El caso "Madrid"

DESPUES DE permanecer cinco años en la cárcel por orden gubernativa, el preso es absuelto por la Justicia. El más alto tribunal decreta su liberación; a la salida de la cárcel le espera una sonriente comisión gubernativa con este mensaje: le indemnizaremos por la desagradable temporada que le hemos hecho pasar.Esta escena, de indudable sabor kafkiano, es la que acaba de producirse tras la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo por la que se declara nulo de pleno derecho el decreto que canceló, en 1971, el permiso de publicación del diario Madrid. No se trata aquí de una persona, sino de un periódico. No ha habido cárcel, sino su equivalente: el silencio forzoso, subrayado con la simbólica voladura del edificio del diario.

La historia es harto conocida, y vuelve hoy a la actualidad en los titulares de la prensa. En medio de una complicada lucha entre las distintas familias del franquismo, en plena descomposición del Régimen, un hombre y un equipo de periodistas se hacen con el periódico, con la hostilidad de los tecnócratas de Carrero, los falangistas, los autoritarios, de diverso signo. Rafael Calvo Serer, antiguo integrista y miembro activo del Opus Dei, entonces dominante en el Gobierno, emprende desde el diario conquistado por él la primera campaña ideológica para sustituir al franquismo, improrrogable a su entender después de Franco. La reacción no se hizo esperar: el almirante Carrero declaró la guerra total y decidió la pura y simple desaparición del Madrid. El agente de la liquidación fue el entonces ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, antiguo miembro de las Brigadas Internacionales y hermano del consiliario general del Opus Dei en España. La inscripción registral fue anulada, por orden del ministro, el 25 de noviembre de 1971. Calvo Serer iniciaría entonces una campaña de denuncia contra la arbitrariedad del sistema, que le llevó al procesamiento y al exilio, donde ha permanecido hasta este año.

¿Qué se deduce de toda esta historia? Varias cosas, pero algunas de urgente recordación.

En primer lugar, que la ley de Prensa debe ser abolida o seriamente transformada, a fin de que las sanciones de la Administración, máxime cuando son tan graves, no puedan ser efectivas hasta que exista una sentencia firme de los tribunales de Justicia.

En este, como en otros puntos, la ley de 1966 es rica en peligrosas lagunas, que dejan a los periódicos a merced de la incompetencia, el mal humor, el afán meritorio o la parcialidad de un ministro, circunstancias las cuatro que venían la coincidir infelizmente en el que decretó la suspensión del Madrid.

Ahora una elevadísima suma en concepto de daños y perjuicios será reembolsada a los titulares de las acciones del periódico dinamitado. ¿Pero es reparable el daño moral inferido a un periódico al que se fuerza a desaparecer durante un lustro? Y sobre todo, ¿quién indemnizará a los lectores, verdaderos propietarios del derecho a la información, que se vieron privados de la noche a la mañana de su periódico? Por último: ¿Quién cargará en cualquier caso con la indemnización al Madrid? Los paganos del estropicio seremos los contribuyentes españo les. ya que de nuestros bolsillos saldrá al final una cuantiosa cifra con la que compensar, al menos en parte, la irresponsabilidad de un ministro, al que ahora no cabe pedir ninguna suerte de responsabilidades. Eso sí, el ministro en cuestión y el director general de turno que llevaron a cabo tan brillante gestión, hoy ostentan: sendas presidencia de bancos del Estado. Sin ningún tipo de animadversión personal, hay que decir que ya está bien, caramba.