definirse por lo menos un año, porque la cuantificación de los resultados se hace infinitamente más difícil en el campo sindical que en el campo político.

La consolidación de las grandes centrales empieza ahora, y durará hasta las próximas elecciones generales, y no descartamos que la UGT, con la que no negamos, como otros, nos unen lazos estrechos y fraternales, sea la central dominante, la mayor central del país. Y esa es una condición ineludible para que el Partido Socialista pueda gobernar en tanto que tal. Hay una relación de causa a efecto entre Partido Socialista fuerte y la UGT fuerte, y viceversa.

Así como UCD tendría que empezar a gobernar, de una vez, con el apoyo logístico de los empresarios, los socialistas no pueden aspirar a gobernar sin el apoyo sindical.

EL PAIS: Pero sectores de la pequeña y la mediana empresa pueden aspirar a que sus intereses también sean representados por un Partido Socialista.

F. G.: En efecto. No se puede hacer un planteamiento decimonónico y trazar, en una sociedad industrial como la nuestra, un surco entre la clase obrera y la clase patronal, sin ninguna matización. La realidad es que ahora muchos pequeños y medianos empresarios debieran alinearse, y de hecho se están alineando, con posturas progresistas como las que ofrece el PSOE, porque en su alternativa pueden ver mejor defendidos sus intereses que en la de partidos de derecha. Eso es lo que ocurre en el resto de Europa.

EL PAIS: El desarrollo de los acuerdos de la Moncloa está suscitando serias reservas, especialmente entre esos pequeños y medianos empresarios.

F. G.: El descontento de este sector empresarial nos parece un problema muy grave. Ya se lo dije al presidente del Gobierno antes del viaje a la URSS, en unos términos que ahora quiero aclarar públicamente. Le dije que tenía noticias de que las disponibilidades líquidas del Banco de España habían estado en octubre y noviembre muy por debajo del acuerdo al que habíamos llegado en la Moncloa. El presidente me dijo que esas disponibilidades líquidas no podían estar por debajo más que un punto o dos del 17 % previsto. Luego, en la discusión de presupuestos, recordamos públicamente en las Cortes que las disponibilidades líquidas para octubre habían sido de 10,5 y nosotros habíamos negociado en la Moncloa un diecisiete. Bajón intolerable e incomprensible de disponibilidades líquidas cuando preveíamos una flotación de más o menos un punto. Y de esta operación de restricción crediticia es responsable el Gobierno, que pone en riesgo de desaparición a muchas pequeñas y medianas empresas. En las Cortes dije, recientemente, que entendía que una serie de empresas tenían que desaparecer -como se dijo por el Gobierno en la Moncloa-, lo mismo que en la vida biológica los seres nacen y mueren, pero que entendía también que si se aplicaba el bisturí con excesivo rigor, no sólo iban a desaparecer las empresas que tenían que morir, sino otras muchas rentables y útiles para el país.

Si la banca no recibe el dinero previsto del Banco de España corta la corriente crediticia, diga lo que diga la gran banca, a la empresa que no dependa de ella. Porque es cierto que existen circuitos privilegiados de crédito. El modelo económico de este país ha llevado a muchos bancos a quedarse con la propiedad de parte o la totalidad de muchas empresas. Y cuando son propietarios de una gran empresa, no pueden dejarla caer por dificultades financieras. El Estado no puede desamparar a las empresas que, pese a ser rentables, se encuentran en dificultades. En Italia existe lo que se llama «sanatorio de empresas», a las que el Estado apoya con créditos especiales. Incluso las empresas que tienen que desaparecer deben disponer de un plazo previsto por el Estado para que su hueco sea cubierto por nuevas inversiones que compensen el coste social de los cierres. Este es el aspecto más peligroso de los fallos que se producen en los acuerdos de la Moncloa; esperamos que sean corregidos y mantendremos una presión constante sobre él y sobre otros, como pensiones, cierre de abanicos salariales, etcétera.

EL PAIS: Dado el detrimento que ha sufrido la vida parlamentaria, ¿era totalmente necesaria la suscripción de los acuerdos de la Moneloa?

