Cardenal Tarancón: "El papel del Gobierno en la enseñanza tiene sus límites"

«Todos estamos de acuerdo en que la cultura y la educación son elementos esenciales y primarios para el bienestar y desarrollo de un pueblo. Es lógico, por tanto, que el Gobierno se preocupa seriamente de la difusión de la cultura», afirma el cardenal Enrique Tarancón, en su carta cristiana de esta semana, que publica la revista Iglesia en Madrid, dedicada en esta ocasión al «papel del Gobierno».Pero «la misión del Gobierno -precisa el arzobispo de Madrid- es fomentar la cultura, no crear la cultura o matizarla con su ideología peculiar; facilitar la educación de todos, no imponer una clase de educación determinada».

«Por eso -dice la carta más adelante-, es lógico también que el Gobierno distribuya de tal manera las aportaciones de la sociédad que exista una auténtica igualdad de oportunidades para todos los padres y grupos sociales en orden a la educación de sus hijos. »

En consecuencia, el cardenal explica que «el primer deber del Estado es procurar que existan los suficientes puestos escolares para que ni uno solo de los niños y jóvenes queden marginados de la tarea educativa».

Vigilancia sobria

Y es natural y legítimo que el Gobierno ejerza una vigilancia eficaz, aunque sobria, para garantizar el buen uso de esos bienes económicos que se emplean con esa finalidad. Y nadie puede reprochar al Gobierno que exija unas ciertas condiciones pedagógicas y técnicas a las que deben ajustarse obligatoriamente las escuelas, sean de la clase que fueren.»«Pero el Gobierno -dice textualmente el cardenal- no es maestro de ciencia, de letras, de religión. No puede imponer una orientación científica, una forma literaria ni una creencia religiosa. Demasiadas veces, prejuicios nacionalistas o conceptos totalitarios han pretendido valerse de la ciencia, de la literatura o de la religión para apoyar sus propias ideologías. Y esta conducta no es honrada.»

El Gobierno sólo es administrador

La carta continúa afirmando que «cuando se habla, algunas veces, de la enseñanza estatal o estatista se da a entender que el Gobierno tiene todos los derechos en orden a la enseñanza y educación, lo cual es absurdo. Ni aún puede admitirse esa frase vulgar de que "el que paga, manda". Porque el Gobierno no es más que el administrador de los bienes que le proporcionala sociedad. Ha de ser ésta, la sociedad, y, por tanto, los distintos grupos que la integran, la que puede exigir que se respeten sus derechos en la utilización de los recursos que ella misma ha facilitado».