Orden de desalojo de todas las viviendas ocupadas ilegalmente

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha hecho público un comunicado en el que muestra su decisión de desalojar todas las viviendas ocupadas ilegalmente si los habitantes de las mismas no las desocupan voluntariamente,

Esta postura del Ministerio respecto a los pisos del Instituto Nacional de la Vivienda se produce en un momento en el que parecía que las conversaciones entre Administración y vecinos iban coincidiendo paulatinamente. La radicalización de la postura ministerial ha sido acogida con cierto asombro por parte de las entidades ciudadanas que dialogaban con el Ministerio.La decisión de desalojar a las familias que habían ocupado viviendas ilegalmente se ha tomado tras una serie de reuniones entre representantes de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Interior y Justicia. En estas reuniones se ha acordado también la creación de un nuevo sistema de adjudicación de viviendas capaz de evitar las ocupaciones ilegales, aunque en el comunicado no se ex plica en qué va a consistir este sistema.

Tras señalar que el número de viviendas asaltadas en Madrid ha sido de noventa -cifra inferior a las facilitadas por los vecinos-, el, comunicado señala que la comisión mixta, formada por vecinos y técnicos del Ministerio, «podrán estudiar las necesidades de las familias asaltantes y establecer un baremo para ver si pueden ser adjudicatarias de pisos».

El acuerdo ministerial ha sorprendido negativamente a algunos de los integrantes de la comisión. Fernando, Salas, asesor jurídico de la Asociación de Vecinos de San Blas y miembro de esta comisión encargada de revisar las adjudicaciones, manifestó que la decisión «contradice total y absolutamente el espíritu y las negociaciones llevadas hasta el momento. El acuerdo con el Ministerio, con la firma del ministro Garrigues, era de no proceder a ningún desalojo de las familias ocupantes mientras que no tramitaran la totalidad de los expedientes en curso, en los que, tras escuchar las alegaciones de ocupantes y titular, y después de llevar a cabo las inspecciones necesarias, la comisión emitiría un fallo con la consiguiente propuesta a los organismos competentes sobre quién debía ocupar la vivienda. Por eso entiendo que si el Ministerio no cumple los acuerdos se romperían las negociaciones».

Esta ruptura de los acuerdos podría tener una dura reacción por parte de los vecinos afectados Fernando Salas afirmó que «si sé cumple esta decisión unilateral, nos veríamos en la obligación de movilizar a los vecinos en defensa de sus intereses. El Ministerio tendrá que asumir toda la. responsabilidad que le incumbe sobre las consecuencias-imprevisibles que se pudieran producir».

La comisión de la que forma parte el señor Salas junto a otros vecinos de San Blas fue creada en el pasado mes de octubre. Los fines de esta entidad eran conseguir que las viviendas vacías o desahuciadas fueran para los vecinos del barrio, tener acceso. libre a los ficheros de la Obra Sindical del Hogar y que la actuación de la comisión se extendiera a las del Patronato de Poblados Dirigidos y a las del propio Ministerio de Urbanismo.

Desde que se creó esta comisión mixta, los pasos dados por sus miembros estaban orientados a conseguir la documentación de la Obra Sindical del Hogar, punto que hasta el momento no habían conseguido.