F. G.: Totalmente necesario en política no hay casi nada. Hay co sas que se ven más convenientes o menos convenientes. Los acuerdos eran necesarios por la crisis económica que atravesamos. Lo que ocurre es que el pacto de la Moncloa no debería incidir para nada en la vida parlamentaria. Se están produciendo cosas muy curiosas, que tal vez constituyan el diseño táctico del Gobierno. El Gobierno trata de realizar una política de consenso en materias específicas del ejecutivo, y, a la vez, está segando permanentemente la iniciativa parlamentaria de todos los grupos parlamentarios, porque quien únicamente lleva proyectos de ley que se admiten es el Gobierno (que, para colmo, aún no es Gobierno estrictamente parlamentario). De alguna forma, en el modo (no digo en la representación, porque detrás de sí tienen sus votos), este es un Gobierno que sale de las instituciones del pasado.

EL PAIS: ¿Pedirá el PSOE nuevas elecciones legislativas inmediatamente después de que sea aprobada la Constitución?

F. G.: Ya dijimos que la tarea de estas Cortes consistía en hacer la Constitución y después disolverse para unas nuevas elecciones legislativas. Mantenemos esa posición pese a que algunos dudaban de que lo hiciéramos por estar ahora bien colocados numéricamente en el Congreso. La mantenemos, y con rigor. Con ello quiero decir que si la Constitución se refrenda a mitad de este año, creo que las legislativas deben ser convocadas después. Tal vez no se deben de producir en 1978, porque acumularíamos elecciones sindicales, elecciones municipales, el referéndum constitucional y las nuevas elecciones legislativas; y, además, creo que si el Gobierno está decidido a llevar adelante los acuerdos económicos, hay que dar un plazo de tranquilidad al país, en 1978, para ver cuál es el resultado de esos pactos a los que se llegó en la Moncloa. Por tanto, en el PSOE prevemos que las elecciones generales se podían y se deberían realizar tras la nueva Constitución, en la primavera de 1979, entre otras cosas porque las Cortes habrían ya realizado una serie de proyectos de ley de carácter fundamental para la vida democrática, de tal forma que no sólo tendríamos el cuerpo constitucional, sino algunos complementos de ese cuerpo constitucional.

EL PAIS: ¿Cómo cree que se está desarrollando el proceso autonomista en el Estado?

F. G.: Las preautonomías sólo cubren un espacio político simbólico. No se puede pretender que funcionen como instituciones montadas sobre auténticos estatutos autonómicos. Esa es una primera aproximación al tema. Cataluña es un caso muy especial. Cataluña ha tenido un desarrollo autonómico muy peculiar, en el que el Gobierno ha sido el protagonista. Y eso ha sido un buen caldo de cultivo para que otras regiones buscaran recuperar las instituciones autonómicas perdidas o a las que aspiraban, aun cuando fuera a los niveles simbólicos en que ahora se están concediendo. Pero el Gobierno ya no ha tenido tanta iniciativa en la evolución de más preautonomías. El tema de las autonomías habría que descargarlo del contenido demagógico que está empezando a adquirir hoy, y que puede ser peligroso-, las autonomías hay que afrontarlas con mucho rigor. El proceso autonómico español, que es un proceso desde un Estado central a un Estado descentralizado, que quiere encarar una estructura federativa e, incluso, a muy largo plazo una estructura federal, va a implicar un desarrollo histórico que debe marchar paralelo al de la conciencia colectiva de los pueblos y que no se puede utilizar gratuita y demagógicamente.

Se habla mucho ahora de los problemas económicos de las autonomías, que es un asunto muy serio, pero señalaría otro que nunca se toca: el de las burocracias. De qué se trata, ¿de mantener una superburocracia centralista como la que existe y añadirle un montón de burocracias en cada institución autonómica? La descentralización significa, entre otras cosas, la reducción del aparato macrocéfalo del Estado, la distribución de la burocracia centralista en todas las entidades autonómicas y, en modo alguno, la multiplicación de las burocracias que haría ineficaz el funcionamiento central y el autonómico. Esto hay que planteárselo con más altura histórica y no como una varita mágica que hoy me da una preautonomía y mañana una autonomía. Porque, ¿qué van a hacer los presidentes de las preautonomías en la mayoría de las regiones españolas? ¿Con qué poderes van a contar? Con muy pocos, pero un planteamiento demagógico puede hacer recaei- sobre esos presidentes una serie de reivindicaciones que los conviertan en los eternos denunciantes y exigentes del poder central, o se van a ver acosados por la frustración de la opinión pública.

