La autonomía de Escocia y Gales puede afianzar al laborismo

La decisión del Gobierno británico de someter a referéndum la ley de Devolución de Poderes para Escocia y Gales, puede garantizar la aprobación parlamentaria del texto que ahora se debate en los Comunes. Por otro lado, la introdución de la ley en el código del Reino Unido podría afianzar a la Administración laborista.

Si la ley se aprueba en los Comunes en octubre, como espera el Gobierno, noviembre sería el mes en que los habitantes de las dos regiones citadas tendrían que pronunciarse sobre si consideran que tal legislación les conviene o no.El anuncio del referéndum, q9e había sido pedido desde diversos sectores de la política británica, ha convencido sobre todo a los laboristas de izquierdas, que habían dicho que su apoyo a la propuesta devolucionista del Gobierno dependía sobre todo de la convocatoria de esta consulta popular.

Lo que no ha satisfecho a algunos diputados de esa tendencia es la negativa del Gobierno a añadir otra cuestión en las papeletas del próxima referendum. En esa otra pregunta, galeses y escoceses debían responder sobre sus deseos de independencia. La respuesta hubiera desmantelado a los grupos, nacionalistas que funcionan en ambas regiones. La Administración, que en este tema está representada por el ministero Michael Foot, vicelíder laborista, no ha querido dar ese paso.

Los esfuerzos que el Gobierno ha hecho para atraerse el apoyo de sus propios diputados responde a la preocupación que tiene Callaghan sobre el porvenir del laborismo como partido en el poder. Una derrota en los Comunes durante el debate devolucionista fortalecería especialmente a los grupos nacionalistas escoceses. Esa situación podría desbancar al preponderante en las distintas zonas electorales de Escocia. Sin embargo, la devolución, que contempla una amplia gama de privilegios administrativos y políticos para las dos regiones citadas, refrendaría ante el pueblo escocés, principalmente, la capacidad que tiene el laborismo de ocuparse de los deseos de autonomía que han venido creciendo casi al mismo tiempo que las plantas petrolíferas del mar del Norte.

La devolución de poderes no incluye precisamente el control de esa fuente de energía, que el Gobierno de Londres seguirá controlando, porque estima que estos recursos son de interés global y no pueden dejarse en manos de autoridades regionales.

Otra de las razones por las que Foot ha anunciado la introducción de la claúsula del referéndum en la ley, que ahora se debate es la que hace referencia a la necesidad que tiene el Gobierno de limitar el tiempo de discusión de los distintos apartados, para tener la legislación aprobada en octubre, como fecha tope. La idea del referéndum convence incluso a los que se oponen por principio a la ley. Hay diputados galeses, por ejemplo, que piensan que un referéndum en su región puede anular de plano la iniciativa del Gobierno, aunque ésta haya sido aprobada en los Comunes.

El referéndum de octubre será el segundo en dos años que convoque el mismo Gobierno laborista. El anterior, en junio de 1975, tuvo como disyuntiva la confirmación o el rechazo del ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común.