Las medidas económicas se enfrentan con un marco institucional deficiente

Cualquier retroceso político, o la lentitud o adulteración del cambio, tendría indudables efectos negativos en la economía. Esta es la conclusión del último boletín de Información Comercial Española, editado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Comercio, sobre el reciente decreto-ley de medidas económicas y la actual transición política española.

La economía española está padeciendo en la presente coyuntura el agotamiento del modelo económico practicado por los sucesivos gobiernos desde principios de los años 60 y caracterizado por la deliberada insuficiencia del sistema impositivo, el raquitismo del sector público, las facilidades a la especulación, etcétera. La factura hay que pagarla ahora con la crisis de materias primas, la inflación sin controlar el desempleo difícilmente absorbible, la debilidad de la balanza de pagos y una de las distribuciones de renta más injustas de Europa occidental.Pero lo que destaca especialmente el órgano oficial del Ministerio de Comercio es que los problemas de coyuntura no sólo tienen raíz en el pasado, sino que la herencia consiste además en un aparato instrumental manifiestamente incapaz de dirigir la economía en cualquier circunstancia. Paradójicamente -señala ICE-, la coincidencia cronológica entre la crisis económica y la operación de transición política plantea la validez de que las profundas intervenciones quirúrgicas que requiere la economía española «puedan ser acometidas por personas e ideologías que acreditaron en el pasado su total incapacidad y falta de voluntad para realizarlas».

El principal efecto negativo de la lentitud o adulteración del cambio político sería un nuevo aplazamiento y posterior agravamiento de todos los problemas económicos. De ahí -recuerda ICE-, aquellos que pretenden anteponer imposibles soluciones económicas totales a transformaciones políticas no hacen más que hipotecar el futuro, porque ni los enfoques, ni los hombres del pasado sirven en el momento actual.

Para comprender el estrecho margen de maniobra con que se enfrentan las medidas coyuntura les adoptadas por el decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 8, es necesario repasar ciertos rasgos de este mar constitucional. La reactivación sostenida es inviable en una situación próxima a la hiperinflación. La contención de las presiones de los costes podría instrumentarse reduciendo las contribuciones empresariales a la Seguridad Social y 'los impuestos indirectos, limitando las alzas de salarios nominales y permitiendo la eliminación de excesos de plantillas. Pero es evidente, que estas medidas requieren profundas transformaciones de tipo fiscal, sindical y laboral, y, sobre todo, político.

Indudablemente, el primer y principal problema coyuntural es la inflación. Pero una estabilización tradicional- incurriría en importantes costes económicos, sociales y políticos. «Lo que exige la economía -señala ICE- es una estabilización con un saneamiento de mayor alcance, un avance institucional, y no una detención-».A todo ésto se apunta con mucha timidez en el decreto-ley de medidas económicas. Otorga prioridad a la reducción de la inflación, con la limitación de «no incidir negativamente en la reactivación».

En segundo lugar, el decreto comentado apunta ciertos problemas de fondo de la economía española. Por ejemplo, «se pretende combatir el fraude fiscal e intentar aumentar la recaudación, aunque con un menguado optimismo» -subraya el boletín de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Comercio.

Elevación de los derechos arancelarios

Información Comercial Española puntualiza -algunos aspectos del alcance de la medida arancelaria que incrementa durante seis meses, en un 20 por 100, los derechos de normal aplicación del arancel de aduanas.Es obvio que el Gobierno al aprobar el decreto sobre medidas económicas ha tomado dos opciones de política económica en los que se refiere al déficit de la balanza comercial. Primero, actuar sobre las importaciones tratando de desalentarlas y contener su crecimiento. Segundo, actuar a través del arancel, desechando otras posibles medidas como la contingentación o el establecimiento de un depósito previo. Esta última medida, de carácter fundamentalmente monetario, sólo encajaría en un conjunto de medidas de estabilización, detrayendo liquidez al sistema, lo que influiría negativamente en la reactivación que no se quiere detener.

El artículo de ICE defiende la oportunidad de la medida, en especial por las excepciones que establece el propio decreto a la subida arancelaria.