Partidos regionales y normativa electoral

El nacimiento en Cataluña de un gran partido democrático y de masas, como es el socialista, confirma una vez más la preocupación de quienes tememos que la futura normativa electoral tienda a excluir del Parlamento español a fuerzas políticas altamente significativas.Es un lugar común entre los entendidos que los sistemas electorales, convenientemente manipulados por los grupos en el poder -y, a veces, en pacto con los predominantes de la oposición-, pueden alterar el sistema de partidos, rectificar una correlación de fuerzas determinadas y favorecer, directa o indirectamente, a aquellos que han intervenido en la redacción del texto normativo electoral. Si aplicamos dicho lugar común a la decisiva coyuntura española actual, no es difícil imaginar el interés que siente el Gobierno y los grupos más influyentes en imponer o pactar una fórmula electoral que -retóricas democráticas aparte- resulte lo más beneficiosa posible a cada grupo. No es ofensivo recordar una obviedad: los intereses de partido incluyen naturalmente en las preferencias por una fórmula electoral concreta.

Este realismo compartido y ante el que nadie ha de rasgarse las vestiduras, no es óbice para que el principio democrático de respeto a todos los sectores de opinión deba prevalecer sobre los intereses de algunos de ellos, mejor situados que el resto a la hora de tomar la salida hacia las urnas. En un proceso objetivamente constituyente como es el nuestro, sería un profundo error, de consecuencias muy peligrosas, relegar una parcela importante de la realidad política a un plano tan secundario que la oculte o la prive de expresión eficaz.

Los partidos que están surgiendo en Cataluña o en otros pueblos, regiones y países de España, pueden ser, en algunos casos, tan minoritarios y personalistas como lo son determinados partidos creados en Madrid con pretensión de abarcar todo el, Estado; pero en otros, los partidos qué cito surgen de amplias corrientes de opinión, de fuertes intereses de clase y expresan con naturalidad la inequívoca conciencia de pertenecer a un pueblo, a un país o a una región definida.

¿Cómo llevar al futuro Parlamento democrático del Estado común la representación de esos amplios sectores del electorado que utilizan espontáneamente el cauce político de partidos propios, distintos -y, a veces, diferentes- de los grandes partidos de todo el Estado? Ya he dicho antes que la tentación de anteponer los «tics» de poder y hegemonía de tres o cuatro «grandes» al principio democrático podría engendrar una ley electoral que les librara a estos últimos de la incómoda presencia de unos hermosos rivales. A nadie le gusta perderse el substancioso poder electoral que aporta un país como Cataluña, por ejemplo. ¿Por qué tendría que administrar autónomamente un partido hermano el fondo electoral de amplias masas urbanas e industriales?

Sin embargo, esa tentación ha de ser vencida. Hay que evitar una normativa electoral que a través de sofisticadas imitaciones del sistema alemán ponga limitaciones de porcentajes mínimos de votos a los pequeños partidos. Reconozco que es un tópico la lucha contra la proliferación partidista, pero en momentos constituyentes, un partido «regional» debe llegar al Parlamento que ha de elaborar, entre otras cosas, la forma del Estado. Será un error computar el porcentaje obtenido por un partido de ámbito no estatal en relación con todo el territorio del Estado. Lo importante no es ser minoría cuantitativa, sino posible mayoría cualitativa. Un gran partido catalán, o gallego o canario, etc, debe estar en las Cortes. Impedirlo es hacer separatismo centralista, cuyos frutos son después condenados en nombre de una supuesta grandeza de horizonte.

La responsabilidad de quien pudiera estar haciendo ya, en la sombra, la ley electoral, es enorme. La responsabilidad de los partidos que puedan estar ya hoy pactando la normativa de los próximos comicios es asimismo muy grande. La que nos corresponde a los presuntuosamente considerados como «expertos» es, por lo menos, la de no colaborar en esa irresponsable maniobra que podría ser, en nombre de la democracia y de la ciencia política, impedir que una parte decisiva de las fuerzas democráticas de España participen en la futura constitución del Estado. De ese. separatismo impuesto por los «cuarteles centrales» seríamos responsables todos.