El accionariado protesta por la fórmula de nacionalización de la naviera Trasmediterránea

Con un grito, «nos estamos dejando robar», que mereció un prolongado rumor de aprobación por parte de los asistentes, se dio por finalizada la reunión informativa convocada por el consejo de administración de la compañía Trasmediterránea para explicar a los accionistas la oferta del Estado para nacionalizar la compañía y que consiste en ofrecer 428,75 pesetas por acción más un dividendo.

Aunque la palabra robo sólo salió en una ocasión a relucir, fueron varios los accionistas que apuntaron tal situación y muchos más los que la tenían presente en su mente y que se traslucía al ratificar con sus aplausos las intervenciones de los accionistas que apuntaban, con otras palabras, la usurpación de sus bienes.Lo más reseñable de la reunión fue la intervención del vicepresidente de la sociedad, Víctor Mendoza Olivan, que con palabras meditadas y medidas en grado máximo hizo una exposición hábil que puede merecer la calificación de antagónica por lo que representaba.

En síntesis, su intervención tuvo tres partes bien diferenciadas. Una primera en la que se dedicó a atacar a la Administración, a la que consideró injusta con la solución ofrecida a la Trasmediterránea; una segunda en la que desarrolló las posibilidades que se ofrecían a los accionistas en el caso de no vender y que por supuesto eran negativas, y una tercera en la que puso de relieve que no había más remedio que vender.

El señor Mendoza, representante del grupo March, que cuenta con cerca de un 33 % de las acciones de la compañía, no ocultó que el grupo mayoritario iba a vender, si bien acusó a los organismos competentes de la Administración de no ofrecer un precio justo y de montar una operación que no era en absoluto clara.

Fundamentó estas dos afirmaciones de la siguiente manera: la poca transparencia de la operación se debe a que el Gobierno no ha explicado absolutamente nada sobre la valoración de acciones ni sobre las diversas valoraciones que ha realizado sobre la flota. Es injusta, ya que el Gobierno se ha decidido por una de las fórmulas más perjudiciales para los accionistas.

Entre todas las posibilidades que se le ofrecían al Estado para la nacionalización de la compañía, el señor Mendoza analizó una por una todas las fórmulas. La expropiación forzosa supondría una compra de las acciones que oscilaría entre el 194 y 327%, frente al 85,75 % que ha ofertado el Estado, aunque reconoció que la ley contempla la posibilidad de que los tribunales modifiquen ese porcentaje. Si el baremo fuese la cotización en Bolsa, como así ha sido, puntualizó que de haberse tomado como base las cotizaciones de los últimos tres y cinco años - los precedentes en estos casos son Tabacalera, Banco Oficial y Telefónica- las ofertas habrían sido del 117 y 154%, respectivamente. Por lo que respecta al valor liquidativo de la compañía, el consejo de administración de Transmediterránea no consideró que fuese una fórmula apropiada, ya que la situación de la naviera no se ajusta a los requisitos que demanda esta figura. Una última fórmula podría haber, sido la valoración de los buques de la flota, que según cálculos de la propia compañía de la sociedad Ibershiping alcanzan un valor de 8.000 y 10.400 millones de pesetas, respectivamente, lo que se traduce en un valor de las acciones del 286 %.

Pasó a continuación el señor Mendoza al analizar las salidas del Estado en él caso de que no consiguiese comprar el 54 %, en el plazo de oferta pública que finaliza el 23 de enero. La prórroga del contrato por un plazo corto no es, una solución beneficiosa para la compañía, que lo único que conseguiría sería aplazar los problemas unos meses. Por lo que respecta a la segunda solución que puede ofrecer el Estado: la expropiación forzosa, ésta sería igualmente perjudicial para los accionistas, ya que requeriría un largo período de tiempo al tener que ser aprobado por las Cortes, y a la larga, aunque fuese una oferta más beneficiosa, el accionista podría cobrar al contado o a través de deuda pública. Si a esto unimos que el pago se realizaría aplazado por problemas de tipo técnico, la inflación se comería la hipotética mejora.

Terminó señalando que a la vista de la situación, lo mejor que podían hacer los accionistas era vender.

Las intervenciones de los accionistas fueron documentadas, unas, y sentimentales, otras. Salió a relucir la democracia, la incompetencia del Gobierno, los pensionistas y la usurpación ilícita de bienes. « El Gobierno quiere que se ahorre e invierta, pero después de este ejemplo, quién va a hacer caso al Gobierno. » La propuesta de una manifestación ante la sede de los responsables de tal atrocidad fue cumplidamente aplaudida y la imposibilidad de llegar a variar la solución ofrecida por el Gobierno terminó por vaciar lentamente la sala.

Así están las cosas

La situación actual, con la venta de la participación del grupo March, parece bastante clara, ya que para alzarse con el 54% del total del accionariado, el Estado sólo deberá comprar poco más del 20 % a los accionistas, minoritarios y a la vista de lo ocurrido en la mañana de ayer no parece que sea muy difícil el conseguirlo.

En rueda de prensa posterior, el señor Mendoza desmintió que hubiera habido un pacto previo entre el Gobierno y el grupo March, aunque hayan existido, conversaciones, al tener la compañía un delegado del Gobierno permanente.

Sobre la continuidad del servicio de las Líneas Marítimas de Soberanía, el vicepresidente de la Trasmediterránea se mostró seguro que en tanto y en cuanto el Gobierno se hacia con el 54% de las acciones en el plazo de un mes, el servicio continuaría funcionando.

La opinión generalizada entre los accionistas era que se había elegido una mala fórmula para realizar la primera nacionalización de la nueva etapa democrática.