El ministerio fiscal, contra un sindicato de la judicatura catalana

La fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid presentó una demanda contra la constitución del Sindicato de la Administración de Justicia de Cataluña (SAJC). La demanda se encuentra en el Juzgado de Primera instancia número tres de los de Madrid, cuyo titular ha exhortado ya a un juzgado barcelonés para que se comunique el contenido de la demanda a los miembros de la judicatura promotores del SAJC.

La postura de la fiscalía madrileña difiere de la sostenida por el poder ejecutivo, por cuanto que la dirección general de la función pública de la Presidencia del Gobierno informó por escrito, de manera favorable, acerca de la procedencia de la constitución del SAJC. Se da también el caso que la fiscalía madrileña invoca como principios de derecho la ley Orgánica del Estado, elaborada por el general Franco, y afectada, desde luego, por el proceso constituyente en curso, a como la ley Orgánica del Poder Judicial elaborada bajo el mandato del ministro Ruiz Jarabo. Esta última ley está, de hecho, sin efecto, por cuanto que un reciente Consejo de Ministros remitió a las Cortes una disposición en este sentido.

Sucede también que entre los promotores del SAJC afectados por la demanda de la fiscalía madrileña figuran destacados magistrados, jueces y fiscales de reputado prestigio en Cataluña.

Como magistrados promotores del SAJC cabe citar a Enrique Molina, Cesáreo Rodríguez,Aguilera, Francisco Talón, Enrique Álvarez-Cruz; junto con los jueces José Peré Raluy y Femando Campos, y los fiscales José María Mena, Antonio Gisbert y Antonio Bures.

El SAJC pretende integrar y defender no solamente a magistrados, jueces y fiscales, sino también a secretarios de juzgado —que figuran asimismo entre los promotores— y a todo tipo de personal subalterno de la administración de justicia residente en Cataluña. Ello le puede convertir en un sindicato sin ningún parangón en toda Europa occidental, ya que en los demás países de dicha área los sindicatos de magistrados son distintos de aquellos que integran al personal subalterno de la administración de justicia.

Apoyo de Justicia Democrática

Miembros de la antigua organización antifranquista Justicia Democrática apoyan formalmente el proyecto ahora impugnado. Es de recordar que esta organización ilegal nació en Cataluña en 1967 y es en Barcelona donde cuenta con mayor fuerza. No obstante, no es en absoluto posible afirmar que una organización sea la prolongación de la otra, por cuanto que entre las personas que participaron en la gestación del SAJC los miembros de Justicia Democrática son una minoría.

La reunión formal de constitución tuvo efecto el pasado 30 de julio, bajo la presidencia del magistrado Enrique Molina. Junto con el hecho de aceptar a todas las categorías profesionales, destaca en el SAJC el que su ámbito sea meramente catalán. Ello tiene una especial significación debido a varias razones. En primer lugar es de recordar que los miembros de la judicatura residentes y destinados en Cataluña suelen ser, en su muy clara mayoría, personas procedentes de fuera del Principado, dada, entre otras posibles razones, la poca atracción que los catalanes sienten hacia el funcionariado.

La constitución del SAJC en el mero ámbito catalán indica que sus promotores —muy pocos de ellos nacidos en Cataluña— respetan y comprenden las peculiaridades catalanas, sin que por ello pretendan separarse de los demás componentes de sus cuerpos estatales. Pero esta actitud puede no ser la que cuente con las mayores simpatías en otros ámbitos, pese a la actual comprensión del Gobierno y de la Corona hacia el tema catalán.