Más sobre el divorcio
ESTAMOS ASISTIENDO desde hace unos días a una serie de declaraciones episcopales sobre el confusionismo moral de nuestra sociedad, y más concretamente, sobre la desarticulación de la familia por las campañas desatadas en favor del divorcio verdadera plaga que corrompe el matrimonio con el espejismo de querer anular su indisolubilidad».Las pastorales ven la luz en las mismas fechas, como si se tratara de contrarrestar una corriente de opinión favorable en nuestro país al divorcio. El hecho de que el 71 % de españoles -año 1975- muestre su acuerdo con la posibilidad de rompimiento de los contratos civiles de matrimonio, debería sin embargo hacernos recapacitar.
Si realmente queremos una España moderna, democrática, pluralista y en definitiva libre, habrá que admitir una legislación que permita, ajeno a cualquier confesionalidad, esa libertad y ese pluralismo. Y la indisolubilidad matrimonial no es cuestión plural: es tema que unilateralmente preconiza para sus fieles la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Por otra parte, y para otro orden de cosas, la propia Iglesia de acuerdo con la igualdad jurídica que planteó el Concilio Vaticano II, solicita ese pluralismo. Debe pues respetar de forma absoluta a quienes dentro del país no participan de su credo. Es decir, a aquellos en cuya mentalidad pueda contemplarse el matrimonio como un contrato que, en determinadas circunstancias, puede ser disuelto. Lo que, con todos los respetos a los señores obispos, no es prueba de que quieran desarticular la familia, sino ayudar a resolver los conflictos humanos.
Las declaraciones episcopales no deben, a nuestro juicio, calificar de corruptos, o corruptores, a quienes de acuerdo con su conciencia creen que ni el Estado ni las leyes deben ser confesionales y que su misión es únicamente la de ordenar la convivencia.
Los católicos, con arreglo a la doctrina de la Iglesia, deben creer y servir la indisolubilidad del vínculo sacramental del matrimonio. Pero los obispos no deben operar como un grupo de presión temporal impidiendo, en un referéndum o en la votación de unas leyes, que los católicos se pronuncien a favor del divorcio civil, aunque lo rechacen en sus conciencias.
La libertad de las conciencias está reñida con la imposición de las doctrinas, y más en un punto en el que el llamado divorcio encubierto, es facilitado sorprendentemente por la propia Iglesia, a través de las anulaciones matrimoniales, que provocan en nuestro país situaciones familiares y de convivencia a veces verdaderamente inconcebibles.
