Sesenta mil vecinos apoyan la federación de sus asociaciones
«Renunciamos a celebrar la asamblea el domingo, pero se celebrará porque es necesario hacerlo», dijeron representantes de la comisión preparatoria para la celebración de este acto durante una rueda de prensa celebrada ayer.
«Los argumentos expuestos por el Gobierno Civil, a los que ya contestamos, obedecen a una postura política más que jurídica. Si la Federación de asociaciones está en trámites de legalización es porque no se ha aplicado la ley de 1964 en la forma prevista, va que los documentos aportados estaban en regla.»Durante esta rueda de prensa se informó de la reunión mantenida por los dos primeros firmantes de la solicitud de celebración de la asamblea, Antonio Villanueva y Cristina Sobrino, con el gobernador civil, Juan José Rosón. Durante esa reunión se estudiaron las causas que motivaron la suspensión y, según se informó en la rueda de prensa, el señor Rosón apuntó la posibilidad de iniciar inmediatamente las gestiones para una posible legalización de la Federación. En tanto éste hecho no se produzca, el Gobierno Civil no está dispuesto a aceptar una asamblea de entidades en trámite. También se discutió la forma en que se ha presentado la asamblea, a la que el señor Rosón añadió que una forma idónea habría sido que se hubieran celebrado asambleas en cada asociación hasta llegar a la asamblea.
Los representantes de la comisión dijeron al gobernador que ésta había sido la postura seguida en todas las asociaciones legalizadas, todas habían celebrado asamblea previa a la que se iba a realizar hoy, pero eso no se pudo hacer en las asociaciones en trámite porque su status legal no lo permitía y el Gobiemo Civil no dio permisos para ello.
En lo relativo a la legalización de estas asociaciones en trámite, el gobernador civil dijo que, una a una, iría estudiando los casos de todas aquellas que llevasen la documentación en regla para proceder a su legalización. Otro de los motivos apuntados por el gobernador Civil, según se informó en la rueda de prensa, fue que tenía conocimiento de discrepancias entre las asociaciones que deberían acudir a la asamblea en cuanto a la forma en que se había procedido.
41 adhesiones a la candidatura
Ciento diez asociaciones en total recibieron el documento al que se adjuntaba la candidatura propuesta por parte de los miembros de la comisión preparatoria. De ellas, diez son asociaciones de cabezas de familia, 33 asociaciones de vecinos legalizadas y 67 en trámite. De todas estas asociaciones se recibieron adhesiones a la Federación y a la asamblea en 91 casos y 41 se adhirieron a la candidatura propuesta por la comisión antes reseñada (ver EL PAIS 21 de octubre).El total de asociados a estas 91 asociaciones, que pagan sus cuotas mensuales, es de 61.851. «Hay que tener en cuenta, dijo Cristina Sobrino, que en todas las Asociaciones de Cabezas de Familia y muchas de las de Vecinos, sólo está asociado un miembro de la familia, generalmente el padre, pero que en un momento determinado de convocatoria podría contarse con el completo de cada familia, por lo que la cifra antes facilitada habría que multiplicarla por 4,5, que es la media nacional de número de personas en cada familia. También hay que considerar que más del 60% de las asociaciones están en trámites de legalización, lo cual supone que muchos vecinos no se adhieren a ellas por temor a integrarse en un organismo ilegal. Esta realidad es menor que en tiempos anteriores, sobre todo a comienzos del movimiento ciudadano, pero subsiste de forma importante».
Durante la entrevista, ya referida, entre el gobernador civil y dos miembros de la comisión preparatoria para la celebración de la asamblea, el señor Rosón dijo desconocer los trámites que se han llevado para la legalización de la Federación. No obstante los representantes dijeron que toda esa documentación obra en poder de Política Interior. Durante la rueda de prensa se informó ampliamente sobre este aspecto.
El 12 de febrero de 1975 se presentó en el Gobierno Civil de Madrid la documentación necesaria, junto con la solicitud dirigida al gobernador, para comenzar los trámites de legalización de la Federación. Las personas que firmaban aquella solicitud eran: José María Riojo, de Leganés; Antonio Villanueva, de San Blas; Maximiliano Puerro, de la Zaporra; Luis María López Aranguren, de Orcasitas; José Osuna, de Palomeras Sureste; Rafael Fernández, de Palomeras Altas; José Rivas, de Moratalaz; Pilar Lledó, de Alcalá de Henares; Idelfonso Sánchez, del Pozo del Tío Raimundo, José Villanueva, de Villa Rosa, y Arturo Vega, de la Concepción.
Esta solicitud, que fue denegada, se presentó nuevamente casi un año después, porque la comunicación de la Dirección General de Política Interior se produjo el 5 de diciembre de 1975. En ella se comunicaba que se denegaba el reconocimiento a la Federación. La nueva solicitud fue también denegada. Nuevamente se presentó solicitud de legalización el pasado mes de abril, en un recurso contencioso administrativo ante la sala cuarta del Tribunal Supremo.
Durante este tiempo fue clausurado el local de la Federación nonata, situado en la calle Francisco de Rojas, número nueve, por funcionarios de policía del distrito de Chamartín. Por este motivo se presentó ante el Juzgado de Instrucción una denuncia de los hechos, y presentó un interdicto de recobrar la posesión dirigido al Juzgado número uno donde esta diligencia, 37/75, sigue en trámite.
