Confusionismo legal en el planteamiento urbanístico de Las Rozas
Ocho años dura la polémica del Ayuntamiento de Las Rozas y el Area Metropolitana sobre la legalidad o no de la ordenación urbanística del primero. La confusión de los documentos acumulados es tal, que parece que la única solución será refundirlos todos en uno solo y comenzar otra vez desde el principio.
Mientras tanto, y basándose en un documento firmado por el propio delegado del Gobierno en el Arca en 1969, el Ayuntamiento ha ido concediendo ficencias de construcción, muchas de las cuales han originado denuncias y querellas por sus ,presuntas irregularidades.En 1969 se presentó un conjunto de directrices urbanísticas, que no llegan a denominarse como Plan General. El Arca no aprobó ni rechazó nada, esperando que el Ministerio de Obras Públicas y el Canal de Isabel II emitieran sus informes. A los seis meses el Ayuntamiento invocó el silenci o administrativo para considerarlo aprobado, aunque tampoco se preocupó de publicar su decisión en el Boletín Oficial de la Provincia. Según esto, nada de lo previsto tiene validez legal.
Mientras se discutían estos extremos, hubo conversaciones oficiosas con el entonces delegado del Gobierno en el Arca, Jesús Aramburu, quien autorizó al Ayuntamiento a ir concediendo licencias en aquellos lugares que no estuvieran reservados para dotacioríes sociales o de infraestructura. Ocurre que después, el mismo Ayuntamiento cambió los usos del suelo, y la concesión de licencias se ha hecho incontrolable.
El Arca fue aprobando en años sucesivos planes parciales, que no hacían sino recoger hechos consumados, mientras mantiene a la espera de informes jurídicos la decisión final sobre varios polígonos, en los que también se ha construido ya.
Se han originado así denuncias por parte de vecinos, como el caso de Eurohogar, la colonia Navaluenga, etcétera; donde es difícil concretar el alcance y los responsables de las supuestas anomalías.
El último caso conocido es la denuncia presentada contra el Ayuntamiento por los vecinos de la colonia residencial Navaluenga, y la posible querella que se interpondría por allanamiento de morada, coacción y desobediencia a una resolución judicial.
Según su versión, en septiembre del 1975, un constructor, Salvador González Sáez, derribó una valla que delimita los terrenos privados de la colonia, para dar paso a sus camiones. El Juzgado de El Escorial falla a favor de los vecinos, y el Ayuntamiento repone la valla en,su lugar. En julio del 1976, el constructor la vuelve a quitar, y tras otra protesta es repuesta de nuevo.
Por último, el 25 de febrero un concejal en persona se presenta con un oficio municipal para derribar la valla, nuevamente, aduciendo que está situada en un antiguo camino vecinal y de servicio público.
