La financiación de las comunicaciones
Un país con una mala infraestructura de comunicaciones tiene, enesa misma circunstancia, uno de los frenos estructurales más im portantes para el desarrollo económico y social. Como contra partida, una estructura adecuada de comunicaciones, anticipada tecnológicamente, es una garantía estructural, un potencial multiplicador para la actividad económica y el desarrollo social. Es un hecho bastante desconocido como pudo España, a partir de 1960, y partien do de una situación acorde con la generalidad del país -subdesarrollo, sin paliativos- crear algo que objetivamente, y de un modo global, no sólo es válido y de calidad, sino incluso, en algunos aspectos, avanzado respecto a muchos países con mayor nivel de desarrollo. Esto no supone, desde luego, que el camino recorrido haya sido el mejor; tampoco debe considerarse como suficiente para ocultar defectos pasados y presentes, así como errores, incluso graves. Supone simplemente la virtualidad de una situación políticamente válida: nuestro país posee una Red de Comunicaciones, de telecomunicaciones, en general, avanzada, capaz de acoger las necesidades futuras, al menos cualitativamente. El hecho es importante porque la calidad y la base tecnológica no se improvisan y requerirían hoy, partiendo de cero, varios años de maduración. Sin esa componente cualitativa, las comunicaciones se verían fuertemente frenadas en un próximo futuro, siendo su resolución tremendamente onerosa, pues obligaría a la creación de sub-redes privadas en un nuevo tipo de usuario sofisticado (sistemas informáticos en tiempo real y teleproceso en general).El cómo pudo conseguirse puede empezar a comprenderse si consideramos que, de los 400.000 millones de pesetas en activos del sector de las telecomunicaciones (véase EL PAIS 6-6-77, «Piden un Ministerio de Comunicaciones»), las tres cuartas partes han sido proyectados, dimensionados, instalados, mantenidos, explotados y financiados por Telefónica, que, a su vez, ocupa a más del 50 % de los trabajadores del sector.
Un Estado con un sector público deficitario crónico, deseando sobremontar el subdesarrollo, con un sistema fiscal regresivo, sin capacidad política ni moral para incrementar la recaudación, no disponía de los medios para financiar los 5.000 millones de dólares que iba a costar obtener un sistema de telecomunicaciones adecuado a las expectativas del país a comienzo de los años sesenta.
Barrera de Irimo comprendió esa necesidad y encontró una solución: capitalismo popular. El Estado no podía directamente acometer la tarea. Si CTNE con unas tarifas políticas y un contrato de concesión del servicio telefónico que limita sus beneficios y su autofinanciación, debía hacer frente a necesidades urgentes y a fuertes presiones políticas, la única salida posible (política) era la que Barrera escogió. El Ministerio de Hacienda (Telefónica no es del INI) se limitó a participar en las suscripciones anuales de capital, manteniendo, aproximadamente, un tercio del total y, por ese mecanismo, ayudando con los circuitos de financiación privilegiada, evitó tener que destinar, endémicamente, al menos un 15 % del presupuesto del Estado a la financiación de las telecomunicaciones. Desde el punto de vista técnico, y de capacidad de gestión, tampoco existían demasiadas alternativas. La Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT, en lo sucesivo), como ente administrativo, carecía del dinamismo y de las condiciones adecuadas para afrontar la tarea urgente («la compra de un terreno en el que colocar un poste es una maniobra que puede demorarse hasta diez años ... » EL PAIS, op. cit.), como lo demuestra, por otra parte, el estrangulamiento que han padecido durante muchísimos años -y aún hoy, en parte- los servicios Telex.
El Estado, como consecuencia, asumió cómodamente el «Plan Barrera», limitándose a no preocuparse de la planificación de las comunicaciones (quizá, por ello, tengamos hoy unas buenas telecomunicaciones). Le era más práctico, y directo, presionar a CTNE para que instalara líneas, disminuyera demoras, tendiera cables submarinos, automatizara pueblos, a veces a golpe de cacique, pusiera enormes centrales en «polos de desarrollo» que, a veces, jamás pasaron de ensueños. Fue problema de CTNE prever la demanda y la localización de la misma, como si estuviera en régimen de mercado abierto. Porque todos sabemos que nuestros «planes de desarrollo» eran poco más que salmouia de bienaventuranzas y poco tmdían orientar. Más bien confundir.
De este modo se llevó a cabo una fórmula curiosa. Ni estatificación patrimonial del sector, ni régimen de privatización absoluta. Financiación privada, para objetivos públicos, con control público, precios políticos y régimen de gestión intervenido. Si ésta fórmula se patentara debiera hacerse con el nombre de socialización de los fines, con «privatización de medios». (bajo control público).
Con ello el país posee una infraestructura más que aceptable, moderna, capaz (al menos en su 75 %), habiendo Financiado el Estado, directamen te, menos del 10 % que, a su vez, le ha salido gratis por el dividendo percibido, los impuestos aplicados por ese medio y las maniobras especulativas cuando vendía acciones al alza. Mantiene, a su vez, un control mayor del que ostenta sobre algunos departamentos públicos: nombra, virtualmente, al presidente de CTNE; mantiene un delegado del Gobierno en los órganos ejecutivos; ejerce presiones y controles desde los Ministerios de Hacienda, Gobernación y Presidencia del Gobierno; el contrato de cesión del servicio limita las posibilidadesde acción de la compañía y garantiza que, globalmente, sus beneficios sean los mínimos, limitando, además, su autofiríanciación. De hecho Telefónica mantiene una de las relaciones servicio/precio más favorables del mundo. Si Telefónica fuera una empresa pública tendría, posiblemente, menores cortapisas, limitaciones y controles.