EL PAIS: Uno de los «escándalos abiertos» y nunca aclarados de este país es el de Radiotelevisión Española. ¿Porqué participa el PSOE en un Consejo Rector de RTVE en el que todas las decisiones serán tomadas según lo que dice la mayoría de UCD?

F. G.: Hacer la crítica de lo que esRTVE es un tema manido. El problema reside en qué se puede hacer en un razonable plazo de tiempo. Pero antes quiero explicar cómo nació el Consejo Rector. En la negociación de la Moncloa se habló de un organismo paritario Gobierno-Parlamento; se negoció al final y se redactó rápidamente, en el entendimiento de que se iba a respetar el espíritu de lo que allí se había dicho. El Gobierno, en su propuesta verbal, decía que quería sumar a ese Consejo los técnicos que fueran responsables desde la administración de los servicios de RTVE que pudieran dar respuesta a todos los problemas que se plantearan dentro del nuevo organismo. A eso se le ha dado la vuelta tratando de convertir al Consejo Rector en un organismo deliberante que toma decisiones por mayoría. En principio, aun aplicando estrictamente la letra de los acuerdos de la Moncloa, el Consejo Rector tiene misiones muy específicas; no es un organismo decisivo en RTVE, ni siquiera con vendría, diría yo, que fuera un organismo decisorio de RTVE, por que se llegaría a un modelo de carácter italiano en que cada parti do se reserva un cierto derecho de veto sobre las informaciones o los programas.

El Consejo Rector tiene una función prioritaria: la redacción del estatuto que debe ser ofrecido a la comisión parlamentaria correspondiente para que, después de las discusiones normales del Parlamento, se convierta en el marco de trabajo de RTVE. Hay experiencias muy buenas como modelos a estudiar. Por ejemplo, las televisiones inglesa y holandesa. En la holandesa hay una cierta disponibilidad de espacio para los partidos en función de su representación parlamentaria. En la inglesa no se da esa posibilidad, pero, en cambio, tiene un grado de calidad y objetividad informativa muy importante.

Pero, entre tanto, hay que entrar a saco en RTVE para saber qué pasa allí, en ese organismo que permanece sumido en la más absoluta confusión. Estamos dispuestos a proponer que cada reunión del Consejo Rector dé lugar a un comunicado extenso, que pase en la propia TVE, Sobre el orden del día, temas discutidos y acuerdos o desacuerdos producidos. Si eso es vetado por la mayoría de UCD, entonces estamos dispuestos a decirlo en otros medios de comunicación de masas, incluso a salirnos del Consejo y a decir «señores, esto es lo que pasa en RTVE».

EL PAIS: ¿Qué valoración hace el PSOE de la actitud de la Iglesia en el cambio de régimen?

F. G.: Es evidente que en los últimos veinte años, el conjunto de la Iglesia católica se ha ido despegando de la dictadura, y en parte la ha combatido hasta llegar a una situación curiosa. Es el único sector institucional que, profundamente ligado en sus orígenes al régimen actual, ha logrado recuperar su imagen sin suscitar una sola crítica en los medios de comunicación de masas por su pasada ligazón con la dictadura. Ahora, dos años después de la muerte del general Franco, ante la nueva Constitución en redacción y los problemas que plantea la sociedad española, en cambio -como la educación-, se han empezado a suscitar algunas cuestiones.

A nivel constitucional, la aconfesionalidad del Estado, que algunos pretendíamos incluir en el texto, suscitó una reacción crítica, pero comprensible, por parte de la Iglesia.

Yo estoy dispuesto a admitir que declarar la aconfesionalidad del Estado o su laicidad puede ser interpretado como un arcaísmo en una Constitución de nuestro tiempo. Pero es innegable que, teniendo en cuenta el pasado histórico de nuestro país, esta declaración serviría para garantizar la separación efectiva de la Iglesia y el Estado y, al mismo tiempo, para poner de manifiesto nuestra voluntad de respeto a la libertad de conciencia.