Los propietarios de Intelhorce, dispuestos a vender la sociedad

El grupo catalán vinculado al Banco de Madrid, propietario de la empresa textil malagueña Intelhorce, ha comunicado al gobernador civil de Málaga, Enrique Riberola, su decisión de enajenar la sociedad. Esta comunicación se hace con objeto de que el gobernador haga llegar la noticia al comité de empresa.

A la hora de encontrar posibles compradores, los trabajadores señalan únicamente al Instituto Nacional de Industria a través de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucía (Sodian). El precio de la operación no figuraba en la comunicación recibida por el gobernador civil, si bien el grupo Castell afirmaba que «tendría que ser determinado por un perito». La posible opción del INI vendría dada por el hecho de que el grupo Castell aún le debe a este organismo una buena cantidad de millones, parte del crédito de quinientos a devolver en veinte años y sin intereses que el INI hizo a los actuales propietarios cuando les vendió la empresa, hace ahora cinco años.

Una vieja historia

La noticia de que el grupo Castell está dispuesto a vender la factoría malagueña -en la que trabajan unas 3.000 personas- pone de nuevo en la actualidad las condiciones en que fue vendida por el INI en 1972, siendo presidente de dicho organismo -a punto de cesar- Claudio Boada. En este año Intelhorce era ya una empresa «interesante» desde el punto de vista de sus resultados económicos. Los empresarios privados del sector textil sintieron interés por la compra y el 29 de diciembre de 1972 se consumó la operación. Los nuevos dueños de la fábrica textil pasaron a ser el Banco Catalán de Desarrollo, Hilaturas Gossy-Plum, Ter Industrial y Sociedad Algodonera del Sur. Todas estas empresas estaban relacionadas con el grupo del Banco de Madrid, que preside Jaume Castell, y en el que poco después se integró Claudio Boada como vicepresidente, así como colaboradores suyos en la dirección del INI.El valor real de la fábrica entonces fue fijado por técnicos en la materia en más de 4.000 millones de pesetas. Sin embargo, la venta se hizo en sólo 852 millones. Con esta cantidad se compraba la empresa con todo lo que se encerraba en ella -maquinarias y existencias en telas y algodón-, cinco chalets situados en la urbanización Las Palmeras, una residencia en el paseo de Reding y unos terrenos adyacentes a la factoría. En cuanto a la existencia que había en la fábrica en el momento de su venta, hay que destacar tela por un alto valor y unos cuatro millones de kilos de algodón, valorados en cuatrocientos millones de pesetas aproximadamente. Posteriormente, en los primeros días de enero de 1973, el Consejo de Ministros aprobó una subida del precio del algodón, con lo cual aumentó aún más el valor de lo almacenado en Intelhorce. Por si todo ello fuera poco, el INI concedió a los nuevos propietarios un préstamo de quinientos millones de pesetas a devolver sin interés en veinte años.

El desmantelamiento

Con la venta de Intelhorce a la empresa catalana comenzó el desmantelamiento de la fábrica, aunque fuentes de la empresa no lo quisieran reconocer nunca. Un dato apoya lo anterior: Intelhorce llegó a tener 3.400 trabajadores. En agosto de 1975 ya sólo tenía 3.195, y en el mismo mes de 1976 la cifra había bajado a 3.031. En la actualidad sólo quedan 2.850 puestos de trabajo.En el año 1975 empieza el traslado a Barcelona de distintos servicios y secciones de la factoría.

Como consecuencia del desmantelamiento de la factoría, de la no renovación del utillaje y, en definitiva, de la crisis del sector textil, los resultados empezaron a ser negativos. Todo parece indicar, y así se cree en Málaga, que es justamente lo que se persigue con objeto de demostrar que la fábrica no tiene viabilidad.

Intelhorce se creó en 1951 con mayoría del INI a la vista de que ningún grupo privado se decidió a esta inversión en Málaga.

La posición del INI y de los responsables del Ministerio de Industria es en estos momentos de negativa en redondo a la operación de compra que propone el grupo catalán propietario de la sociedad. El problema reside en qué situación se plantearía si el desmantelamiento prosigue y el grupo Castell decide cerrar la factoría. Los casi 3.000 puestos de trabajo que garantiza en estos momentos parecen irrenunciables para Málaga, que es en estos momentos una de las provincias más afectadas por el paro.