Correos y Telégrafos puede convertirse en empresa pública u organismo autónomo

El Gobierno está estudiando en la actualidad dos posibilidades para reorganizar la actual Dirección de Correos y Telégrafos. La primera de ellas consiste en la creación de un organismo autónomo que se denominaría Servicio de Correos y Telecomunicaciones y la segunda supondría la puesta en marcha de una empresa pública de Correos y Telecomunicación. La elección por una de estas posibilidades parece urgir a algunos miembros de la Administración, y, según fuentes consultadas por EL PAIS, se contempla como dentro de lo posible la aprobación de un decreto ley por un próximo Consejo de Ministros que haría posible esta reestructuración incluso antes de las elecciones.

La falta de información sobre la realidad de alguna de estas posibilidades ha sido el denominador común de toda la operación, y el sigilo con que se ha llevado a cabo, según funcionarios de la Dirección General, comienza a causar cierto temor y desconfianza entre los casi 60.000 funcionarios del Cuerpo que creen ver su futuro bastante incierto.El director general de Correos y Telégrafos, Ignacio Acha, ha manifestado a EL PAIS que desconoce cuál será la fórmula que adopte el Gobierno, aunque ha asegurado que los funcionarios públicos del Cuerpo no perderán ni su categoría laboral ni sus derechos.

Motivos de un cambio

La reestructuración de los servicios de Correos y Telégrafos es ya un tema antiguo y que en varias ocasiones se ha intentado abordar, aunque con poca fortuna. Un cambio de estructura y la necesidad de replantear estos servicios fueron ya estudiados e informados favorablemente por las respectivas comisiones de los Planes de Desarrollo III y IV. Igualmente, se tiene noticias de que siendo director general de Correos y Telégrafos, León Herrera, -actual delegado del Gobierno en Telefónica- se intentó abordar dicha reorganización con los mismos resultados.En primer lugar, cabe resaltar los conflictos laborales que se vienen planteando en el seno de la numerosa plantilla por diversas causas que van desde la insatisfacción por las retribuciones, a la falta de una representatividad efectiva y real al igual que existe en otros estamentos de la vida social y económica del país.

En segundo término, resalta la falta de rentabilidad de unos servicios que actualmente son financiados por el contribuyente y no por el usuario. Según la versión oficial, la reestructuración supondría la búsqueda de rentabilidad perdida. Los funcionarios aseguran que la rentabilidad puede conseguirse con las actuales estructuras aunque con una gestión más cualificada.

Por último, se pone de manifiesto que la reestructuración tiene por objeto la agilización de los servicios de explotación postal y telegráficos, resaltando que sólo afectaría a la explotación, ya que la Dirección General continuaría existiendo.

La forma de hacer el cambio

Los informes oficiales redactados para dar forma a esta reestructuración -desconocemos si con posterioridad se han elaborado otros nuevos adolecen de la más mínima claridad y resulta difícil conocer la situación a través de ellos.Según las bases para la creación de un organismo autónomo de Servicio Público, dicha entidad estaría adscrita al Ministerio de la Gobernación y se regiría por la ley del Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas y se consideraría incluido en el artículo cuarto de la ley General Presupuestaria.

El objeto de este organismo sería la explotación del tráfico de todos los servicios que tiene actualmente atribuidos la Dirección General actual y todos aquellos que pudieran asignarse leen el futuro. Igualmente podría desarrollar otras actividades comerciales e industriales que estimen conveniente y que sean base, desarrollo o consecuencia de los servicios fundamentales que constituyen su objeto. Para el régimen y gobierno de este organismo se crearía un Consejo Superior, compuesto por representantes de la Administración y presidida por el ministro de la Gobernación, y un Consejo de Administración, en donde estaría representado el Ministerio de la Gobernación, funcionarios y usuarios.

El Consejo de Ministros tendrá competencia para fijar los sueldos, remuneraciones derechos y del personal. La Dirección General de Correos y Telecomúnicación podría utilizar personal contratado para toda clase de prestaciones por un año.

Los funcionarios de Correos y Telecomunicaciones que pasen a prestar servicio al nuevo organismo quedarían en situación de supernumerarios, con respecto de toda clase de derechos que conceda la legislación vigente.

El segundo informe sobre creación de una empresa pública supondría la puesta en marcha de una entidad de derecho público, que actuaría en régimen de empresa mercantil, con personalidad jurídica independiente del Estado, organización autónoma, patrimonio propio y plena capacidad para el desarrollo de sus fines. La nueva empresa dependería de Gobernación.

Otro de los puntos novedosos con respecto a la anterior fórmula consistiría en que podrían acudir tanto al crédito privado como público para la financiación de las inversiones y su desarrollo. La empresa elaborará anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación, de acuerdo con las normas establecidas en la vigente ley General Presupuestaria.

Por lo que respecta al personal, la novedad de esta fórmula con respecto a la anterior consistiría en que aquel que se considere necesario se regirá por un estatuto en el que se determinarán formas de ingreso, retribuciones, derechos, etcétera. Dicho estatuto debería publicarse en el plazo de seis meses después de la creación y deberá ser aprobado por el Ministerio de la Gobernación, y en el Turismo se concederá opción a los funcionarios para que puedan cogerse a lo que se determine.

El oscurantismo que encabeza toda esta maniobra está creando in profundo malestar entre los funcionarios de Correos y Telégrafos que no las tienen todas consigo, ya que piensan -según han manifestado a EL PAIS que la citada reestructuración oculta otra maniobra de otro carácter.

Estos funcionarios opinan que a creación de un organismo autónomo podría suponer un es escalón preconcebido hacia la desaparición de las comunicaciones estatales, que terminaría con a cesión de su patrimonio a las empresas privadas. Este punto ha ido desmentido categóricamente por el señor Acha, quien ha manifestado que lo único que se intenta es crear un organismo al estilo de los existentes en otros países industrializados. La experiencia, según el director general sería similar a la realizada con la Caja Postal de Ahorros y no a la seguida por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).