"El Gobierno que salga de las elecciones debe ser el interlocutor de la Comunidad"

Pierre Duchâteau, director en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica Europea (CEE), tiene a su cargo directamente las relaciones hispano-comunitarias y puede considerarse como el más experto «eurócrata» en el tema español. Ha venido a Madrid para mantener un coloquio con empresarios españoles y aprovecha su via je para entrevistarse con autoridades y líderes de partidos políticos. Esta tarde será recibido por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el hombre sobre quien reposa, en definitiva, la decisión a adoptar por España con relación a la CEE. ha recogido sus impresiones.

EL PAIS. ¿Cuáles son, a su juicio, las perspectivas inmediatas de las relaciones hispano-comunitarias?Pierre Duebâteau: Según está previsto, el vigente acuerdo preferericial España-CEE de 1970, sólo abarcará hasta el próximo primero de julio. Se impone, pues, adaptar dicho acuerdo a la nueva realidad comunitaria de nueve miembros.

EL PAIS: Esta adaptación, ¿qué calendario y mecanismos deberá tener?

P. D : Entre las diversas posibilidades que la Comunidad ha contemplado en estas últimas semanas, se considera óptima la readaptación de las relaciones entre España y la Comunidad ampliada en dos etapas: la primera de ellas entraría en vigor el próximo primero de julio y sólo contemplaría los necesarios reajustes técnicos del Acuerdo de 1970. A lo largo de estos primeros contactos, ambas partes se pondrían de acuerdo para iniciar una segunda etapa, en la que habría de estudiarse la adaptación económica en los terrenos industrial y agrícola.

EL PAIS: Esta segunda etapa ¿cuándo podría iniciarse?

P. P.: Sería deseable que para el próximo otoño.

EL PAIS: En muchos medios españoles se considera poco favorable para nuestro país esta readaptación en dos etapas.. Se piensa que el aplazamiento hasta el otoño actúa en favor de Bruselas y en contra de Madrid.

P. D.: No lo creo así. La primera fase se hace necesaria por el corto espacio de tiempo que nos separa del primero de julio. En cuanto a la segunda, que contempla aspectos de gran trascendencia política, pienso que es preferible para ustedes que negocie con Bruselas el Gobierno que salga de las próximas elecciones. Mientras tanto, podría estudiarse una solución ad hoc para asegurar a ciertos productos agrícolas no cubiertos por el Acuerdo readaptando su penetración habitual en el mercado de los nuevos Estados miembros: Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda.

EL PAIS: ¿No ve usted a corto plazo otras posibilidades que esta simple adaptación técnica del Acuerdo de 1970?

P. D.: No, evidentemente. Las dificultades que afrontan ambas partes son grandes. España debe definir sus ofertas Y, una vez que éstas sean aceptadas por la Comunidad, será preciso una adaptación, hasta en el plano jurídico, de sus normas internas. Piense, por otra parte, que ante unas elecciones generales, el Gobierno de Madrid no puede tomar decisiones en profundidad que han de afectar seriamente a los sectores industrial y agrícola.

EL PAIS: Ahí está precisamente la antinomia. En España muchos consideran que la Comunidad puede Conllevar la ruina de la agricultura o la de la industria, según los intereses que se sacrifiquen.

P. D.: Bien. He de decirle que la Comunidad no aspira, en modo alguno, a ahogar ningún sector económico de un país que, en definitiva, va a integrarse en su seno. Pero supongo que, en efecto, habrán de presentárseles a ustedes problemas, tal como nos ha pasado y nos sigue pasando a nosotros.

EL PAIS: ¿Cree que podría haber interferencias de intereses políticos en la actitud a adoptar por España a la hora de rebajar sus aranceles y de elegir el sector o los sectores afectados?

P. D.: Todos los Gobiernos se ven sometidos a grandes presiones políticas de sus electores, Todos tienen agricultores a los que contentar para que no corten las carreteras con sus tractores. Y todos tienen también que velar polos intereses de los demás sectores económicos.

EL PAIS: La Comunidad acaba de decidir tratar globalmente el tema de los acuerdos preferenciales. Quedamos así englobados con Portugal y Grecia. ¿Por qué esta globalización?

P. D.: Esta es una apreciación del problema que presentan los terceros países a la Comunidad. Tenga en cuenta que se nos plantean problemas, no sólo agrícolas e industriales, sino también financieros laborales. Procedentes de países mediterráneos trabajan actualmente en la Comunidad unos trece millones de personas, cifra análoga a la población de algún país miembro. Esto nos hace contemplar estas cuestiones desde un punto de vista global, lo que no habrá de impedir, por supuesto, que a posteriori cada país sea tratado conforme a sus características específicas.

EL PAIS: Suponiendo un normal desarrollo del proceso político español, ¿para cuándo cree usted que España podría convertirse en miembro de pleno derecho de la CEE?

P. D.: La Comunidad confía en que tal proceso evolucionará favorablemente. Tienen ustedes a la vista unas elecciones y libertad sindical y de partidos políticos. Creo que es una hipótesis razonable pensar que para otoño de 1978 España pueda solicitar su adhesión y que ésta llegue a materializarse de 1982 a 1985.