Gil Robles reclama un poder judicial independiente

«Es necesario que la futura constitución del poder judicial no esté nunca en manos del poder ejecutivo. Hoy por hoy en España el poder judicial no tiene más independencia que aquella que le da la resistencia de sus miembros», ha declarado José María Gil Robles y Quiñones en el transcurso de una conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Málaga sobre el tema El poder jurisdiccional ante la reforma constitucional. Con esta conferencia se clausuraron los actos conmemorativos del bicentenario del Colegio de Abogados de Málaga iniciados el pasado 15 de octubre.El conferenciante comenzó afirmando que después de cuarenta años de poder autoritario los temas que más interesaban eran los políticos, pero que no podía hablarse de democracia sin un poder judicial independiente en un Estado de derecho. En unas consideraciones generales sobre el tema señaló que la unidad de una nación no se basaba en la proximidad geográfica sino en los lazos históricos que como en el caso de Ceuta y Melilla, le obligaban a decir que siguen formando parte de la patria española. Aludiendo a las islas Canarias y a la existencia de ciertos grupos autonomistas subrayó que «no se puede consentir que la pasión de una generación acabe con una labor de siglos».

Según Gil Robles ha'habido heroísmo personal de los jueces y magistrados que en los últimos años han sabido resistir a las presiones del poder ejecutivo salvo contadas excepciones, pero no puede basarse la organización de la justicia en la conducta heroica de unas personas.

Pasó a estudiar después el reglamento que regula el nombrarriíento y cese dejueces y magistrados. El mecanismo judicial -siguió diciendo- es controlado por el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo Judicial, todos los cuales acceden a tales cargos por libre designación del Gobierno.

Entre las medidas que solucionarían las limitaciones del poder judicial, el conferenciante señaló la supresión de las jurisdicciones especiales y la creación de un tribisnal de garantías constitucionales.