La reforma también secuestra libros

En el último año, desde marzo de 1976 a marzo de 1977, los acontecimientos políticos se desarrollaron con inusitada rapidez. Legalizaciones de partidos, preparación de elecciones, indultos y un amplio etcétera en el que existen lamentables excepciones: los secuestros de libros es una de ellas. Rosa María Pereda informa de todo ello.

Casi treinta títulos han sido secuestrados durante el último año a las editoriales españolas. Paradiso, de José Lezama Lima, continúa prohibido, con 4antos otros, a la importación, en este caso, mientras siga sub judice su edición española. En cambio, se ha levantado la prohibición a un número considerable de libros, entre los que suenan novelas de los años 50, que constituyen las novedades de ficción de este curso.El boom del libro político -desde la biografía-reportaje de Santiago Carrillo, a los análisis más o menos serios de la situación española, pasando por la verdadera inflación -guerra civil- es posible porque la Administración ha abierto la mano, pero esta treintena de secuestros es también posible porque se sigue reservando los recursos legales que, de hecho, dejan la situación a merced de criterios variables según la coyuntura.

Así pues, y como es ususal en este tema, no es muy posible establecer criterios claros sobre la peligrosidad de unos libros frente a otrol.

Los problemas nacionales catalán, vasco y gallego, la figura del general Franco, los reportajes en torno a conflictos socioeconómicos o políticos concretos (huelgas generales, escándalos políticos o financieros) y la presentación del proyecto de algunas organizaciones políticas o laborales en situación de ilegalidad tolerada son la mayoría. Asimismo, han tenido dificultades libros que tocaban temas como la descolonización de Guinea, o instituciones como el Ejército o la Iglesia.

Y existe también -sobre todo a nivel de creación literaria- una especie de inercia o maldición que cae sobre determinados autores y obras de manera inexplicable. Cuatro páginas de Paradiso, o Fanni Hill, Memorias de una Mujer Galante, de John Loveland, son una muestra. Lo curioso del caso es que tanto a nivel de censura al sexo como a la política, existen en las librerías títulos tan fuertes o más que los prohibidos.

Dificulta aún más la situación el hecho de las muchas dependencias, de los muchos organismos que pueden ser parte interesada en el secuestro de un libro. Hay casos por ejemplo el de Angel Viñas, El Oro Español en la guerra civil, editado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, cuya distribución ha sido retenida por éste, por consejo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como lo fueron algunos de sus antecedentes sobre el terna, como el del profesor Sardá.

La Ley de Prensa reconoce la «libertad de expresión de las ideas», sujeto del artículo 12 del Fuero de los Españoles, con las limitaciones del famoso artículo segundo, actualmente en reconsideración: «Son limitaciones al respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los tribunales y la salvaguarda de la intimidad y del honor personal y familiar». Y añade que la Administración no podrá ejercer censura previa (artículo tercero) ni exigir consulta voluntaria, aunque ésta queda como opción de los editores. «De hecho, la consulta voluntaria -dice a EL PAIS Manuel Aguilar, editor e importador- fue usada algunas veces, cuando el proyecto editorial era especialmente caro, o tocaba los límites del techo editorial con riesgo de que, al secuestro, se perdiera mucho dinero. Seguía el oficio de censura, con un ligero cambio semántico: el permitimos fue sustituido por el «no, hay inconveniente», y el prohibido por «no parece aconsejable».

Otra salida, que a medida que se fue instalando este aire de libertad imparable que sufre España en los últimos años, ha ido siendo cada vez más utilizada, es el de salir «con silencio administrativo ». La Administración, consultada, ni aprueba ni reprueba en un plazo limitado de tiempo.

Y, por fin, cada vez se impone más la aparición sin consulta. La responsabilidad en que el libro aparecido puede incurrir puede tocar al editor -máximo responsable- y al propio autor, y las sanciones podrán ser de tipo administrativo o judicial. Cada libro -y en eso todas las publicaciones- debe registraarse en el MIT, y además, la denuncia de cualquier particular, en un amparo tan amplio como el cubierto por el artículo dos, puede acabar en el secuestro, y suele. La decisión administrativa, y las preventivas por parte de los jueces tienen carácter ejecutivo: el secuestro se realiza, y más tarde será el juez quien juzgue si hubo o no delito. Pero en el segundo caso se ha causado ya un grave perjuicio a la editorial y al autor mismo.

El registro del editor, esto es, de la persona que puede editar libros, pasa también por una especie de examen de conciencia o de decencia civil: el Registro de Empresas Editoriales, del MIT. Los requisitos son muchos más que los que requiere cualquier negocio mercantil.

Igualmente deben pasar por su registro en el MIT las empresas que pretendan importar libros del extranjero.

También en el caso de los libros importados, pese a la autorización, puede haber intervención judicial posterior, que limite o suspenda el permiso. Además, para cada nueva partida de libros hay que solicitar nueva autorización, por lo que se han dado casos de libros permitidos en una primera importación, que luego han sido prohibidos en nuevas remesas.

Por la libertad editorialEl importador más importante de Madrid, Manuel Aguilar, y el editor más vapuleado por la Administración en este año, Ramón Akal, definieron para EL PAIS la actual situación de la censura de libros en España.'«Aunque se ha levantado el techo editorial con la reforma -dijo el señor Aguilar- las leyes continúan siendo las mismas La censura, de cualquier forma, y desde un punto de vista simplemente liberal, es insultante. A mi modo de ver, para que haya una verdadera libertad editorial -y lo mismo para el importador- a las empresas no se les deben imponer más normas que a cualquier otra actividad mercantil. Para el control social está el Código Penal y los tribunales. La edición debe quedar liberada del control administrativo.» «Mucho más importante -sigue Manuel Aguilar- es el planteamiento de una política cultural y educativa en base sobre todo a bibliotecas públicas de las que carecemos, y que a los editores españoles nos ampliaría nuestro papel social y además nos resolvería el grave problema económico en que estamos. Porque el deterioro cultural y educativo nos perjudica a nosotros, además, a niveles económicos. Y al lector: con una compra asegurada por la Administración, los precios a la calle podrían ser mucho más bajos. »

A Ramón Akal la censura de es tos últimos seis meses («a libro por mes estamos») le ha costado «de orden de dos millones y medio de pesetas, y eso en una época difícil problemática» -dijo a EL PAIS «Yo sigo haciendo lo que en este país nadie quiere hacer: publica gente nueva, a todos los niveles. La censura nos golpea durísimamente, más que en otras épocas. Esto hasta las narices -y dilo- de lo teóricos demócratas. Que venga los demócratas de la praxis, a ve qué pasa». «Si repasas las listas de títulos secuestrados -dijo el seño Akal- verás que no son monocolores, ni lecturas desde una misma perspectiva. Pero creo que todo significaban una visión democrática, y que en los países democráticos, la mayoría están o estarían e la calle. »