Oposición del subsector eléctrico a la intervención del Estado

El sector eléctrico español está inquieto ante la posibilidad de que el Gobierno -el Ministerio de Industria- nombre delegados en las compañías eléctricas cuya producción y mercado de distribución supere la cifra de 1.000 millones de kilovatios hora anuales, por considerar que es una injerencia en una actividad industrial de carácter privado, según han comentado a EL PAIS fuentes del sector eléctrico.

El Gobierno tiene elaborado, pendiente de aprobación del Consejo de Ministros, un anteproyecto de Ley sobre actuación del Estado en el sector eléctrico, por el que se regula la actuación de estos delegados en las compañías eléctricas.Tras señalar una serie de incompatibilidades de estos delegados que deberán ser nombrados por el Ministerio de Industria, el anteproyecto de Ley fija las atribuciones de los delegados. Estas son:

- Velar por la estricta observancia y cumplimiento de cuantas disposiciones se hayan dictado o se dicten en relación con las citadas compañías eléctricas, así como de las órdenes emanadas, en particular de todo lo referente a la seguridad del servicio eléctrico.

- Asistir, si lo estima conveniente, a las juntas generales y a las sesiones plenarias de los consejos de administración y a las de sus comisiones ejecutivas, cuando estas últimas tengan facultades delegadas del consejo de administración.

- Conocer cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de sus misiones en lo que se refiere a régimen de explotación, planes de nuevas instalaciones y situación económico-financiera, analizando para ello la gestión de las compañías, a través de la información normalizada de acuerdo con los criterios establecidos en el plan contable vigente para el subsector eléctrico respecto a balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados de origen y aplicación de fondos.

- Recibir el texto de los acuerdos adoptados por el consejo de administración.

- Elevar informes semestrales al director general de Energía Eléctrica sobre el cumplimiento de su misión.

- Ejercitar los derechos derivados de la titularidad de las acciones representativas del capital social que correspondan a la Administración.

Tras apuntar que el nombramiento de delegado podría recaer a una sola persona cuando las compañías operé en una misma zona, el anteproyecto de ley pone de manifiesto que los beneficios del régimen fiscal de apoyo a la inversión quedarán nuevamente prorrogados para las: inversiones del sector de producción y distribución de energía eléctrica, y se aplicarán en la misma forma prevista en las disposiciones actualmente vigentes.

Las compañías eléctricas deberán someterse a una auditoría anual de cuyos resultados se dará cuenta a la Dirección General de Energía Eléctrica y a la Comisión Nacional de Energía.

El Ministerio de Industria y Energía tendrá potestad para obligar a las compañías eléctricas a agruparse en cualquiera de las formas previstas en el ordenamiento jurídico español, con vistas a optimizar la explotación del sistema eléctrico y la construcción de nuevas instalaciones.

El anteproyecto de ley prevé una serie de sanciones en caso de que las compañías eléctricas no cumpliesen con los requisitos que se enumeran en el texto. En este sentido, la Dirección General de Energía Eléctrica podrá imponer multas de hasta 500.000 pesetas, el ministro de, Industria y Energía de cinco millones y el Consejo de Ministros de hasta cincuenta millones de pesetas.

Primero las Cortes

Este anteproyecto de Ley debería ser elevado a las Cortes una vez que el Gobierno aprobase en Consejo de Ministros el nuevo Plan Energético Nacional.Según informaciones recogidas por EL PAIS, existen presiones del subsector eléctrico para que no se lleve a la práctica este control bastante importante, ya que consideran que es una fórmula intermedia que consigue los mismos efectos que si se nacionalizase la producción y la distribución de energía eléctrica, aunque sin emplear esta fórmula que no gozaría con el consenso generalizado de este método.