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Quinientas familias se instalan frente al Ministerio de Urbanismo

Desde las once de la mañana de ayer, más de quinientas familias procedentes de la Meseta de Orcasitas se instalaron frente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con la intención de permanecer concentrados hasta que el ministro, Joaquín Garrigues, les asegure por escrito que la remodelación del barrio proseguirá adelante sin nuevas paralizaciones.

La intención de estas familias era realizar un encierro en las dependencias del Ministerio, pero al llegar, la policía les impidió el acceso al interior, aunque no hubo oposición a que permanecieran concentrados a la puerta. Seis jeeps de la policía fueron situados en las inmediaciones. En ningún momento llegaron a intervenir las fuerzas del orden.Pese a la intermitente lluvia que caía, los vecinos anunciaron que estaban dispuestos a pasar la noche en la ralle. Para ello iban a instalar tiendas de camping y a llevar mantas y sacos de dormir en los que pasar la noche.

El ultimátum presentado por los vecinos obedece a la paralización que desde hace ocho meses sufren las obras del barrio. Los mismos vecinos explicaron a EL PAIS los motivos del ultimátum: «Lo primero que queremos hacer patente es nuestra frustración ante la ineptitud e inoperancia de las administraciones que nos han tocado en suerte. Cinco ministros de la Vivienda, seis directores generales, siete delegados provinciales, cuatro directores del INUR, tres alcaldes, tres gerentes municipales de Urbanismo e infinidad de subdirectores, consejeros delegados de servicio no han sido capaces de darnos soluciones concretas. La conclusión a la que hemos llegado es clara -afirman-: el Ministerio, la Coplaco y el Ayuntamiento no saben o no quieren saber qué es y cómo se hace una remodelación de un barrio de chabolas.»

Las dificultades teóricas que se han interpuesto a la construcción de las obras, han estado promovidas por una veintena de propietarios que se resisten a abandonar las viejas casas por considerar que sus terrenos no han sido suficientemente valorados. El hecho de que sólo unos pocos vecinos hayan recurrido contra el precio pagado poi los terrenos y las consecuencias que acarrea fueron explicadas por el presidente de la asociación de vecinos, Félix López, quien argumentó que si el 95 % de los propietarios habían aceptado el precio era porque «ninguno de nosotros queríamos especular con el suelo. Cuanto más barato se pagara, menos costarían las nuevas viviendas. Los únicos perjudicados serían los grandes propietarios, pero ellos no viven en la Meseta y además son un reducidísimo grupo de veinte personas que pretenden cobrar entre 35.000 y 40.000 pesetas por el metro cladrado».

«La explicación de que veinte personas puedan paralizar la construcción de 1.516 viviendas consiste en que la Administración atraviesa una fuerte crisis de poder.»

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