No habrá ampliación de la anmistia, según el ministro de Justicia

«No creo que haya reajuste ministerial tras la celebración del referéndum», ha declarado el ministro de Justicia. Landelino Lavilla, a los periodistas durante un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de Madrid y al que el ministro ha acudido como principal invitado. Al margen de las preguntas relacionadas con la abogacía la mayor parte de los temas planteados al ministro han girado en torno a la política, muy particularmente en torno al referéndum.En relación con los primeros, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, ha solicitado al ministro que se articulen y entren en vigor aquellas bases de la Ley Orgánica de la Justicia relacionadas con el abogado o su actividad profesional. Así, la que dispone que las Audiencias Territorlales en pleno, constituidas en Sala de Justicia, conozcan de la responsabilidad penal por delito o falta cometidos por los abogados con ocasión del ejercicio profesional o aquella otra. concretamente la vigesimoprimera, 82-1, en la que podría recogerse la petición formulada por el Consejo General de la Abogacía, en el sentido de que en el registro policial de los despachos de abogados esté presente el decano o un representante del respectivo colegio con el fin de garantizar que los secretos de los clientes queden fuera de las actuaciones policiales y sigan protegidos. El señor Pedrol solicitó también la entrada en vigor de la base en la que se definen las funciones de la abogacía, con la pretensión de que se recoja en ella no sólo la actividad clásica de naturaleza procesal, sino aquella otra actividad que se desarrolla fuera de los estrados de los tribunales. Dentro de esta última actividad destaca muy fundamentalmente la asistencia letrada al detenido desde el mismo momento de su detención, reivindicación hondamente sentida por la abogacía española.

, Este terna, según manifestó el ministro, se está estudiando desde la perspectiva general de la proyectada revisión del Código Penal y dentro de una comisión ad hoc de la Comisión General de Codificación.

Desaparición del TOP

El referéndum casi monopolizó la atención de los periodistas. El ministro declaró ante una de las preguntas planteadas que desde el punto de vista jurídico-formal la victoria de los noes implicaría simplemente la subsistencia de las leyes vigentes sin modificarse, aunque desde el punto de vista político significaría la «desaparición de la posibilidad de formalizar un proceso de cambio desde la legalidad». Sobre la mecánica electoral del referéndum el ministro declaró que la misma está regulada en el decreto de 19 de noviembre pasado, sobre el procedimiento para la aplicación del referéndum, aunque a efectos supletorios rige la ley de Maura de 1907. Sin embargo, el ministro mostró sus dudas respecto a que esta ley, que regula las elecciones y obliga al voto, pueda aplicarse en el caso de un referéndum.

La desaparición del Tribunal de Orden Público ha sido otro de los temas planteados al ministro. Las preguntas relacionadas con el tema subrayaron que un tribunal de esta naturaleza no encajaría en la estructura de un Estado democrático. El ministro fue evasivo en este asunto, aunque ante la afirmación de un informador de que quizá dicho tribunal no desaparecería hasta después de las elecciones generales, el ministro aventuró que quizá dicho plazo fuese demasiado largo. El ministro pareció descartar la posibilidad de que dicho tribunal fuese sustituido por el Tribunal Central de lo Penal previsto en la ley de Bases de la Ley Orgánica de la Justicia, por lo que sólo quedaría el procedimiento del decreto-ley.

Sobre la ampliación de la amnistía después del referéndum, el ministro declaró «Hoy por hoy no hay nada. Los límites con que se dio la amnistía son amplios. Se ha discutido mucho si la aplicación se hacía bien o no. Yo diría que se ha hecho bien en términos generales. El límite final de la amnistía, es decir, los delitos de sangre, es límite diría yo, sustantivo. La reciente sanción a un magistrado de Sevilla por su participación en un acto político dio base a que se plantease al ministro el tema de Justicia Democrática. El ministro declaró: «Estoy dispuesto a luchar en donde sea por la independencia judicial, pero una contrapartida a esto es que el juez se tiene que colocar en un papel en consonancia con esa independencia. De antiguo se establece que una serie de actividades que son permitidas a los ciudadanos normales, no lo son para los magistrados, y en caso de que lo hagan por su cuenta se aplican medidas disciplinarias. Soy del convencimiento de que la mayoría de los grandes principlos (Estado de Derecho. libertad) no tienen sentido ni eficacia si no existe una independencia férrea de la Magistratura. »