El difícil gobierno desde el centro:España/ y 4

Los artículos precedentes pretendían dejar sentado que para ser viable a medio plazo y hacer posible ' una alternancia en el poder sin tensiones excesivas, un gobierno de centro (centro-derecha o centro-izquierda) no puede eludir el problema de la reforma económica y social. Se discutían muy brevemente las razones de dos fracasos (Francia e Italia) y los problemas de un intento interesante -aunque en condiciones muy difíciles- a muestras puertas (Portugal). En el presente artículo se exponen algunas razones que hacen pensar que el caso de España no debería constituir, a este respecto, una excepción.Hoy día la economía española difícilmente puede ser calificada de economía de mercado. La formación de los precios y la asigna ción de los recursos están. sesgados por una abrumadora serie de intervenciones, controles y abusos que hacen que el precio final del producto y la producción misma no guarden más que una relación remota con lo que las leyes del mercado' hubieran sugerido. Estas distorsiones existen a todos los ni veles y constituyen tal vez el elemento esencial de la herencia franquista en el terreno económico. Algunos ejemplos: la fuerte protección aduanera que hace que ,detrás de cada arancel se encuentren agazapados racimos de beneficiarlos de las correspondientes represalías; el crédito oficial que ha otorgado miles de millones de pe setas a sectores poco creadores de empleo y en condiciones tan increíbles como secretas "(acciones concertadas en la siderurgia y en la construcción naval: ¿por qué no se publican las actas?); el extraño sistema de autorización previa a la instalación de nuevas industrias, tan arbitrario y tan abierto al tráfico de influencias; el sistema de socialización de pérdidas gracias a la transferencia al INI de las empresas no rentables, y así sucesivamente.

El desmantelamiento de las regalías, de ese bunker económico tan costoso como ineficaz, constituye una tarea previa, en el orden económico, para cualquier gobierno que pretenda administrar el país de forma duradera. Su misión sin embargo, no puede terminar ahí.

Es evidente que el Estado debe desempeñar un papel activo en el proceso de transformación económica y social: debe garantizar un mínimo decente de supervivencia a todos y cada uno de los ciudadanos, lo cual debe plasmarse en un sistema de Seguridad Social (enfermedad, vejez y paro) eficaz y bien organizado; debe proporcionar servicios colectivos de calidad y costes razonables; debe, de manera más general, proporcionar un marco adecuado para que los con flictos de intereses desemboquen, en la medida de lo posible, en compromisos generadores de progreso y no en enfrentamientos estériles. Debe buscar, constante mente, una adecuada distribución de la riqueza y de las rentas.

Para llevar a cabo esas funciones, el Estado necesita acrecentar sus ingresos. Para ello no parece necesario anunciar a bombo y platillo el lanzamiento de la enésima reforma fiscal. Por el contrario, el primer paso debería consistir en hacer cumplir las leyes ya existentes, hacer pagar impuestos a quienes deban pagarlos según el ordenamiento actualmente en vigor. Al mismo tiempo se pueden ir reformando los impuestos que ya existen. De nada serviría tener el mejor sistema fiscal del mundo (sobre el papel) si no existiera la voluntad política de ponerlo en funcionamiento.'

Esta voluntad política debería asimismo animar la búsqueda honrada y permanente de un cierto consenso social que haga posible adaptar nuestra economía a las circunstancias cambiantes del comercio mundial, a espaldas del cual ya no es posible vivir. Incluso si ello supone, en determinados momentos, sacrificar los intereses de este o aquel grupo, de esta o aquella clase.

La lección de la crisis de 1974 debe ser aprovechada: en aquel país insolidario de principios de los años setenta nadie se atrevió a pedir sacrificios a la nación. Ello tal vez se debiera a que nadie, de entre la clase dirigente, se sintió con la autoridad moral necesaria para hacerlo: eran demasiados años de privilegios, de no rendir cuentas y no pagar impuestos. Aun hoy día, en medio de una transición política difícil, muy pocas voces se alzan pala explicar al país cuál es la situación económica y cuáles son los posibles remedios.

Parece como si existiera un acuerdo tácito para cambiar el sistema político sin tocar a los intereses económicos. Tal vez ello sea posible en la primera etapa de la reforma política. Más adelante, cuando se trate de hacer funcionar la democracia, los problemas económicos saltarán al primer plano, y para resolverlos el Gobierno necesitará una gran fuerza moral y una buena dosis de consenso social. El fundamento de éste sólo podrá encontrarse, en el terreno económico, en un intento honrado de reducir las injusticias, de acabar con privilegios y regalías, de reformar el sistema económico de manera aceptable para todos. Si- de verdad quiere gobernar, el próximo Gobierno -que será un Gobierno de centro- está condenado al reformismo.