La abogacía quiere participar en las reformas legales anunciadas

La abogacía quiere estar presente y hacer oir su voz en las reformas legales anunciadas con ocasión de la firma de los acuerdos de la Moncloa, ha declarado a EL PAIS Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Madrid. El señor Pedrol ha recordado, a este respecto, que las reformas que se anuncian han constituido desde hace años el objetivo de un amplio sector de la abogacía española, puesto de manifiesto en el Congreso de León, en 1970, en varios coloquios del Círculo de Estudios Jurídicos sobre temas relativos a la independencia y al papel de la Justicia en España y en diversas juntas generales del Colegio de Abogados de Madrid, que tuvieron amplia resonancia pública.

«Creo -confiesa el presidente del Consejo General de la Abogacía- que carecería de toda justificación que en las modificaciones que se proyectan se soslaye la opinión de la abogacía. No pretendo con ello, naturalmente, una absurda invasión nuestra en la esfera del poder ejecutivo ni legislativo, pero sí reivindicar el derecho de que se nos informe y se nos dé una oportunidad de opinar antes de que aquellos tomen sus definitivas decisiones en este punto.»Sería lamentable -sigue diciendo el señor Pedrol- que, como ha ocurrido recientemente con el Reglamento de Instituciones Penitenciarias, nos enteremos por la prensa de lo ya resuelto. Esta es la gran ocasión para erigir un auténtico poderjudicial independiente de los otros poderes del Estado, a los que sirva de freno y de equilibrio. Y para que éste pueda contar en su seno con factores de comunicación con la vida real de la Justicia sería, a mi juicio, indispensable una presencia en los altos organismos de la Magistratura de representaciones de la abogacía.»

Un tema que preocupa al presidente del máximo organismo rector de la Abogacía española es el de la posible restricción del derecho al secreto profesional del abogado, en algunos determinados casos. Concretamente, parece que tal restricción podría actuar en algunos casos en las relaciones de defensa del abogado con algún cliente implicado en delitos de terrorismo.

Esta posible restricción del secreto profesional fue tratada por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en el discurso que pronunció en Plasencia el pasado día 15. A este respecto, el señor Pedrol ha declarado: «He leído en la prensa con alarma la intención, según el texto periodístico que conozco, de restringir de alguna manera el ábito de lo que en el texto al que me refiero se denomina derecho al secreto profesional. En primer lugar, para los abogados el secreto profesional no es derecho ni privilegio, sino un gran deber ante nuestro cliente. Por otra parte, en una reciente intervención mía en el Senado tuve que recordar que cualquier restricción del secreto profesional constituye una amenaza y un desconocimiento del derecho del ciudadano a gozar de una defensa eficaz, del que forma parte la confianza de que la relación del abogado con el cliente estará cubierta por una total reserva. Los dos grupos parlamentarios que habían presentado la enmienda a la cual yo me refería aceptaron comprensiva y lealmente mis observaciones y accedieron a modificar e¡ texto de la enmienda salvando, de manera expresa, el secreto profesional. Yo pediría ahora públicamente al Gobierno que también él respete en sus iniciativas ciativas ese secreto profesional del abogado, cuyos límites no pueden ser otros que los fijados por nuestra deontología profesional, cualquiera que sea la naturaleza del delito perseguido.»