La nueva constitución

Diputado por Toledo del grupo parlamentario de Alianza PopularLos periódicos se están haciendo eco estos días de la diversidad de opiniones en orden a la duración de los trabajos preparatorios de la nueva Constitución y a la fecha en que ésta podrá ser una realidad. En general, llama la atención de muchos comentaristas, y con razón, el largo período de tiempo que parece preverse por los máximos responsables de la tarea constitucional.

Yo soy consciente de que una nueva Constitución debe ser elaborada reflexivamente y sin precipitaciones. Pero, sinceramente, no acierto a comprender que se hable de «años» a la hora de precisar en el período necesario para dotar a España de una nueva Constitución. Creo que ésta debe ser una tarea de «meses», no de «años», y que el referendum constitucional no debe ir más allá de la próxima primavera.

Un calendario razonable sería que la ponencia tuviera listo el texto a primeros de octubre y que a mediados de noviembre terminara la discusión en el Congreso y en diciembre se discutiera en el Senado. Contando con las posibles discrepancias de ambas Cámaras y los trámites para resolverlas, a fines de enero la nueva Constitución debería salir de las Cortes y en febrero podría tener lugar el referéndum.Hemos de ser conscientes de que la ley de Reforma Política y la propia situación de hecho creada con ella y con las elecciones generales han supuesto prácticamente la inaplicabilidad de las Leyes Fundamentales. Las Leyes Fundamentales no han sido derogadas, pero nadie diría que están realmente «vigentes», con plena eficacia jurídica y política. La resultante es que España tiene y no tiene Constitución. que las decisiones políticas de cada día están con frecuencia en efectiva contradicción con la legalidad fundamental, y que no se puede seguir estirando la cuerda para amparar en un sistema constitucional una realidad política no sólo diferente, sino contradictoria. La anómala situación del Consejo del Reino, los juegos en la cuerda floja para el «restablecimiento» de las autonomías, las tensiones en torno a la posibilidad del voto de censura al Gobierno, la extraña situación sindical... Todo esto no son sino expresiones de una anormalidad jurídico- política fundamental a la que hay que poner fin cuanto antes,

La inseguridad y la confusión jurídicas son uno de los más graves daños que puede padecer un Estado. Si un Estado quiere ser «de derecho», lo primero que tiene que tener es un derecho fundamental que constituya la infraestructura, el apoyo y el condicionamiento a la vez de la actividad política. Un sistema constitucional puede ser bueno o malo, pero peor es no tenerlo, o tenerlo a medias, y andar sorteándolo cada día.

¿A qué puede deberse la poca prisa que parecen tener los máximos responsables del tema en dar a España la Constitución que ya inevitablemente necesita? ¿Se trata de mantener mientras tanto al Gobierno más libre de ataduras y cortapisas, de facilitarle la maniobra, de continuar realmente con unos poderes excepcionales? ¿Influye el temor de que la discusión a fondo de los grandes temas constitucionales ponga de manifiesto la profundidad de algunas discrepancias de criterio, que ahora se van «capeando» entre bastidores? ¿Pesa el deseo de prolongar la legislatura, ante la posibilidad de que una nueva Constitución acelere unas nuevas elecciones generales? En definitiva, ¿por qué no tiene prisa el Centro y, lo que resulta más extraño, por qué el PSOE parece entrar en el juego?

Realmente desconocemos las últimas razones, e incluso puede ocurrir que sencillamente unos y otros piensen que el asunto no es tan urgente. Por mi parte, me siento obligado a hacer una llamada de atención sobre esa urgencia. Porque no es posible, sin quebranto del Estado, del respeto a la ley, y de la necesaria congruencia y claridad política, mantener mucho tiempo una discrepancia esencial entre la Constitución del Estado y la actuación política de cada día; ni será posible resolver los grandes temas constitucionales si no es a través de la Constitución. Las facultades del Jefe del Estado, las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, la regulación de las autonomías, el concepto y función de los sindicatos, el enfoque del ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas... son temas constitucionales que sólo se resolverán eficaz y congruentemente en la Constitución.

Pretender restaurar la Generalitat al amparo de la vigente ley de Bases de Régimen Local; intentar abordar el problema de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo a través del Reglamento de las Cortes; establecer una nueva estructura sindical sin tocar el Fuero del Trabajo, mantener las funciones del Consejo del Reino como antes de la reforma política... todo eso y mucho más que está sobre el tapete, es «rizar el rizo» de las habilidades y las contradicciones, buscar soluciones a medias, y crear situaciones que serán fuente permanente de conflicto entre las instituciones.Apoyándome en los propósitos de «realismo» del Gobierno, no tengo más remedio que subrayar que para ser congruente con ellos hay que procurar que Español tenga cuanto antes una nueva Constitución. La reforma política pudo hacerse de un modo u otro, pero tal como se ha hecho ha conducido a una realidad que ahí está, a una situación que es la que es. Y esa situación está llena en este momento de normas, actitudes y decisiones inconstitucionales. Porque nuestra realidad política no tiene nada que ver con nuestra formalidad constitucional. Y tal como están las cosas, no tenemos más remedio que hacer una nueva Constitución si queremos ser un Estado de derecho. Por duro que parezca, ahora no lo somos; ahora lo somos menos que antes.

La rápida elaboración de la Constitución, ¿supone la necesidad de nuevas elecciones generales en plazo breve? No puede soslayarse esta cuestión. Pero conviene analizarla con cuidado.

Yo siempre me he mostrado partidario de que la legislatura debe durar el mayor tiempo posible, dentro de su período legal de vigencia, porque los problemas de España requieren un tiempo de estabilidad política relativamente largo. Pero soy consciente de que es difícil, por muchas razones, que esta legislatura agote su mandato. Y reconozco que, efectivamente la nueva Constitución será un elemento importante para definir la duración de las Cortes. Como también incidirán las elecciones municipales, o cualquiera de los otros grandes temas pendientes, como el de las autonomías o el sindical, o la situación económica...Pero en todo caso, y aun cuando la nueva Constitución sea un factor importante para la duración de la legislatura, no creo que sea totalmente decisivo, ya que puede haber otros, y cabe, incluso, que la situación pueda deteriorarse más rápidamente si la Constitución se dilata demasiado y, por consecuencia, los grandes temas, o no se resuelven o se resuelven a medias, o se resuelven por vías colaterales y medio de «tapadillo». Y, en consecuencia, puede acelerarse lo que se trataba de retrasar.

La nueva Constitución no debería provocar por sí misma nuevas elecciones generales, ya que a España le conviene que se demoren el tiempo suficiente para encauzar el problema económico, normalizar la situación laboral y restaurar el principio de autoridad y de respeto a la ley, ahora deteriorados por transigencias, tolerancias y discreccionalidades, que tratan de explicarse por la falta de adecuación entre realidad y legalidad.

Hagamos esa adecuación cuanto antes al máximo nivel, al nivel constitucional. De otra forma, podemos caer en el error de empezar a hacer la casa por el tejado.