Las fuerzas de orden público no se limitarán a funciones represivas

Cooperación con las fuerzas sociales, dureza frente a los piquetes huelguistas, facilitar el desarrollo de las manifestaciones, especialísimo cuidado frente al terrorismo, salvaguarda de los derechos ciudadanos por parte de las fuerzas de orden público. Estos son algunos de los puntos esenciales contenidos en un informe que el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, entregó ayer, con trece gobernadores civiles.

Según Informa Europa Press, que cita versiones no oficiales, el documento consta de veintidós páginas con directrices sobre el orden público y la función gubernativa. Estos son, según la misma fuente, los apartados principales:-Cooperación con fuerzas sociales: es indispensable el fortalecimiento de la cooperación entre la autoridad y las fuerzas sociales y políticas. Ambas han de marchar juntas en el desarrollo de sus funciones. En la resolución de conflictos entre dichas fuerzas, el gobernador civil no ha de ser la primera instancia, sino la última; debe salvaguardar la marcha de la provincia, pero sin interferencias.

-Orden público: este apartado (es el más amplio y contiene diez puntos) es muy tajante respecto a la necesidad de actuar con energía contra los piquetes, que deben ser puestos a disposición judicial con el mayor acopio de pruebas. Habla asimismo de la actuación con cierto rigor en las manifestaciones que tengan carácter violento y subersivo, por cuanto tienen de violación de derechos ciudadanos.

-Reuniones y manifestaciones: se ha de facilitar el correcto desarrollo de las mismas, al cual se contribuirá previamente con un estrecho contacto con los organizadores, la fijación de itinerarios, etcétera.

-Terrorismo: hay que dedicar especialísimo cuidado a la prevención del terrorismo, que es un reto permanente a la estabilidad del Estado. Cualquiera que sea su ideología o ubicación, habrá que responder a los grupos terroristas con idénticos planteamientos a los suyos y con dureza absoluta. Se pondrá especial atención a los grupos que han funcionado en España con más intensidad, como son ETA, FRAP, GRAPO, Triple Ay MPAIAC.

-Fuerzas de orden público: la policía gubernativa y la Guardia Civil han de hacer lo posible para salvaguardar todas las libertades ciudadanas, en sus propias jurisdicciones. No deben limitarse en absoluto a la función represiva; cómo misión esencial tendrán la preventiva y antiterrorista. Para ello, el gobernador civil debe mantener contacto directo y permanente con las fuerzas de orden público, en la medida que en esta relación habitual asegura una política de eficacia.

-Policía Armada: la Policía Armada es una fuerza operativa de la Dirección General de Seguridad y, por tanto, una parte de la policía gubernativa.

-Acusaciones de torturas y «terrorismo blanco»: si bien es absolutamente improbable que se dé el supuesto de la tortura, el gobernador civil debe también velar para que tampoco, haya ningún tipo de complacencia por parte de las policías con sectores o grupos determinados. Las fuerzas de orden público son las únicas legitimadas para garantizar el orden, venga de donde venga la alteración.

-Exigencias democráticas: el informe hace hincapié en la necesidad de que las fuerzas de orden público se acomoden a las nuevas exigencias democráticas, que se mental icen en torno a la situación política en orden a una actuación de corte democrático.

-Detenciones: se reitera la prohibición de efectuar detenciones por personas de paisano, salvo aquellos casos en que otras exigencias lo hagan necesaria; de cualquier forma, estas han de ser ordenadas por la Dirección General de Seguridad o de la Guardia Civil.