Los trabajadores de la AISS pueden ir a la huelga en septiembre
En septiembre podrían producirse graves conflictos protagonizados por los 34.000 trabajadores de la Administración Institucional de Servicios Profesionales, antigua Organización Sindical, como respuesta a la confusa política del Gobierno sobre este colectivo y al malestar que desde hace muchos meses despierta la incertidumbre sobre su futuro, según declararon a EL PAIS dirigentes de la Asociación Independiente de Funcionanos de la AISS.Según las citadas fuentes, que secundaron sus palabras con los diarios y el Boletín Oficial del Estado del 5 de agosto, en la referencia del Consejo de Ministros del día anterior, que contempló la reforma administrativa, se expuso que la AISS y su comisión de transfarencia se incorporaban al Ministerio de Trabajo. La referencia respondía, afirmaron los dirigentes de la AISS, al proyecto que se elaboró para el Consejo. Sin embargo, el mismo día que se publicaba en la prensa la referencia del Consejo, el Boletín Oficial del Estado recogía las disposiciones relativas a la reforma de la Administración y en ellas no figuraba tal incorporación a nivel de departamento de la AISS a Trabajo, limitándose a transferir al titular de este último Departamento las funciones y competencias del ministro de Relaciones Sindicales.
Resulta incongruente, según las citadas fuentes, que el gabinete de prensa de Presidencia del Gobierno, en presencia del ministro de la Presidencia, informe al país a través de RTVE y demás medios informativos de un acuerdo del Consejo de Ministros, y en el BOE aparezca algo totalmente distinto. También es incomprensible, añaden, que un organismo como la AISS, que está pendiente de regulación en todo lo que afecta a determinación de funciones y transferencia a los departamentos ministeriales que correspondan, sea totalmente olvidada en el decreto de reestructuración de la Administración.
La actual situación de la AISS, calificada también de incomprensible por los directivos de la asociación, supone su adscripción como organismo autónomo a Presidencia del Gobierno, por una parte, y la dependencia del ministro -no del Ministerio- de Trabajo, por otra.
El paro que pretenden acordar, tras infructuosas gestiones en Presidencia y Trabajo, afectaría a los servicios de asesoramiento jurídico-laboral al trabajador y a las residencias de verano y ciudades sindicales.
