Alternativas al futuro de los funcionarios sindicales

La Asociación Española de Administración Pública ha enviado un escrito al presidente del Gobierno en el que, tras manifestar su desacuerdo con la creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, entidad autónoma que acogerá a los funcionarios de la Organización Sindical, propone una serie de alternativas para el futuro de estos trabajadores.La citada asociación, que prevé la desaparición del nuevo organismo autónomo en cuanto queden restablecidas las libertades sindicales, teme la entrada masiva de los 34.000 funcionarios sindicales en el ámbito de la Administración Pública, ya que consideran que este hecho no sólo provocaría una «grave distorsión en el régimen general de la Función Pública», sino que además «incrementaría injustificadamente» el número del personal al servicio de la Administración, con lo que sus repercusiones serían negativas en el sistema de oposiciones.

El escrito denuncia una posible «paralización generacional» en las entidades civiles, pues la falta de convocatorias a nuevas plazas o la disminución de las mismas impedirían la entrada de nuevo personal.

Igualmente, alegan una hipotética «falta de preparación profesional» de los funcionarios sindicales a la hora de reincorporarse en sus nuevos puestos, y basan tal afirmación en que éstos «no ofrecen los requisitos que se han exigido a todos los trabajadores para el ingreso en la Administración estatal y, además, gozan de una posición privilegiada en cuanto a coeficientes, pagas, jubilación, etc..., con respecto a nosotros».

Por estos motivos, la asociación, que califica la fórmula del ministro de Relaciones Sindicales para el futuro de sus funcionarios como «arbitraria e inoportuna», propone al presidente del Gobierno las siguientes soluciones:

1. Que se les conceda la oportunidad de un retiro voluntario indemnizado para aquellos que lo deseen, medida ésta destinada a paliar el consiguiente exceso de personal contratado al servicio de la Administración Civil.

2. Que la supuesta incorporación de los funcionarios sindicales no se realice de forma corporativa, sino valorando su nivel de titulación y especialización.