Monarquía constitucional y Cámara económico-social

El reconocimiento de la Monarquía constitucional como forma de Gobierno actual, y la creación de una tercera Cámara, encargada de elaborar el plan económico y social, son las novedades más sobresalientes del anteproyecto de Constitución preparado por el Partido Socialista Popular (PSP).

El citado anteproyecto, que podría convertirse en una enmienda a la totalidad del proyecto de la ponencia, delinea, en el aspecto económico y social, un modelo de sociedad más próximo al socialismo que el que se deduce del borrador de Constitución resultante de la primera lectura de la citada ponencia del Congreso de Diputados, en la que no figura ningún miembro del PSP.Entre los aspectos más destacados de la alternativa constitucional del PSP, según el resumen facilitado por Europa Press, destacan los siguientes:

Monarquía. Una ley orgánica regulará los derechos y obligaciones del titular de la Corona, su sucesión, la dinastía y la regencia, mientras corresponde al pueblo decidir la forma de gobierno definitiva mediante referéndum.

Independencia Iglesia-Estado. El Estado no tiene religión oficial, garantiza todas las religiones y culto, es independiente de las Iglesias y establece con ellas los acuerdos que juzgue convenientes.

Socialización progresiva. La política económica, social, educativa y cultural del Estado se ordenará de acuerdo con los

-principios de solidaridad para

sostener las cargas comunes; responsabilidad respecto a la corrupción económica y administrativa; socialización progresiva del disfrute de la riqueza, lucha contra los monopolios y acceso de los campesinos a las tierras sin cultivar o deficiente mente explotadas y autogestión de determinadas empresas.

Propiedad. El Estado reconoce la propiedad social, cooperativa y privada. La ley regulará la actividad económica y las inversiones extranjeras, de modo que aseguren el desarrollo e independencia nacionales, conforme al plan e intereses de los trabajadores.

Cámara económico-social. Las líneas básicas del plan económico y social corresponde fijarlas a las Cortes, así como controlar su cumplimiento, si bien la elaboración del plan compete al Consejo Nacional de Planificación, integrado por representantes de las Cortes, de las regiones y de los sindicatos de trabajadores. El plan coordinará la política económica con la social, educativa y cultural y atenderá al equilibrio ecológico.