Los tres neofascistas italianos niegan pertenecer a "Ordine Nuovo"

Con la acusación de la defensa al Gobierno italiano de perseguir de forma clara y pertinaz a sus defendidos, por ser fascistas, por querer a su patria y por honrar a aquellos de sus compatriotas que vinieron a ayudar a Franco, concluyó ayer en la Audiencia Nacional la vista de la extradición de los neofascistas italianos Heliodoro Pomar, Elio Massagrande y Marco Pozzan. Uno de los defensores pidió al tribunal que no se hiciera cómplice de la obstinada persecución del Gobierno italiano, que ha utilizado el chantaje y se ha aprovechado de las especiales circunstancias políticas de España para intentar conseguir la entrega de los tres súbditos italianos.

El debate se centró en establecer si los delitos que les imputa el Gobierno italiano son o no de naturaleza política. Las autoridades italianas han cursado la petición de extradición al Gobierno español en base a que los tres neofascistas italianos habrían intentado reconstruir el Partido Fascista, mediante la creación de la organización Ordine Nuovo, y, en lo que se refiere a Pozzan, de haber cometido varios atentados con la secuela de numerosas víctimas, entre otros la explosión que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1969 en el Banco de Agricultura de Milán, que causó dieciséis muertos. Los tres negaron, a preguntas del ministerio fiscal, que hubieran pertenecido, a Ordine Nuovo, aunque sí al Frente Nazionale. En el caso de Pozzan se puso de manifiesto su buena conducta en España, hasta el punto de que la Dirección General de Seguridad le eximió a los pocos meses de su estancia en España de presentarse ante las autoridades policiales periódicamente.El ministerio fiscal se opuso a la extradición de Pomar y Massagrande, ya que, a su juicio, la acusación de pertenecer a Ordine Nuovo, aunque esta organización tenga la finalidad de atacar el orden institucional de Italia, debe ser considerada de tipo político y, en consecuencia, excluida de los supuestos previstos en las leyes que regulan la extradición. En lo que se refiere a Pozzan, el ministerio fiscal mantuvo la procedencia de la extradición, pero sólo en base a los presuntos delitos de terrorismo (atentados y explosiones) que se le imputan. «Su comportamiento y hechos que se le imputan por los tribunales italianos -dijo- deben producir horror, aun en las mentes más insensibles. Ha cometido múltiples delitos de terrorismo, con muerte de muchas personas y daños cuantiosos.»

Los defensores de Pomar y Massagrande se ratificaron en el informe del fiscal, poniendo de manifiesto, en lo que se refiere al segundo, que ya había sido juzgado en Italia por los hechos que se le imputan, siendo absuelto. El defensor de Pozzan, por su parte, se opuso a la petición de extradición porque «se pretende hacer delitos comunes de delitos políticos». Agregó que tanto el Código Penal de Italia como la Constitución de este país, establecen que son políticos no sólo los delitos de esta naturaleza, sino incluso los comunes que sean realizados con finalidad política.

La vista ha quedado pendiente de resolución, que deberá ser hecha pública en el término de -tres días. Pomar y Massagrande están implicados en España en el sumario de la fábrica de armas de la calle de Pelayo, en el que también está implicado el dirigente de los guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez-Covisa. En el caso de que se acordase su extradición, ésta no podría llevarse a efecto hasta que concluyese el anterior proceso.