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Los desahuciados de la calle de Orgaz se concentran frente al Ayuntamiento

Ayer se cumplió el plazo dado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para que las veintiuna familias que habitan en la calle de Orgaz, números 1 y 3 del barrio de Carabanchel, desalojaran sus viviendas afectadas por expediente de ruinas. Hacia las once de la mañana, unos sesenta vecinos desahuciados y miembros de la Asociación de Vecinos de San Antonio-Comillas, intentaron, sin éxito, hacer entrega de un escrito al alcalde para comunicarle que no abandonarán sus viviendas si antes no les proporcionan pisos en condiciones dignas, ya que no están dispuestos a aceptar la pensión de la junta municipal, consistente en 6.000 pesetas durante seis meses.

Un funcionario del Ayuntamiento notificó a la comisión que pretendía entrevistarse con el señor De Arespacochaga, que los sábados, ningún miembro de la Corporación iba al Ayuntamiento. En presencia de la comisión telefoneó al delegado de relaciones sociales del Ayuntamiento, señor Cortina, quien les emplazó para el jueves a las ocho.Mientras tanto, el resto de afectados permanecían concentrados frente a la Casa de la Villa con una pancarta en la que se leía No abandonaremos nuestras viviendas; queremos casas dignas. En un primer momento, la Policía Municipal intentó impedir que desplegaran la pancarta, pero ante la afirmación de los vecinos de que serían unos momentos, no se plantearon problemas. Posteriormente, aparecieron dos coches de la Policía Armada, que observaron de lejos a los concentrados.

Los vecinos amenazados de desahucio, explicaron a EL PAIS que las familias que viven en la finca, ocuparon las casas en 1940. Las viviendas parecían abandonadas y el propietario no aparecía por ninguna parte. Los ocupantes de las casas se encargaron de acondicionarla: arreglaron los techos, pusieron puertas y ventanas, etcétera. Posteriormente pagaron una hipoteca por valor de 46.000 pesetas. En 1950 aparecieron los dueños de las viviendas quienes cobraron a los inquilinos un alquiler mensual de 55 pesetas y en 1962 vendió la finca a Canalización del Manzanares, finca que fue subastada públicamente en 1975 y adjudicada al único postor, Eliseo Reco, asentador del matadero municipal, por una cantidad de 1.800.000 pesetas. Poco después -continuaron informando los desahuciados- el señor Reco les ofreció un millón de pesetas para que abandonaran las viviendas propuesta que no fue aceptada por los vecinos.

El expediente de ruina dictaminado por la Gerencia Municipal de Urbanismo con la propuesta de la junta municipal de dar a cada familia 6.000 pesetas durante seis meses ha originado una problemática situación.

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