"La misión de la Coplaco no es castigar la infracción, sino evitar que se produzca"

Los excesos de altura de volumen construido, abusos en el uso del suelo, como puede ser edificar en zona rústica, y parcelaciones ilegales son las denuncias más comunes presentadas en el Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística del Area Metropolitana. José Suay, delegado del Gobierno en el Area, y José Ramón Franco, jefe del Servicio, expusieron las facilidades y las cortapisas que en su tarea les marca la ley.

-¿Cuál es la misión y las funciones del Servicio de Inspección y Disciplina?-La vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de aquellos a quienes van dirigidas. Es decir, detectar los hechos que sean posiblemente sancionables y, en este caso, proponer a los organismos competentes la adopción de las medidas oportunas. El texto refundido de la ley del Suelo, de abril de 1976, señala cuáles son el tipo de infracciones de carácter grave, que coinciden con las expuestas como denuncias más comunes. Una particularmente grave, que la ley castiga muy severamente, y que es la que menos atrae la atención del público, es la de la parcelación ilegal. No se puede trocear una parcela sin Plan General o Plan Parcial previo. La sanción en estos casos llega a imponer multas por el valor total del beneficio obtenido.

-Y en el resto de los casos?

-En todos los demás estamos a la espera que se desarrolle el reglamento de la ley, que especificará la sanción exacta a imponer en cada caso. Lo único que el Area puede hacer es proponer al gobernador civil la paralización de las obras, pero por ahora no se pueden imponer sanciones económicas, que además también corresponde al gobernador o al ministro de la Vivienda, previo expediente sancionador incoado por nosotros.

- En estos últimos años están saliendo a la luz casos espectaculares de abusos urbanísticos. ¿Qué o quién ha permitido su existencia?

-La explicación es larga y en ella inciden varias figuras legales. Básicamente, la gran laguna de la antigua ley del Suelo de 1956 era que, cuando un Ayuntamiento concedía licencias de edificación, si después se advertía alguna irregularidad, para anularlas debía indemnizarse al propietario, indemnizaciones que en la mayoría de los casos no podrían pagarse. Según la nueva ley, una licencia ilegal puede ser anulada sin indemnización alguna. Aparte que la implantación en la práctica de las Normas Subsidiarias y los Planes Generales están encauzando el urbanismo y evitando en gran medida los abusos cometidos en años pasados.

En 1976, por ejemplo, hubo trescientas infracciones que estimamos como tales, y a las que se abrió expediente. En lo que va de año contabilizamos ya 150. En su gran mayoría son denunciadas por particulares.

Autonomía municipal

-¿Es conveniente la relación directa particular-Area, o sería mejor que los Ayuntamientos vigilaran y sancionaran las denuncias en sus municipios respectivos?-Por supuesto. De hecho, la competencia originaria es municipal. El Ayuntamiento puede suspender obras e incluso decretar la demolición de lo construido. En la nueva ley se señala que son responsables incluso los concejales que hayan votado a favor de conceder una licencia que luego resulte ilegal, si los servicios técnicos municipales así lo hubieran hecho constar, o si hubiera habido aviso del secretario.

-En la práctica esto no sucede así, y no es raro que los mismos Ayuntamientos toleren a sabiendas las infracciones. ¿Cómo se explica este hecho?

- Porque los Ayuntamientos están, a su vez presionados por los problemas de sus pueblos. No es la primera vez que se conceden licencias para con las tasas de las mismas construir el alcantarillado del pueblo. O para resolver un problema de paro, o simplemente para dar vida al pueblo. En muchos casos, además, algo de culpa es nuestra, porque no hemos previsto las necesidades de expansión y se han encontrado sin suelo para edificar. Se crea así un mercado viciado, poco propenso a respetar las normas a rajatabla.

En algunos casos no es sólo que el Ayuntamiento haya permitido, si no que es, el mismo alcalde, o los concejales, quienes se han beneficiado de las irregularidades.

-Es muy probable, pero vamos a ser realistas. La vida municipal es un reflejo de la vida nacional, y abusos de ese tipo ocurren desgraciadamente en muchos sectores.

Actualmente sólo hay seis inspectores para vigilar los casi 180 municipios de la provincia. ¿Se potenciará el personal a fin de lograr una vigilancia más efectiva? ¿Sería conveniente que el mismo Area tuviera capacidad de imponer sanciones?

-En esta pregunta está contenida la misión última del Area. Pensamos que somos un organismo de planeamiento, no de castigo. Nuestra misión no es la del ogro que busca culpables, sino la de poner los medios para que las infracciones no se produzcan. Lo primero que debemos hacer es anticiparnos a las necesidades, señalando a cada municipio el suelo urbanizable, lanzando suelo especial susceptible de actuaciones públicas o privadas programadas, y sólo, por último, restringiendo y sancionando, y hasta insistiendo en la disciplina preventiva que, evitando las infracciones, es la mejor.

Esto no quiere decir que el Servicio de Inspección desaparezca o mengüe. Al contrario, está previsto que crezca considerablemente, pero en su misión de orientar, de detectar necesidades, que, satisfaciéndolas, eviten el tener que detectar infracciones.