Sindicalismo y trapos sucios en las Cortes

Los cuatro primeros días de debates sobre la regulación del derecho de asociación sindical, a lo largo de la pasada semana, pusieron de manifiesto, bajo la apariencia de una cierta ingenuidad política por parte del Gobierno, algo mucho más peligroso: la debilidad de las convicciones democráticas de quienes detentan el poder ejecutivo y un grado considerable de con fianza en la capacidad del régimen -mil veces desmentida a lo largo de cuarenta años, incluida la época posterior a la muerte de Franco para renovarse y desembocar en un sistema politico normal.El Gobierno tenía que saber que, yendo muy bien las cosas en las Cortes., la suerte de un texto legal tan importante como el destinado a regular el derecho de asociación sindical se frustraría como se frustró la reforma Arias y como tuvo que padecer dolores de parto la reforma política del Gobierno actual. Y todas las justificaciones posibles para sustituir la legalidad franquista partiendo de ella mis nia carecen de sentido desde el momento en que se ha decidido caminar hacia una etapa constituyente, y la consulta nacional ha ratificado aquella decisión.

¿Qué necesidad tenía ahora el Gobierno de hipotecar el futuro sindical mediante el paso innecesario por una institución legislativa periclitada y agonizante, cuyos estertores de muerte pueden arrastrar a la tumba, en una desesperada venganza, jirones del reformismo que le ha sentenciado.

Huelgan las argumentaciones legales, como la esgrimida por José Luis Mellán. El artículo 10, letra f de la ley Constitutiva de las Cortes obliga al conocimiento por parte de las Cortes de la regulación de los derechos y deberes de los españoles, pero, como decía Franco y recordaba Fernández-Miranda, las Leyes Fundamentales tienen soluciones para todo. Hubiera bastado estimar que existen razones de urgencia, para poder recurrir al decreto-ley, como se ha utilizado esta fórmula -lo recordó el viernes Fernando Suárez- para modificar la ley de Orden Público, que afecta también a los derechos de los españoles.

El decreto-ley, instrumento empleado con profusión en tiempos de Franco por quienes hoy manifiestan escrúpulos ante él -López Rodó es un ejemplo típico-, y el procedimiento de urgencia, como fórmula expeditiva de ahorrar palabras y sumar votos, ofrecen una exquisita desconfianza y falta de respeto hacia la eficacia legislativa de los procuradores. Son, en suma, dos sistemas típicamente franquistas para sortear obstáculos institucionales, y en estos momentos se muestran extraordinariamente útiles, al tiempo que irrefutables por los demócratas orgánicos que aceptaron durante lustros la unidad de poder.

¿Por qué la reforma sindical no los ha utilizado?

Hay una explicación triunfalista, consistente en estimar que el éxito relativo de la reforma política abría la puerta a nuevos éxitos del Gobierno. Tal explicación presupone una sinceridad legislativa y unas Cortes colaborantes que no existen en el posfranquismo.

¿O acaso el Gobierno entendió, como consecuencia de sus conversaciones con los procuradores, que lo..; verticalistas tragaban la reforma y que entre reformistas y verticalistas conversos a la democracia contaba con los votos suficientes?

En cualquier caso, la actitud resultante -aparte del margen de error que comporta- ha llevado a solicitar la colaboración en la reforma a una Cámara legislativa antidemocrática -y que como tal se ha decidido sustituir-, invocando, como hizo el ministro De la Mata, su serenidad, consciencia y responsabilidad ante el pueblo español. Es la misma incongruencia de la reforma Arias/Fraga, agravada ahora por innecesaria.

En definitiva, es posible que la minirreforma sindical salga adelante, con tremendos esfuerzos y desgaste, como el que costó la pasada semana poner un parche horizontalista a la verticalización de las asociaciones sindicales decidida por la comisión. Pero en todo caso, el error de planteamiento es evidente, con la única ventaja de permitir la exhibición mutua de trapos sucios, a cuenta de las ejecutorias franquistas de los procuradores. Y como telón de fondo, el miedo de siempre al coco comunista, en forma, ahora, de asociación sindical.

El Gobierno lo ha querido así y, a partir de-esta tarde, continuaremos asistiendo al forcejeo entre sindicalistas renovados, como Castro Villalba, y sindicalistas nostálgicos, como Martín Sanz; entre ex ministros de la apertura Arias, como Fernando Suárez, Y sindicalistas de la línea de mando como García Carrero; entre demócratas en solitario, como Esperabé de Arteaga, y demócratas orgánicos, coino Lamo de Espinosa. Es una guerra en la que los leguleyos del franquismo lograrán. al menos, tras interminables sesiones, echar aguiaal vino, de no muy buena calidad, de la reforma sindical.