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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La muerte de un manifestante

EL FALLECIMIENTO en circunstancias todavía mal explicadas, de uno de los participantes en la manifestación en favor de la abstención en el referéndum, realizada el pasado día 15, suma un nuevo nombre -Angel Almazar- a la ya larga lista de militantes de la Oposición que han perdido la vida a lo largo del último año.Vitoria, Elda, Fuenterrabía, Tarragona, Estella, Basauri, Santander. Madrid, Almería, Beasaín y Santurce han sido el escenario de esas violencias y el cementerio de sus víctimas. En algunos casos, se ha tratado de puros y simples asesinatos perpetrados por mercenarios al servicio de grupúsculos nazis; en otros, la mayoría, la responsabilidad de las muertes recae sobre los desproporcionados medios puestos en práctica por las fuerzas de Orden Público para disolver manifestaciones no autorizadas, impedir la propaganda ilegal o detener a sospechosos. Probablemente dentro de unos años, si en España se consolidan las prácticas democráticas, quienes no han vivido estos meses encontrarán dificultad para comprender las circunstancias en que se produjeron esas más de veinte muertes, al igual que a nosotros nos resultaría ahora inverosímil que el aparcamiento de un automóvil en zona prohibida, la infracción de las normas de circulación o el tendido de la colada en lugares no autorizados por las ordenanzas municipales tuviera como sanción una ráfaga de metralleta disparada por un guardia urbano.

Este periódico ha condenado con toda firmeza el asesinato del señor Araluce y de los miembros de su escolta, el del jefe local de Basauri o el de los servidores del orden, víctimas del terrorismo de otro signo.

Es urgente que el Estado adopte los medios necesarios para que la vida y la integridad de todos los españoles sean respetadas, por encima de las posiciones políticas. No hay muertos de segunda clase. El monopolio de la fuerza en manos del Estado sólo se justifica cuando garantiza la vida de todos los ciudadanos; y pierde su legitimación última cuando se utiliza sin la adecuación entre medios y fines que caracterizan a una sociedad civilizada.

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