Fraga, contrario al restablecimiento por decreto de la Generalitat

La oposición de Alianza Popular (AP) a que la Generalitat se restablezca por decreto, la consideración de insuficiencia respecto a las medidas económicas y la preocupación por el deterioro del orden público, especialmente en el País Vasco, fueron tres de los temas expuestos por el secretario general de AP, Manuel Fraga, al presidente del Gobierno, en la entrevista que mantuvieron ayer, durante una hora y cuarenta y cinco minutos, en el palacio de la Moncloa.

El encuentro se inscribe dentro de los contactos que el presidente ha iniciado con los líderes de las distintas formaciones parlamentarias. El señor Fraga, a la salida de la entrevista, manifestó que el señor Suárez le había informado sobre los proyectos legislativos que el propio presidente piensa presentar ante las Cortes y el conjunto de medidas que compondrán el programa del Gobierno para ser expuesto ante el Parlamento.Dijo también el líder de AP que, por su parte, había expuesto al presidente la preocupación de su partido por los temas autonómicos y la preocupación ante la posibilidad de que la Generalitat se restablezca por decreto, hurtando a las Cortes un tema que ellos entienden de su competencia.

Hizo referencia a lo que, según él, puede calificarse como grave deterioro de la autoridad y del orden público, especialmente en las provincias vascas y que afecta al desarrollo constitucional y democrático del país.

Afirmó que había transmitido al presidente su decepción por las medidas económicas adoptadas, que juzgaba insuficientes y que no han contentado a los sectores más directamente afectados. El señor Fraga dijo que era necesario un auténtico programa económico elabora do con la participación de las distintas fuerzas políticas.

El líder de AP respondió, a una pregunta sobre su posible apoyo a la Unión de Centro Democrático (UCD) en las Cortes, en el sentido de que ellos tendrían siempre en cuenta los intereses de España. Por fin aseguró que habían llegado a una coincidencia en la necesidad de poner en marcha una serie de medidas legislativas, que pueden anteceder a la Constitución y siempre que sean sometidas a discusión en las Cortes y no promulgadas por decreto-ley.