Salir de la crisis/3

Una situación económica grave, complica y dificulta nuestro proceso de evolución política. La coincidencia cm el tiempo de una profunda crisis económica y social como panorama de fondo de la transición institucional hacia la democracia, hace más agudas las conflictividades y más apremiantes las soluciones. El que la desaparición del anterior jefe del Estado y el comienzo del reinado de don Juan Carlos haya tenido lugar precisamente en uñas circunstancias económicas particularmente adversas no es, ciertamente, imputable a nadie. El que esas circunstancias no hayan sido superadas o mejoradas, sí que tiene en cambio, motivaciones y causas bien definidas.La crisis de nuestra economía se inscribe en la órbita de la crisis mundial, especialmente sentida en los países del Occidente industrializado. La brusca subida de los precios del crudo petrolífero en los últimos meses de 1973 fue el factor desencadenante que desequilibró violentamente la prosperidad y el crecimiento de esas naciones. Aparecieron entonces con coeficientes alarmantes, la inflación, el paro, la con tracción de la demanda, la reducción del crecimiento y el desorden monetario entre otros síntomas. A partir de 1974, todos los Gobiernos del occidente industrializado, sin excepción, pusieron en práctica, con mayor o menor disciplina y coherencia, planes de medio o de largo alcance para yugular las causas y los efectos de la tremenda ola depresiva, la más grave que había conocido la economía mundial desde 1929. España, a la que llegó, como a los demás países, el temporal de la crisis, fue una excepción en esta actitud unánime. Las delicadas circunstancias que crearon en esos años la primera enfermedad de Franco y su segunda enfermedad y fallecimiento, hicieron imposible la puesta en marcha de un plan económico social destinado a combatir de raíz las graves causas que originaban esta situación. Avisos y llamadas de atención no faltaron, y debidas a voces autorizadas en el campo empresarial y en el ámbito laboral. Pero esas advertencias cayeron en el vacío por razones políticas. Y la situación económica se siguió deteriorando.

El primer Gobierno de la Monarquía no acertó tampoco a encararse con el enorme problema como era debido y se limitó a ofrecer medidas coyunturales. No parece que el Gobierno actual quiera tampoco establecer un plan de largo alcance, según declaró el presidente en su alocución televisada, aplazando esa decisión para después de las elecciones. Y con todo ello la situación económica está a punto de entrar en barrena, desbordándose quizá el índice de inflación para este año de 1976 por encima del 20%, lo cual es una cifra excepcionalmente grave y que roza los límites de lo controlable. A partir de ese guarismo, en efecto, se puede entrar en el dominio de lo imprevisible tanto en las repercusiones sociales como en las aventuras políticas. En la Europa occidental la gran mayoría de las naciones industrializadas han logrado mantener este año la inflación por debajo del límite del 10%.

Atacar ese gravísimo desafío a la convivencia social ha de ser un prioritario compromiso que se tome en conjunto por todos los grupos que quieran traer la democracia a este país. Pero el mal es mucho más complejo y profundo, aunque la inflación sea el más urgente y visible. El programa económico para la democracia ha de comportar una dimensión a corto plazo y una dimensión a medio plazo. Es decir, que una inflación superior al 20 % y un déficit exterior por cuenta corriente que supera los 3.000 millones de dólares anuales y un paro laboral que puede rondar el millón de trabajadores son problemas que necesitan tres o cuatro años para enderezarse, y de ahí la necesidad de un plan a medio plazo. Al propio tiempo, son indispensables medidas urgentes a plazo corto.. Y entre ellas, como punto de partida para luchar eficazmente con la espiral de los salarios-precios, hay que llegar a la tregua pactada, cuyas dificultades no trato de ocultar, pero sin la cual cualquier género de «medidas económicas» corren el riesgo de convertirse en meras afirmaciones carentes de contenido.

Una tregua pactada en el ámbito social exige evidentemente una previa negociación política. El no haber querido, o podido, llevar a cabo esa negociación hasta la fecha, es lo que ha impedido sustancialmente que en España desde 1973 hasta hoy no se haya combatido eficazmente la enfermedad de la inflación. Una tregua de esa naturaleza significa una moderación voluntaria en el ritmo de crecimiento del salario monetario y un esfuerzo también voluntario en reducir la tasa media «normal» de beneficio de numerosos sectores económicos. Ambas operaciones son dolorosas y difíciles. Habrían de ir acompañadas de un desmontaje progresivo del cúmulo de intervencionismos cartelistas y verticales que hoy asfixian buena parte de los circuitos de nuestra economía así como de una normalización flexible de las relaciones laborales.

Ese sería el punto de arranque para salir de la crisis. Sin entrar en más detalles que harían prolijo este comentario, pienso que la reducción del déficit del sector público y el replanteamiento del papel de ese sector en la economía española serían puntos importantes del programa junto con una reforma progresista del sistema fiscal, una drástica reducción del intervencionismo estatal en lo que tiene de ineficaz y costoso y una especial atención a los conocidos focos de despilfarro. En cambio deben acometerse con interés preferente todas aquellas necesidades colectivas de infraestructura y equipamiento social, como son las de educación, sanidad, urbanismo, comunicaciones, defensa y mejora del medio ambiente que hoy se hacen patentes en una clamorosa demanda de millones de ciudadanos especialmente manifestada con angustiosa exigencia en los núcleos conurbanos de nuestras grandes capitales.

El programa económico para la democracia que se halla redactado en sus líneas generales como documento de trabajo no es utópico, ni dogmático. Es flexible, realista, pragmático y viable. Puede empezar a ser implantado desde mañana. Supone una filosofía distinta del papel del sector público, del propósito y contenido del crecimiento y desarrollo, y de los fines últimos de nuestra economía. Corresponderá a un modelo económico y democrático diferente del modelo desarrollista del crecimiento tecnocrático. Y tendrá que ser aprobado en una negociación generalizada sentándose a la mesa todos los sectores afectados por la crisis económica y social. Esta mesa redonda es urgente y ese acuerdo no admite demora. Sobre una economía en ruinas no se puede hacer una transición institucional estable ni levantar un Estado democrático moderno, fuerte y eficaz.

Pero ninguno de los males de nuestra economía con ser muchos y variados, son insolubles. Al contrario, puede afirmarse que con un programa realista y con una acción enérgica, el panorama económico-social de España puede volver a la normalidad antes de 1980.

En el artículo de José María de Areilza publicado ayer se deslizó un error en el titular, que debía decir «Garantizar las elecciones» en vez de «Generalizar las elecciones».