El desarrollo del pueblo divide al Ayuntamiento

A medio camino entre Madrid y El Escorial, Villanueva del Pardillo constituye un caso insólito ya que conserva un aspecto tranquilo y rural al margen del crecimiento galopante de los pueblos de la periferia madrileña. Ahora parece, sin embargo, que quiere ganar el tiempo perdido, según declaró el propio alcalde ante el presidente de la Diputación, con planes de pasar, en cuatro años, de setecientos vecinos a 15.000.No todo el mundo está de acuerdo con este crecimiento fulgurante. Una concejal, María Bravo, lo mismo ante el presidente que en el último pleno municipal, ha sostenido que es necesario prever antes la infraestructura y los servicios. Afirma, además, que las licencias de construcción que se están concediendo son ilegales y que habría que esperar, por tanto, a la aprobación del Plan General que, según el alcalde, es inminente.

En el mismo pleno se presentó un proyecto firmado por José de la Mata, que parece ser, interfiere con la futura autopista. Esta vez dos concejales pidieron que el asunto quedara sobre la mesa en espera de un informe más completo. Otro concejal, exclamó golpeando con el cenicero en la mesa presidencial: «¡y a mí que me importa por dónde vaya a pasar la autopista!» Tras esta argumentación al proyecto, fue aprobado, inexplicablemente, puesto que si un concejal pide que un asunto quede para el próximo pleno, hay que concederlo, a menos que se declare de urgencia, decisión que no se tomó en este caso.

Hay que destacar, también, la curiosa trascendencia que, a falta de otras aprobaciones oficiales, concede la corporación de Villanueva del Pardillo a, que los proyectos están visados por el Colegio de Arquitectos, aprobación que en sí misma no otorga refrendo de legalidad urbanística. Finalmente, el pleno, tras varios puntos, terminó idílicamente con la concesión de un permiso para construir un aprisco.

Las diferencias en el seno de la corporación, aparecieron aún más claramente ante el presidente de la Diputación, que en su visita al pueblo animó a que cada cual expusiera su opinión. La concejal Bravo fue acusada de obstruccionista: el alcalde, como argumento supremo, la acusó de «oponerse, incluso, a los proyectos de edificación de sus parientes». Ante el presidente la concejal mantuvo que se concedían licencias ilegales de construcción y que se estaba entregando el pueblo a los intereses de as grandes urbanizadoras. En el fondo la polémica era un ejemplo más de tantos pueblos del alfoz de Madrid, en dónde se enfrentan unos criterios desarrollistas aún mayoritarios.