Un pacto nacional

Pero, hombre, ¿quién era el que no estaba preparado aquí para la democracia? Pues los partidos franquistas que han logrado el milagro de la desaparición de las papeletas contrarias en numerosas mesas electorales; los concejales y alcaldes del dedo que hayan distribuido propaganda y votos dentro de los sobres al elector sorprendido; los gobiernos civiles que no habían sellado algunas urnas antes de comenzar la votación. Pero el pueblo, ese pueblo adulado y halagado tantos años desde las tribunas oficiales, ese pueblo olvidado después por los mismos oligarcas, ha acudido en masa y en calma ante las urnas, haciendo caso omiso de las provocaciones terroristas, ejerciendo alegremente un derecho que hasta ayer mismo le había sido prohibido.Hoy es lícito y necesario sumarse a la euforia de la libertad. El franquismo había sumido a este país en la más humillante de las realidades poIíticas: en aquella en que los hombres no son ciudadanos, sino súbditos, y no tienen derechos, sino sólo obligaciones; en aquella en la que la inmensa mayoría de un país trabajaba para garantizar los privilegios de instituciones y personas y se veía impedida de expresar limpia y libremente su pensamiento y su deseo. Hoy, la soberanía de los españoles ha vuelto a los españoles. Y verdaderamente puede decirse que la dictadura ha muerto.

Pero es preciso no mitificar la democracia. Vamos a comenzar una etapa de lucha e incertidumbres, de creación y de esfuerzo. Todas las contradicciones de esta sociedad secular nuestra van a hacerse patentes en la hora de la libertad. Y vamos a ver ese país oculto y reprimido durante años aflorar a la superficie. Hay que pedir serenidad y no tener miedo.

Porque la democracia, gane quien gane en las urnas, supone un cambio cualitativo y esencial en la convivencia española. Nada en política va a ser igual desde ahora a como fue antes de ayer. Ni el Poder va a comportarse -aunque quiera- con la omnipotencia arrogante de los burócratas de antaño, ni la calle va a tener que sufrir el pavor de la arbitrariedad y la represión. Y los franquistas que hayan visto refrendada ahora su gestión política en las urnas deben entender que no podrán, sin embargo, en el futuro, seguir gobernando este, país como una finca. Porque la democracia no es sólo el Gobierno de la mayoría, sino los derechos de la oposición también y la posibilidad de una alternativa de poder. Ninguna de estas cosas han conocido ni respetado antes estos hombres con experiencia de gobierno, que han basado en su brillante pasado de servidores de la dictadura sus campañas electorales. La democracia es un régimen de pactos, y ellos sólo sabían mandar a los demás.

Un apretado calendario político se abre ahora ante el futuro de nuestro país. En el plazo de días han de proclamarse los resultados electorales, disolverse las Cortes franquistas, celebrar la sesión constitutiva de las nuevas, aprobar el reglamento de éstas y abordar la tarea inmediata de redactar una Constitución. Quienes han insistido durante la campaña en lo innecesario de un período constituyente y la conveniencia, sólo, de una reforma de las leyes actuales, van a comprobar ahora hasta qué punto su ceguera política les llevó a equivocarse. Este país está reclamando una norma legal democrática y no una carta otorgada como la Ley Orgánica. Y habrá que comenzar por arriba: estableciendo las bases constitucionales de una Monarquía cuyo gran servicio histórico ha sido restablecer las libertades públicas y los derechos cívicos, y que debe reposar de ahora en adelante sobre el consenso de los ciudadanos y no sobre la herencia de la dictadura. El arbitraje del Rey va a seguir siendo necesario -quizá ahora más que nunca-, pero tendrá que limitar sus prerrogativas de poder y administrar su capacidad de intervención en las contingencias políticas. Punto inmediato de debate será, igualmente, el problema de las autonomías del País Vasco y Cataluña y la reclamación probable por algún sector de la Cámara de una estructura federal del Estado. La solución de tan delicado problema no puede ser aplazada después de que cientos de miles de votos han sido depositados en las urnas a favor de los autonomistas.

El Gobierno español no es, según la ley de Reforma Política, responsable de su gestión ante las Cortes, pero, sin duda, una crisis del ejecutivo ha de producirse después de estas elecciones generales. El próximo Gabinete reflejará los resultados de estos comicios. El nuevo Gobierno debe tener unos pocos objetivos inmediatos: medidas de saneamiento económico a corto plazo, en la seguridad de que el problema de fondo necesita, sin embargo, un largo tiempo para ser resuelto; convocatoria de elecciones municipales democráticas que acaben con el aparato burocrático de la dictadura y sitúen en los ayuntamientos, como en las Cortes, a los verdaderos representantes del pueblo, y convocatoria de unas nuevas elecciones generales legislativas, una vez redactada la Constitución y la ley Electoral que las regule.

Una tarea así exige un auténtico pacto nacional entre las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara. No debe haber, durante el período constituyente, un Gobierno que no cuente con el apoyo mayoritario del Congreso de Diputados; como tampoco debe existir una Oposición que no colabore, en momentos como éste, a la reconstrucción moral, económica y política del país. Las responsabilidades deben ser aceptadas por todos, y todos deben asumir el riesgo, si fuera preciso, de hacerlas efectivas desde el Poder. Por más que esto amenace con dañar la imagen futura de los diversos partidos o líderes. No es lícito, en circunstancias como las actuales, anteponer el interés particular de cada grupo al general de todos los españoles.

Un Gobierno como el señalado es necesariamente un Gobierno provisional, y como tales deben ser convocados los ministros y presentados a la opinión. Antes de nueve meses, los españoles tendremos que acudir otra vez a las urnas a elegir nuestros ediles. Y en año y medio unas nuevas elecciones generales deben sellar el período de transición de las instituciones franquistas a un régimen de democracia plena. Sólo a partir de ese momento podrá considerarse normalizada la vida política de este país y podrán abordarse desde el ejecutivo, con la serenidad y consenso necesarios, los problemas de la gobernación.

Los españoles debemos, pues, tener a un tiempo la prisa necesaria para llevar adelante este proceso y la calma precisa para no destruirlo de impaciencias. Y, en la alegría de la libertad que hoy se nos ofrece, contener las expresiones de júbilo masivo que irriten al gran perdedor de estos comicios: el fantasma perdurable de la dictadura y su entramado de intereses aún afincados en muchos rincones de la Península. Pues por encima del triunfo de un partido o coalición, hoy se celebra en España la victoria real del reconocimiento de los derechos de todo un pueblo.