_
_
_
_

El PCE convoca a ocho dirigentes políticos españoles

Entre las pruebas que el PCE ha solicitado realizar ante el Tribunal Suprerno para defender su legalización, el procurador Cristóbal Bonilla Sánchez ha presentado una lista de testigos, todos ellos dirigentes de diversos grupos políticos, quienes deberán contestar una lista de seis preguntas, para todos las mismas.Los requeridos son José María de Areilza (Partido Popular), Joaquín Ruiz Giménez (Izquierda Democrática), Enrique Tierno (Partido Socialista Popular), Francisco Fernández Ordóñez (Partido Socialdemócrata), Felipe González (PSOE), Joaquín Garrigues (Federación de Partidos Demócratas), Ignacio Camuñas (Partido Demócrata Popular), y Manuel Jiménez de Parga.

A estos testigos se les preguntará su cargo en la organización política a que pertenecen; si conoce a las personas que promueven la inscripción del PCE y los estatutos que han presentado para su legalización, así como el que éstos reflejan los objetivos y fines reales del PCE; si conocen, por su experiencia personal, pública o política, que el PCE no persigue subvertir por la violencia el orden social, político o económico; sí conoce que el PCE no está sujeto a disciplina internacional ni propugna la implantación de un sistema totalitario; si conoce, por último, de sus relaciones con otros partidos y organismos democráticos, el hecho de que en sus programas, acuerdos o pactos propugnan como útil, conveniente o deseable la existencia legal del PCE, como factor necesario para el funcionamiento de una verdadera democracia en España.

Por su parte, la Liga Comunista Revolucionaria, cuyas alegaciones han sido presentadas por Juan José Llisterri y Concepción de la Peña, con el asesoramiento de Pablo Castellano, discute en su alegato la capacidad del Gobierno para dictaminar la legalidad o ilegalidad de los partidos.

En cuanto a su fusión con ETA VI y sus relaciones con la IV Internacional, alega que solamente son simpatizantes, además de que muchos grupos europeos adictos a esta organización son legales en sus países. Dice después que propone un socialismo basado en la democracia obrera, y no en el totalitarismo, que el calificativo comunista no es discriminatorio, y pide que se comparen sus estatutos con los del PSOE y el PSP partidos socialistas que propugnan una sociedad sin clases.

Por otra parte, el Ministerio de la Gobernación ha remitido al Tribunal Supremo la documentación presentada por la Unión de Juventudes Comunistas de España, rama juvenil del PCE.

En la oficina del Registro tuvo entrada la solicitud de inscripción del grupo Esquerra Nacional, cuyo promotor es Jordi Gil Alba.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_