Derecho de asociación para los funcionarios de la DGS
El Consejo de Ministros aprobó las normas para el ejercicio del derecho de asociación de los funcionarios civiles de la Dirección General de Seguridad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero del real decreto de 17 de junio de 1977 por el que se establece que los funcionarios y el personal adscrito a los servicios de seguridad poseerán órganos de representación de sus intereses profesionales y de defensa de los mismos, sin que puedan afiliarse a organizaciones o asociaciones ni federarse o confederarse con otras ajenas a los servicios de seguridad.Las asociaciones que se constituyan no tendrán reconocido el derecho de huelga. El derecho de asociación reconocido y regulado en esta norma debe ajustarse a los principios de libertad, pluralismo, representatividad, profesionalidad y ámbito nacional.
Planes provinciales
El ministro del Interior informó también al Consejo sobre la situación de Planes Provinciales en el bienio 1976/77 que ha representado un total de 16.726 obras, con un presupuesto de 61.105 millones de pesetas.Dentro de este presupuesto el Banco de Crédito Local financió más de 11.000 millones; el Ministerio del Interior con cargo a su presupuesto 20.414 millones, y las diputaciones y ayuntamientos han aportado la diferencia, es decir, cerca de 29.000 millones.
La media nacional durante el ejercicio de 1977 ha sido de 550,12 pesetas/ habitante en crédito estatal.
El 80 % del total presupuestado para Planes Provinciales se invirtió en obras de abastecimiento de aguas, distribución domiciliaria, alcantarillado, caminos vecinales, electrificaciones y teléfonos. El resto a otras obras de diversa naturaleza, tales como pavimentaciones, alumbrado Público y otros servicios de infraestructura urbana, principalmente en pequeños núcleos de población.
Multas
A propuesta del Ministerio del Interior el Consejo aprobó un acuerdo por el que se sanciona con cinco millones de pesetas de multa y cierre temporal por tres meses a la empresa industrial Guipuzcoana de Elgóibar, por incumplimiento de normas de seguridad previstas en materia de armas y explosivos. También a propuesta del ministro del Interior el Consejo acordó imponer a don Ignacio Sáez Jarabo una multa de cinco millones de pesetas y cierre por treinta días prorrogables de- la cantera de su propiedad, por carecer de las medidas de seguridad y vigilancia exigidas en materia de custodia y depósito de explosivos.Asimismo, el ministro del Interior dio cuenta al Consejo del informe elevado por el subdirector general de Seguridad sobre los sucesos de Málaga, a cuya capital se había desplazado por orden del titular del departamento. El ministro informó, entre otros temas, sobre los incidentes de la Universidad de La Laguna.
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