Condiciones mínimas de los partidos para legalizarse

En respuesta a un sondeo realizado desde áreas gubernamentales, un sector de la oposición ha expuesto las condiciones mínimas exigidas para la legalización de varios de los partidos que la integran. Tales condiciones -que al parecer son consideradas en los ambientes citados como base posible de negociación- suponen una cierta rebaja sobre las condiciones aprobadas el pasado día 4 en Canarias por la comisión permanente de la Plataforma de Organismos Democráticos. De prosperar la negociación, una vez aprobada la reforma política y legalizados los partidos citados, se abriría paso a una nueva fase: las conversaciones Gobierno-oposición sobre el sistema electoral.

Entre bastidores, personalidades próximas al Gobierno han iniciado unos sondeos cerca de algunos sectores de oposición para conocer la posibilidad de legalización de los partidos democráticos, condición previa necesaria para que el Gabinete Suárez negocie formalmente con la oposición. Según ha podido conocer EL PAÍS, existe una posible base de entendimiento, consistente, en unos puntos mínimos diseñados por algunas personalidades de oposición, que en, principio han sido considerados como negociables en órbitas muy cercanas al Gobierno.En todo caso, la negociación no se produciría hasta, después del próximo Pleno de las Cortes, por lo que la eventual legalización de los citados partidos -principalmente socialistas y democristianos- se diferiría, caso de prosperar las negociaciones, a finales del año actual o principios de 1977. A pesar de que ese momento sería demasiado tardío cara a la preparación de las elecciones, todas las fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS insisten en el propósito firme de Suárez y su Gabinete de no iniciar conversaciones con la oposición hasta tanto se encuentre totalmente aprobada y vigente la reforma política en gestación.

En este sentido, se pretende que los criterios electorales que aprueben las Cortes dejen margen suficiente al Gobierno para negociar.

Los puntos mínimos

A falta de la cuestión de las nacionalidades, sobre la que no existe un criterio coherente en las fuentes consultadas, los puntos mínimos mencionados serían los siguientes:

-Derogación del decreto-ley antiterrorismo, en su integridad.

-Modificación por decreto-ley de la ley de Asociaciones Políticas, en el sentido de que la inscripción de los partidos en el registro sea puramente declarativa, esto es, que tal inscripción sea un puro acto registral, sin necesidad de autorización por parte del Gobierno.

-Derogación inmediata del artículo 22 de la ley de Orden Público, que establece la responsabilidad personal subsidiaria (encarcelamiento por impago de multas gubernativas sin haber recaído resolución judicial).

-Conversión por parte del Gobierno del actual anteproyecto sobre unidad jurisdiccional en proyecto de ley, sin hacer compatible dicha unidad con la existencia de tribunales centrales de lo penal ni de orden público. Asimismo, el proyecto de ley reduciría el ámbito de la jurisdicción militar a su natural y estricta competencia.

-Modificación del artículo sexto de la vigente ley reguladora del derecho de reunión, que se refiere a las facultades discrecionales de la autoridad gubernativa para prohibir reuniones y manifestaciones y para revocar las autorizaciones concedidas.

-Iniciación de una negociación con miembros del comité central del Partido Comunista de España (PCE), encaminada a que el Gobierno ofrezca garantías de que el PCE será legalizado después de las próximas elecciones.