Justicia Democrática del Norte se solidariza con el magistrada de Sevilla

La desaparición de jurisdicciones especiales, el restablecimiento total de los principios de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en suspenso algunos de ellos por la legislación antiterrorista o el fuero especial de la policía, la eliminación de cualquier tipo de coacción sobre los detenidos y la concesión de una amnistía total para los delitos de intencionalidad política, son algunas de las exigencias que plantea Justicia Democrática del Norte.Estas son, a su juicio, las exigencias mínimas que plantea la consecución de una justicia libre e independiente de toda influencia política:

1. Una justicia digna de tal nombre, que sea garantía de los derechos fundamentales, de la persona, sólo es posible en el marco de una situación democrática, que todavía no se ha logrado en España aunque nos esforzamos por alcanzarla.

2. Por lo que respecta a la justicia, el Camino hacia la democracia exige el inmediato y total restablecimiento de los principios plasmados en la ley de Enjuiciamiento Criminal, hoy en día desconocidos o vulnerados.

3. Se hace preciso entre otras cosas, la rápida desaparición de las llamadas jurisdicciones especiales -entre ellas la de orden público- y la limitación de la militar al conocimiento de los delitos estrictamente militares.

4. Es necesario recordar a todos -autoridades, agentes y ciudadanos-, la obligación legal de dar a todos los detenidos y presos un tratamiento digno y humano, como expresamente determina la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta exigencia excluye el empleo de cualquier medio de coacción física y moral, e incluso las actitudes meramente vejatorias, que denigran a quienes las emplean. El cumplimiento de la ley se impone cualesquiera que sean los hechos imputados.

5. El restablecimiento de la paz social no es posible en tanto no se conceda una amnistía total, sin exclusión alguna, para los delitos de motivación política.

Los magistrados, jueces, y fiscales, que pertenecen a esta agrupación del ámbito del País Vasco y a las provincias vecinas, se adhieren, por último, a la postura mantenida por el magistrado de Sevilla, Plácido Fernández Viagas, que acaba de ser suspendido de empleo y sueldo por tres meses (ver EL PAIS de ayer) por haber participado en una manifestación no autorizada y por su pertenencia: a Justicia Democrática.