Palmete, barriada ilegal, pide soluciones al Ayuntamiento

, Tras unos meses de relativo silencio, se ha vuelto a dinamizar la vieja polémica sobre la barriada ilegal sevillana de Palmete. El mayor escándalo urbanístico de los últimos cuarenta años en una ciudad millonaria en experiencias de este tipo, como consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida de los 20.000 habitantes de la barriada asentados en una superficie de 600.000 metros cuadrados y que infringen el plan general de ordenación urbana y todas las disposiciones oficiales sobre la materia, al haber edificado, las 5.000 familias residentes en la zona, sus viviendas sobre un terreno calificado como rústico, sin la obligada licencia de obras y, por tanto, sin el más leve equipamiento de servicios.

La edificación de las primeras casas y por consiguiente el inicio de una polémica pública que ha producido infinitos comentarios y artículos en la prensa local, incoación de expediente administrativo por un importe superior a los 550 millones de pesetas en multas y ceses y dimisiones en el Ayuntamiento. Se inició en 1968: como consecuencia de la diáspora rural hacia las grandes concentraciones urbanas, signo de aquellos tiempos. Familias enteras de los pueblos vecinos arribaban a Sevilla para probar fortuna en pos de una vida mejor, encontrándose, por desgracia para ellos, con una ciudad que presentaba un impresionante déficit de viviendas que imposibilitaba la absorción de este movimiento migratorio interno. Hacinados aquí y allá, un día descubrieron que los hermanos Torres Calvi, propietarios de una finca llamada Palmete ubicada en el extremo Este de la ciudad, vendían parcelas de setenta metros cuadrados al precio de 390 pesetas por metro cuadrado. Allí acudieron y adquirieron sus parcelas, en cuya superficie según las disposiciones vigentes, sólo se podían realizar plantaciones agrícolas, y a pesar de que la ley del suelo prohíbe que se vendan menos de 2.500 metros cuadrados de una finca rústica, que es la mínima unidad de cultivo de una superficie agrícola. Por tanto, en contra de lo que alegaron los propietarios a la hora de las responsabilidades, las parcelas no podían ser destinadas a la faena agrícola. Evidentemente, ningún comprador de parcela pensó nunca dedicarse a las tareas agrícolas en aquella extensión de setenta metros. Comenzaron a edificar sus viviendas ellos mismos, trabajando siempre de noche, sin la más leve racionalización urbanística, y cuando el Ayuntamiento, sevillano quiso reaccionar, oficialmente más de quinientas viviendas que albergaban a 2.000 personas se habían levantado en el lugar. Estalló el escándalo, pero el índice de construcción seguía aumentando, y la familia propietaria de la finca vendió parcelas de setenta metros cuadrados a 27.300 pesetas la unidad, lo que le produjo unos ingresos superiores a los 150 millones de pesetas.Cuando estalló el escándalo, el Ayuntamiento comenzó a sancionar a los constructores-propietarios de las viviendas al tiempo que denunciaba al Ministerio de Obras Públicas la actuación de los hermanos Torres Calvi.

En el año 1971, la Delegación Provincial del Ministerio inicia los expedientes sancionadores por un importe de veintiún millones de pesetas que deberán pagar los propietarios de Palmete con motivo de las parcelaciones. Tras un largo período de tiempo en el cual insistentemente el Ministerio recaba una información más amplia por parte del Ayuntamiento y que trae como consecuencia la apertura de un expediente a un funcionario municipal, que era el encargado de facilitar dicha información. El 15 de abril de 1974 se diligencia el primer expediente sancionador, por valoración de costos y beneficios, así como por daños y perjuicios, por importe de 197.317.757 pesetas y referido al sector Palmete Padre Pío. Inmediatamente después se suceden los restantes, que representan la cantidad de 101.441.368 pesetas para el sector de La Doctora, 249.580.138 pesetas para San José de Palmete y finalmente, un total de 28.239.568 pesetas para el sector La Negrilla. En total, el Ministerio exige de los vendedores de las parcelas unas responsabilidades materializadas en 567 millones de pesetas en multas.

Una vez aprobadas por el Consejo de Ministros las sanciones propuestas por el Ministerio, los hermanos Torres Calvi adujeron que desconocían cuando vendieron las parcelas y el empleo que los compradores proyectaban hacer de los terrenos. Contra las sanciones, los inculpados interpusieron recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, el cual está pendiente de fallo.

Condiciones humanas

Mientras este contencioso legal se producía, los habitantes de Palmete han vivido unas condiciones fácilmente imaginables. Desprovistos de los más elementales servicios, sin pavimentación en las calles, carencia de escuelas, sin agua, la barriada ha sido desde su nacimiento un foco de enfermedades infecciosas, del que es víctima la población infantil al consumir como agua potable la contenida en el camión cisterna que distribuye el líquido elemento, por concesión del Ayuntamiento tras numerosas gestiones de los vecinos, y es que el municipio sevillano, oficialmente, ha ignorado otras numerosas gestiones y durante años, la existencia de Palmete.Actualmente, todas las tensiones acumuladas durante estos años han alcanzado una vigorización como consecuencia del paro que se abate sobre Sevilla y el estado calamitoso de los cuatro sectores de que consta la barriada, debido a las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas.